Perú
Caída de respaldo al presidente y tensiones sociales en aumento.

Una nueva caída de la aprobación ciudadana del presidente Alan García y crecientes tensiones y conflictos sociales, marcaron el rostro noticioso de Perú en la semana que termina.

Prensa Latina, Lima, 28 junio de 2008.

El panorama tiene también como nota destacada las repercusiones de la "directiva de retorno" de la Unión Europea, que dispone la deportación o encarcelamiento de los inmigrantes ilegales, entre estos cientos de miles de peruanos.

Un mes después que el jefe de Estado celebrara con alborozo un repunte de nueve puntos en su popularidad, un sondeo de la empresa Ipsos Captura verificó que el aval ciudadano a su gestión había caído de 35 a 30 por ciento.

El malestar ciudadano, que se había expresado hasta la semana anterior en una huelga general de la sureña región de Moquegua que el gobierno no pudo terminar mediante la represión, se manifestó por otra parte con la ratificación de un paro nacional para el 9 de julio.

El paro, contra la política económica y social gubeernamental de corte neoliberal, es organizado por la Coordinadora Política y Social, un bloque de partidos y agrupaciones populares encabezados por la Confederación General de Trabajadores (CGTP).

La medida fue anunciada en mayo pasado y el gobierno trató de desacreditarla esta semana con el argumento de que se trata de una maniobra política de fuerzas comunistas que pretenden aprovechar el malestar causado por alzas de precios de origen internacional.

Al mismo tiempo, el primer ministro Jorge del Castillo convocó a la CGTP y otras centrales sindicales a un diálogo sobre los reclamos del paro, a fin de impedir la medida.

La CGTP condicionó su asistencia a que participen el presidente García, todos los ministros, el presidente del Congreso y los gobernadores regionales, para que los eventuales acuerdos se conviertan de inmediato en decisiones oficiales.

Al no atenderse su reclamo, la CGTP no asistió y Del Castillo solamente se reunió con agrupaciones minoritarias, principalmente la oficialista Confederación de Trabajadores de Perú (CTP).

Como preliminares del paro del 9 de julio, durante la semana hubo además paros o marchas de médicos, trabajadores de la educación y estudiantes y profesores universitarios, por diversas demandas.

La tensión social registró también una visita del presidente García al sur del país, en la que criticó lo que considera ineficiencia de la mitad de los presidentes regionales (gobernadores) para gastar los fondos que les asigna el gobierno y hacer obras públicas.

En un territorio en el que solamente tiene el respaldo del siete por ciento de los ciudadanos, García dijo que estos deben ir a las casas de los gobernadores a exigirles obras, en lugar de presionar al ejecutivo, lo que motivó críticas de los gobiernos regionales y de diversos comentaristas.

En el acontecer peruano destacó también el impacto de la "directiva de retorno", criticada por el presidente García, quien la calificó de injusta y poco cristiana, pese a que antes había reconocido el derecho de los europeos a deportar indocumentados.

La decisión europea motivó una reunión de urgencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), a pedido de Perú, cita que decidió enviar una misión al Parlamento Europeo para que reconsidere la medida.

El gobierno optó por gestionar en ese ámbito que los gobiernos europeos no apliquen en todos sus extremos la medida y al menos otorguen un plazo para la regularización de los indocumentados.

En esa vía, el ejecutivo desestimó una acción regional más drástica contra la norma discriminatoria, que puede provocar una grave crisis social y económica, con el retorno masiva de peruanos emigrados en busca de empleo.

La "directiva de retorno" fue además condenada por una manifestación de jóvenes ante la Embajada de la Unión Europea en Lima.