Otra manera de acallar a la oposición política de Colombia

DENUNCIAN A GUSTAVO PETRO ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

En la edición No 496 de la Revista CAMBIO, Diciembre 23 de 2002, página 28 y bajo el título "El cañazo de Petro", se da a conocer que " La Fiscalía, después de una investigación del CTI, .... decidió acusar al exguerrillero del M 19 por abuso de autoridad y revelación indebida de secretos" por lo que "Petro puede enfrentar cargos que, según el código penal, van desde la suspensión del cargo hasta cumplir una condena de uno a tres años". Según CAMBIO, la Fiscalía "envió copia de su investigación a la Corte Suprema de Justicia para que determine si el Representante violó la Ley al revelar documentos oficiales que debían mantenerse en reserva", todo ello enmarcado bajo "un plan para desprestigiar, sin pruebas, al ente judicial".

De ser cierta la noticia, estaríamos asistiendo a un nuevo capítulo en la larga historia de supresión y acallamiento de la oposición política, esta vez por la vía jurídica, en Colombia. Gustavo Petro, Representante a la Cámara por Bogotá a nombre del Polo Democrático, miembro del Movimiento 19 de Abril, M 19, organización guerrillera que firmó la paz con el Estado Colombiano en 1990, ha hecho públicas denuncias serias y sustentadas con pruebas, sobre actuaciones indebidas de funcionarios de la Fiscalía General de la República y sus nexos con los llamados grupos paramilitares de derecha, el mayor grupo armado responsable de violaciones de derechos humanos en el país junto a la guerrilla.

Dos meses atrás, Gustavo Petro dio a conocer un listado con nombres, teléfonos y direcciones tanto de funcionarios de la Fiscalía como de miembros de los grupos paramilitares y sus posibles nexos, elaborado por Richard Maok Riaño Bottía, exfuncionario del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI de la Fiscalía, quien a partir de la elaboración de dicho informe fue relevado de sus funciones y mas tarde retirado de la Fiscalía, después de ser objeto de allanamientos tanto él como sus familiares y amigos. Riaño Bottía tomó finalmente, igual que miles de Colombianos, el camino del exilio como única forma de preservar su vida.

En un sentido igual se pronunció recientemente la ONG Human Rights Watch, ( www.hrw.org ) , quien en el informe titulado " Un giro equivocado ", menciona en forma central el "patrón de conducta" seguido por el Fiscal Luis Camilo Osorio, corroborando que los cambios suscitados en las investigaciones determinaron en gran escala el nivel de impunidad en los actos cometidos por los paramilitares y sus aliados, y que los investigadores removidos terminaron o amenazados o exiliados, o se encuentran a punto de estarlo sin protección alguna del Gobierno Nacional. Las preclusiones y exoneraciones impartidas a procesos o a individuos son contraevidentes si se examina el gran material probatorio que obra en cada proceso.

Los nuevos investigadores nombrados por el fiscal Luis Camilo Osorio actuaron para poner en libertad o para exonerar a personas afines al paramilitarismo fuertemente implicados en crímenes contra la humanidad con pruebas que son irrefutables.. En este caso, como en las denuncias hechas por Petro, el Fiscal Osorio, quien funge como Fiscal desde mediados del 2001, ha hecho caso omiso y por el contrario, ha planteado una persecución contra el ente judicial , sin entrar a realizar una investigación seria y profunda en el organismo a su cargo que desmienta o ratifique las acusaciones realizadas.

En el caso de Gustavo Petro, este advirtió en su momento sobre la inconveniencia de la elección de Osorio como Fiscal General teniendo en cuenta sus relaciones de amistad y profesionales de mucho tiempo con el Presidente de la República, (Andrés Pastrana), quien según la Constitución Política de 1991, escoge al Fiscal de una terna enviada por las Altas Cortes. Es de recordar que Petro adelantó debates en la Cámara de Representantes sobre la oscura liquidación de los bancos Pacífico y Andino, defraudación en la cual aparecen comprometidos altos funcionarios y amigos personales del hoy exPresidente Pastrana. La investigación no ha surtido efecto alguno bajo la dirección del Fiscal Osorio y se teme sobre la pérdida de casi U$ 200 millones del erario público.

Así mismo, en el debate sobre la defraudación a miles de pequeños ahorradores por parte del Sindicato Antioqueño en la compra del Banco de Colombia, Petro advirtió sobre la ilegalidad e inhabilidad de Osorio para adelantar la investigación pues la esposa de este, Luz Stella Villegas, es una alta ejecutiva del Sindicato Antioqueño, el mayor financista de la campaña Presidencial de Pastrana.

– De otra parte, Petro denunció un plan de los paramilitares para atentar contra su vida. En Diciembre de 2001 fue detenido el encargado del atentado, un sujeto cercano al líder de los paramilitares Carlos Castaño y hoy se encuentra en prisión, desde donde ha intentado fugarse apelando al soborno. Todo ello se ha conocido por investigaciones adelantadas por el mismo Petro y en las cuales la Fiscalía no ha prestado ninguna colaboración. A raíz de estos hechos Petro goza de medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, medidas que intentó frustradamente levantar el Fiscal Luis Camilo Osorio. A partir de las denuncias hechas por el Congresista, se ha pretendido, a través de cuestionarios enviados desde la Fiscalía, desconocer la gravedad de las denuncias y desviar el camino adonde realmente se deben dirigir las investigaciones : el corazón mismo de la Fiscalía.

La nota de CAMBIO tiene razón en algo : De acusador, Petro ha pasado a acusado. Ello no tiene nada de raro en un país donde a la oposición política al centenario bipartidismo solo se le permite el exilio o el silencio de los sepulcros. Próximamente la Corte Suprema de Justicia deberá considerar si los elementos aportados por la Fiscalía son suficientes para abrirle un proceso a Petro o por el contrario archiva la denuncia.

De todas maneras, la intención de acallar a la oposición política, en este caso a quien se ha destacado no solo por denuncias de corrupción de cuello blanco sino por su ataque frontal a las equivocadas políticas económicas y sociales desarrolladas por los Gobiernos de Pastrana y Uribe, debe llamar la atención de la opinión pública nacional e internacional sobre los oscuros manejos que el poder político y económico hace de un país consumido por la pobreza y la guerra y donde la Democracia formal de la que tanto presumen no resiste un cuestionamiento hacia uno de sus pilares : la Justicia, realizado por quien dejó las armas para buscar los favores de la Paz y la Democracia misma.