Paramilitares protegen multinacionales extranjeras en el Santuario Tabaconas-Namballe de Perú para

Todos los lectores recordarán la larga lucha del pueblo de Tambogrande por su vida y su dignidad. Hace cuatro meses, por fin, gracias a una decisión del Ministerio de Energía y Minas, la empresa Manhattan se vio obligada a terminar sus pretensiones de arrasar con uno de los valles más productivos del Perú.

Por Wilfredo Ardito Vega
21 de mayo del 2004

Actualmente, sin embargo, nuevamente Piura se ve convulsionada por un conflicto social originado por una empresa minera canadiense, ubicada en la frontera con Ecuador, donde la Constitución impide que operen empresas extranjeras. Se trata esta vez de la empresa Majaz, que se ubica en la provincia de Huancabamba, en la sierra de Piura. Majaz tiene además un helipuerto en la vecina provincia de San Ignacio, que corresponde a Cajamarca. En San Ignacio opera también la inglesa IMP, perteneciente a Monterrico Metals, que tiene en concesión parte del Santuario Tabaconas-Namballe, un área ecológicamente protegida. Allí se refugian algunos de los últimos osos de anteojos y el casi extinguido tapir de altura. La extrema fragilidad de esta área había hecho que, hasta hace poco tiempo, se había dispuesto su ampliación.

Sin embargo, aunque ya son bastante graves los daños que IMP genera por operar en la zona de amortiguamiento del santuario, la acusación más grave en su contra, es la formación de una especie de "comité de autodefensa", es decir el reclutamiento de campesinos pobres para usarlos como protección frente a los ronderos que se oponen a los daños ambientales. Lo más grave es que se acusa a las Fuerzas Armadas de haber entregado armas a los integrantes de este supuesto grupo paramilitar.

La situación de Majaz no es menos complicada: a mediados de abril, la coordinadora de rondas campesinas de Huancabamba anunció una masiva marcha hacia el campamento de Majaz para pedir que se retire. El campamento se encuentra a 10 horas a pie de Huancabamba, pero miles de campesinos aceptaron el desafío. Por el lado de San Ignacio, otros millares de ronderos se dirigieron hacia el helipuerto de Namballe, que carece de licencia municipal para operar.

Majaz solicitó la inmediata intervención policial para proteger sus ilegales instalaciones y la obtuvo de manera inmediata. Los habitantes de Huancabamba y San Ignacio difícilmente olvidarán los grandes contingentes policiales que llegaron hacia ambas provincias, no para darles seguridad a ellos, sino para tratarlos como si fueran criminales. De esta forma, quedó trunca para el futuro la posibilidad de que ronderos y policías trabajaran juntos enfrentando a la delincuencia.

¿Qué ocurrió en las lejanas alturas de Huancabamba y San Ignacio? Hay versiones que los campesinos ocuparon el helipuerto y que varias ronderas fueron empujadas contra unos cables de alta tensión. Mientras varios sacerdotes sostienen que los campesinos estaban desarmados, la empresa y los policías afirman que estaban armados hasta los dientes, ebrios y enardecidos. Los informes coinciden en que la policía arrojó bombas lacrimógenas a los ronderos. Ellos sostienen que el rondero Reemberto Herrera falleció por el impacto en el rostro de una bomba lacrimógena. En ocasiones anteriores, casos similares han sido mencionados por Ideele Mail. La versión oficial es que el señor Herrera cayó a un barranco, mientras se tambaleaba embriagado.

En todo caso, la reacción nacional por su muerte ha sido absolutamente distinta a aquella que suscitó el caso de Cirilo Robles. No hay clamor en la prensa y en el Congreso nadie solicita investigar lo sucedido. Sin embargo, en Huancabamba hay mucha indignación hacia la policía, especialmente porque el culpable habría sido reconocido en la zona.

En medio de este conflicto social, la semana pasada, los obispos de Piura, Chulucanas y Jaén se reunieron en Chiclayo para tomar una difícil decisión: solicitar, en un pronunciamiento conjunto, que se dejen sin efecto las concesiones mineras en sus tres jurisdicciones. Los obispos están muy preocupados por el clima de conmoción social que las empresas IMP y Majaz han creado. Además tienen el ejemplo de Costa Rica cuyo gobierno hace 3 años prohibió toda explotación minera de tajo abierto en su territorio, dada la imposibilidad de limitar los daños ambientales que produce dicha actividad. La actividad minera era una directa amenaza contra el ecosistema de ese país, que es una importante fuente de divisas. Una política ambiental seria podría hacer que muchos turistas acudieran a apreciar el Santuario Tabaconas-Namballe, mejorándose de esta forma las condiciones de vida de la población. En este caso, sin embargo, los ronderos aseguran que ya ha comenzado una impresionante deforestación en la zona.

Entretanto, la empresa Majaz ha denunciado a través de un allegado suyo a sacerdotes, agentes pastorales y líderes ronderos que no estaban en el lugar, por delitos contra el patrimonio. A la empresa le habría convenido mejores asesores, porque ha demostrado a piuranos y cajamarquinos que carece de escrúpulos, haciendo que inclusive Manhattan o Lucchetti parezcan un ejemplo de diplomacia. Además, el Ministerio Público desestimó la descabellada denuncia y ahora procederá a investigar la muerte de Herrera.

El Ministro de Energía y Minas sostiene que si el Perú desea ser un país minero, debe asumir las consecuencias. En Huancabamba. Jaén y San Ignacio, la Iglesia, los alcaldes, las rondas y las demás autoridades han dicho en todos los tonos que no desean empresas mineras en su territorio. Los ronderos han preferido quemar los útiles escolares que Majaz les había donado para sus hijos, en total rechazo frente a la empresa. Es posible imponer la explotación minera por la fuerza... pero, ¿eso es lo que quiere realmente el Ministro?