Oposición intenta impedir reelección de Lula

El episodio de ayer, cuando los parlamentarios oficialistas pretendían modificar algunos puntos del informe final de esa Comisión, debe encuadrarse en un contexto con dos variables ineludibles. La primera es la ya lanzada campaña electoral, con la derecha dispuesta a todo para evitar la reelección de un Lula que mantiene un gran consenso popular. La segunda, el apoyo que los grandes medios nacionales brasileños conceden a cualquier candidato de derecha que se oponga a Lula, en particular si pertenece al PSDB, el partido del ex presidente socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso.

La máxima aspiración de la oposición es conseguir poner a Lula en el banquillo de los acusados y llevarlo a juicio político. Pero para lograrlo, a todo el arco que va del centro a la derecha política le hace falta algo más que un montaje de denuncias y la exposición sin fin de denunciantes de creciente credibilidad.

Desde el mismo comienzo, los ataques fueron directamente al corazón del Gobierno, el Partido de los Trabajadores, y, el año pasado, se consiguió la destitución e inhabilitación política del ex ministro José Dirceu, uno de los fundadores del PT y hombre clave para la llegada de Lula al Planalto. Ahora se ha producido otra baja importante, pues el, hasta hace unos días, jefe del equipo económico del Gobierno, Antonio Palocci, se vio obligado a renunciar cercado por denuncias, tampoco probadas, de desvíos de fondos en la época en que fue intendente de una ciudad en el interior de Sao Paulo, en el año 2001.

El diario Folha de São Paulo, el de mayor circulación de Brasil, comenzó a utilizar un título particularmente llamativo para las noticias sobre el tema : "Cerco". En las notas se revela todo tipo de denuncias contra el Gobierno, sin importar que se refiera a Lula o a un empleado que trabaje en la casa de algún funcionario gubernamental. La idea de un Lula "cercado", "acorralado", es la que más se intenta destacar en los grandes medios, en particular en la prensa escrita.

No son nada novedosas la posición de la prensa con respecto al Gobierno, ni su clara preferencia por los candidatos y gobiernos de la derecha neoliberal representada por el Partido Socialdemócrata, que gobernó Brasil durante dos períodos anteriores a la llegada de Lula. El PSDB ya lanzó la candidatura de Gerardo Alckimin, gobernador de Sao Paulo, quien acaba de renunciar a su cargo para participar en la campaña. Designado a dedo, debido a que este partido no tiene elecciones internas, el poco carismático Alckimin es un mal contrincante para enfrentarse a Lula, y muchos miembros del partido socialdemócrata no están muy felices con la decisión. En consecuencia, el desafío para la prensa será aún mayor, y deberá esforzarse arduamente para levantar a un candidato con escasa o nula raigambre popular, que desata resistencia incluso dentro de sus propias filas. Un aspirante que debe enfrentarse a Lula, quien, a pesar de no haber lanzado su candidatura oficialmente, ya consiguió retomar el primer lugar en las encuestas.

Para desesperación de la derecha y de sus propagandistas, la crisis no alcanza a salpicar a Lula suficientemente como para sacarlo del camino de la forma humillante que les agradaría. El Partido de los Trabajadores tiene muchas cosas que explicar a sus seguidores y está pagando seguramente pecados cometidos, pero sus pecados no son ni diferentes ni peores a los de los partidos y dirigentes de la oposición.

Ése es uno de los motivos por los cuales la votación de ayer, sobre el informe final de la CPI, ganó tanta prensa y difusión. Una de las enmiendas propuestas por el PT era eliminar de la versión final la palabra "Mensalón", que es como se conoce el esquema por el cual algunos diputados y senadores recibían dinero no declarado. Esa palabra, además, implica que los fondos provenían del circuito público, y que se pagaban para sobornar parlamentarios a cambio de su voto a favor de leyes propuestas por el Gobierno. Pero, justamente eso es lo que la oposición no consigue probar, y, hasta ahora, sólo se han presentado denuncias sin pruebas.

El PT reconoce los pagos de dinero, pero asegura que no provienen de fondos públicos, sino de lo que en Brasil se conoce como la "caja dos", una caja paralela en la que van a parar los fondos de campaña no declarados de procedencia particular. Lo que sucede es que esa práctica, aunque ilegal, es común entre todos los partidos políticos y no fue inventada por el PT.

Por otro lado, tampoco se ha demostrado que los sobornos se hayan pagado para lograr la aprobación de leyes. A este respecto, la propia CPI menciona el esquema como de "supuestos" sobornos. El PT afirma, en cambio, que se trataba dinero para pagar deudas de campaña a sus aliados en el Congreso.

Históricamente, el PT denunció y combatió esa práctica en los otros partidos, razón por la cual el reconocimiento constituye un fuerte choque para quienes confiaron en esa postura ética. Sin embargo, lejos está de ser motivo suficiente para enjuiciar políticamente al Gobierno. El informe de la CPI, finalmente votado como pretendía la oposición, que negó al PT la posibilidad de al menos formular posteriormente algunas salvedades, no demuestra nada de lo que gran parte de la prensa pretende mostrar como evidencia irrefutable.

Radio Nederland. Holanda, 6 de marzo de 2006