Opinión sobre la democracia y el referendo revocatorio en Venezuela

Por Margarita López Maya y Luis E. Lander
Washington, 19 de mayo de 2004

Como es bien conocido, los últimos años en Venezuela han sido turbulentos. Nuestra democracia ha sobrevivido a un golpe de Estado, un paro petrolero que devastó la economía y más recientemente a diversas acciones colectivas violentas como la ’operación guarimba’ de fines de febrero. Ahora el presidente Chávez se enfrenta a un nuevo reto : las gestiones que viene desarrollando la oposición venezolana para convocar a un referendo revocatorio. Si bien en este caso estamos ante un procedimiento que se acoge a las normas constitucionales, y es por lo tanto legítimo, está siendo minado por una campaña mediática y política internacional que busca deslegitimar el proceso legal y constitucional que se viene desarrollando.

Con la aprobación en 1999 de una nueva constitución, Venezuela es el único país de América Latina en el cual sus ciudadanos tienen la facultad, cumpliendo con determinados requisitos, de revocarle el mandato a cualquiera de sus funcionarios públicos electos, incluyendo al Presidente. Este nuevo derecho es resultado de una sentida aspiración por la ampliación de los espacios de participación que permitiera ensanchar y profundizar la democracia.

Luego de un fallido golpe de Estado y un derrotado paro petrolero que procuraron derrocar al presidente Chávez por vías extra constitucionales, sectores mayoritarios de la oposición política han venido concentrando sus esfuerzos en alcanzar, a toda costa, la realización de un referendo revocatorio presidecial. Para la conquista de este objetivo en no pocas ocasiones esos sectores se han colocado en el umbral que separa lo legal de lo ilegal, creando además, gracias al masivo apoyo de los principales medios privados de comunicación, una matriz de opinión que exitosamente ha terminado por confundir a la opinión pública nacional e internacional. Según esta matriz de opinión, es el gobierno quien se coloca continuamente fuera de la ley obstaculizando y en definitiva impidiendo que los venezolanos ejerzan su legítimo derecho al referendo revocatorio.

Pese a las intensas tensiones y conflictos característicos de la honda polarización política que vive la Venezuela actual, hasta la fecha todo el proceso del revocatorio se ha desarrollado dentro de las pautas contempladas por la normativa vigente. En el segundo semestre del 2003 fueron designados los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), poder público responsable de conducir los procesos electorales en el país. Esas designaciones fueron reconocidas y bien recibidas tanto por las organizaciones simpatizantes del gobierno, como por las de la ’Coordinadora Democrática’ que agrupa a las fuerzas de oposición. Siendo el referendo un mecanismo de democracia participativa inédito, entre las primeras tareas que tuvo que cumplir el CNE fue la elaboración de un reglamento que pautara los procedimientos que permitiesen su implementación. También contó este reglamento, aprobado por unanimidad, con un muy amplio respaldo de las partes.

La recolección de firmas para solicitar los referendos revocatorios de diputados y del Presidente se realizaron en dos fines de semana consecutivos, entre noviembre y diciembre, en sana paz. Las firmas para el referendo presidencial fueron entregadas con retraso. Lo que se suponía que se haría en días, terminó demorándose tres semanas, coincidiendo con las festividades navideñas. Cuando le correspondió al CNE comenzar a ejercer sus funciones de árbitro se desencadenaron los problemas.

En el reglamento aprobado quedó claro que cada solicitante debía, de su puño y letra, completar sus datos. También establecía los casos excepcionales en los cuales el solicitante podía ser asistido y que en tal situación, debía colocarse una nota. Esto fue publicitado tanto por el mismo CNE, como por la organización Súmate, encargada por la CD de las actividades en torno a la recolección de firmas. Sin embargo, al revisar el CNE las firmas entregadas, se encontró con decenas de miles de datos y firmas de caligrafía similar sin nota alguna. Esta situación se presentó tanto en las firmas recogidas para el referendo presidencial como para los referendos de diputados oficialistas o de oposición.

En estricto apego a lo estipulado por el reglamento, el CNE hubiese debido eliminar la totalidad de datos y firmas de caligrafía similar, cosa que fue pedida por las organizaciones que apoyan al gobierno. El CNE, sin embargo, optó por una solución más salomónica. Las firmas fueron agrupadas en tres categorías : Aprobadas, rechazadas y en observación. Para estas últimas se diseñó un proceso de ratificación o ’reparo’. Este proceso, luego de muchas presiones y turbulencias, terminó siendo acordado por los principales actores, contando con el respaldo del Centro Carter y de la OEA. Tendrá lugar a fines de este mes de mayo y estará bajo el control directo del CNE.

