Perú y la retórica de los buenos propósitos

Por Marta Caravantes

El próximo agosto, Alejandro Toledo cumplirá dos años en el poder como presidente de Perú. A pesar de los esfuerzos emprendidos en materia de derechos humanos, el país andino aún no ha superado la herencia violenta de un pasado sin resolver. El legado de Fujimori es una sombra demasiado espesa, difícil de desmantelar en un país donde las fuerzas de seguridad del Estado son una amenaza para los ciudadanos y el sistema judicial vive sumergido en una crisis endémica.

Los graves excesos de la política de detenciones generalizadas llevadas a cabo por Fujimori todavía no han sido resueltos. Entre 1992 y 2000 fueron detenidas por "cargos de terrorismo" 21.855 personas. Más de 6.000 tuvieron que ser liberadas por falta de pruebas y, de las restantes, más del 65 por ciento fueron absueltas por los tribunales en 1999. Cientos de personas permanecen aún en prisión a la espera de que su caso sea revisado.

Fujimori no dudó en llenar las cárceles de personas inocentes en su afán por convencer a la sociedad peruana de la eficacia de su estrategia contra los grupos insurgentes. Para ello, impuso una "legislación terrorista" que se saltaba sin rubor las normas internacionales y que vulneraba el derecho de los ciudadanos a un juicio justo (entre otras cosas negaba el habeas corpus, que garantiza la inocencia de toda persona mientras no se demuestre lo contrario). La definición tan imprecisa de "delitos de terrorismo" que recogía la legislación de Fujimori fue utilizada por las fuerzas de seguridad del Estado para tomar represalias contra grupos izquierdistas, periodistas, víctimas de violaciones de derechos humanos y familias de éstas que pedían justicia. La mayoría de los detenidos provenían de zonas rurales y humildes (indígenas, campesinos, obreros, estudiantes universitarios de clase baja), con pocos conocimientos en leyes, por lo que los abusos se podían multiplicar sin gran trascendencia. Fujimori, atendiendo a las leyes de un mundo basado en la apariencia, creó un sistema de propaganda basado en las espectaculares cifras de detenidos por terrorismo, escondiendo tras el dato la siempre sutil estrategia del terrorismo de Estado. Por si fuera poco, hizo desfilar ante las cámaras de televisión a los sospechosos de terrorismo vestidos con los típicos trajes a rayas de los reclusos. Las imágenes del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, encerrado en una jaula, dieron la vuelta al mundo. Pero detrás de esa pantomima se escondía la tragedia anónima de miles de personas separadas de sus familias, golpeadas, torturadas y encarceladas. Naciones Unidas reconoce que "los Gobiernos tienen el deber de combatir el terrorismo", pero "las medidas que se adopten con este fin no deben menoscabar el disfrute de los derechos fundamentales". En Perú los derechos se menoscabaron con creces, y sus consecuencias todavía laten en las cárceles peruanas con nombres y apellidos. Aún permanecen encarcelados miles de presos políticos y decenas de presos de conciencia. Como constata el último informe de Amnistía Internacional sobre el país andino, "la legislación antiterrorista y sus efectos todavía son una asignatura pendiente", dado que miles de personas a las que no se las concedió un juicio justo aún permanecen en prisión. Son los llamados "presos inocentes" para los que Amnistía ha solicitado reiteradamente al gobierno peruano su inmediata puesta en libertad.

Alejandro Toledo creó a su llegada al poder la Comisión de Indulto; sin embargo, el proceso de revisión de casos y liberación de personas inocentes es inaceptablemente lento, y los recursos y el número de abogados asignados se han limitado de forma gradual. Todavía hay 1.800 casos pendientes de revisión. La inoperancia e ineficacia del sistema judicial son escandalosas. En un país con más de 26 millones de habitantes, sólo hay 260 abogados de oficio. El presidente de la Corte Superior de Lima, Sergio Salas Villalobos, ha denunciado las enormes carencias en el presupuesto del Poder Judicial que impiden que los jueces cumplan con su trabajo de manera eficiente. "La crisis no se puede ocultar porque incluso a los juzgados les falta lo mínimo indispensable como papel, tinta para las fotocopiadoras e impresoras", asegura. Y no sólo faltan recursos; los engranajes judiciales están oxidados y muchas leyes siguen sin adaptarse a la legislación internacional. Los ciudadanos viven atrapados en procesos interminables que ofrecen escasas opciones a que se ejerza la justicia y la reparación debida a las víctimas. Amnistía Internacional afirma que es "sumamente preocupante que desde que la tortura fuera declarada ilegal desde 1998, sólo en dos casos los perpetradores han sido condenados". Además, la tortura se sigue practicando hoy en día con impunidad. Amnistía tiene constatado por parte de policías, funcionarios de prisiones y militares la aplicación de choques eléctricos, asfixias, golpizas, abusos sexuales y suspensión del suministro de alimentos.

Perú aún se encuentra en un importante proceso de transición hacia una democracia que garantice libertades y derechos, especialmente de los más vulnerables. Alejandro Toledo ha tejido una política a base de promesas, y lleva suficiente tiempo en el poder para haber dado cuenta de ellas. Sin embargo, parece preferir, como la mayoría de los políticos, la retórica de los buenos propósitos, al compromiso real por construir un país a la medida de las necesidades de sus ciudadanos.