El resultado de este nuevo proceso todavía es incierto. Es posible que terminen siendo validadas el número necesario de firmas, algo más de 2.400.000, con lo cual el CNE llamará a la realización del referendo revocatorio presidencial, que se efectuaría en agosto de este año. Pero también es posible que el número de solicitantes no sea alcanzado. En este caso, más del 80% de los venezolanos inscritos en el registro electoral estarían manifestando que no tienen interés en que el referendo se lleve a cabo. Las instituciones democráticas requieren para su buen funcionamiento, y para la pervivencia del sistema democrático mismo, que sus decisiones sean acatadas por todos, independientemente de que nos sean o no favorables. En democracia a veces se gana y otras se pierde. Los venezolanos esperamos que quien no sea favorecido por el fallo del árbitro lo respete.

En inglés :

Opinión
DEMOCRACY AND THE RECALL REFERENDUM IN VENEZUELA
Por : Margarita López Maya - Luis E. Lander (Fecha publicación:25/05/2004)
Información Adicional
Tema : Venezuela tras la aventura golpista
País/es : Venezuela

Versión en español

Washington, DC, 19 May 2004

The last few years have been turbulent for Venezuela. Our populist president, Hugo Chavez, has survived a military coup d’etat, faced a management-led oil strike that crippled our economy, and is now facing a recall campaign from his political opponents. But perhaps the biggest threat to democracy in Venezuela stems from an international public relations campaign that seeks to de-legitimate the legal and constitutional process that is currently under way in our country.

In 1999, with the approval of a new Constitution, Venezuela became the only country in Latin America to grant citizens the right to recall an elected official. This new right, supported by President Chavez, was part of an overall expansion of democratic rights for Venezuelans, many of whom felt left out of the political process in the past.

Despite the tense political polarization that has swept across our country, the recall process has largely proceeded peacefully, adhering to the rules agreed upon at the outset. Last year, officials appointed to the National Electoral Council (CNE, its Spanish acronym) by our Supreme Court were well received by both government supporters and leaders of the opposition. There was also little controversy over the rules established to govern the referendum process, which were unanimously approved by CNE directors and widely supported by all sides.

The Presidential recall process began with the collection of signatures requesting a referendum. The first problem arose last winter when petition gatherers delayed three weeks before submitting the signed petitions — just before the Christmas holidays — rather than turning them in within days as promised. This delayed the schedule of the whole process.

The second and more serious problem was that more than 800,000 signers did not fill out their own petitions. This was in clear violation of a rule requiring all signers to print their own name and other information on the petitions. This rule also exists in California and other U.S. states, and is designed to prevent fraud. It was well-publicized in advance not only by the CNE, but also by the opposition, with television commercials.

Had the CNE followed the letter of the law, these signatures could have been immediately invalidated, stopping the recall campaign in its tracks. Instead, the CNE opted for a more conciliatory solution agreed to by the government and opposition, and endorsed by international observers from the Carter Center and the Organization of American States. The so-called ’repair’ process will allow time for citizens to verify the signatures that were called into question.

But now some opposition leaders, together with US government officials and politicians, have said that there should be a referendum no matter what the outcome of the signature verification process. They have declared, without offering any evidence, that President Chavez is depriving Venezuelans of their right to a recall referendum.

They have also maintained that the failure to hold a referendum will cause a terrible political crisis. But this is not true. The vast majority of Venezuelans, regardless of their political views, are law-abiding citizens who will respect outcome of the signature verification process.

When the CNE decided in March that signatures which were in violation of the rules would have to be reaffirmed, less than 1000 people in the whole country took to the streets in protest. Some burned tires and rioted, or carried guns and fired at the National Guard and other citizens. These actions and images created an impression of instability far greater than existed. Similar events could occur if the opposition fails to affirm the necessary signatures this month. But that would not be a serious political crisis, nor should it be allowed to undermine the constitutional process.

At this point, the result of the repair process remains uncertain. It is possible that the requisite 2.4 million signatures, 20% of all voters, will indeed be validated later this month, at which point the CNE will convene a presidential recall referendum in August of this year. But it is also possible that the signature threshold will not be met, and in this case the will of more than 80% of the voters should also be respected.

In order to function smoothly and sustainably, democratic institutions require that the process be respected by all parties, independent of whether they are happy with the outcome. We Venezuelans hope that whomever is not favored by the CNE’s decision, will nonetheless accept the decision, for the sake of our democracy.

Margarita López Maya, Ph.D., is a Professor at the Center for Development Studies at the Central University of Venezuela, Caracas. Luis E. Lander, is a Professor with the Faculty of Economic and Social Sciences at the Central University of Venezuela, Caracas. They have authored a number of articles and books on contemporary Venezuela and Latin America.