Portada del sitio > Los Primos > Chile > Naciones Unidas apoya la aplicación de un royalty para Chile
Por Claudia Loyola M.
Mundo Posible, 5 de mayo del 2004
Jorge Lavandero, senador Demócrata Cristiano (DC), dijo que la idea de establecer un royalty en Chile, esta respaldada por una resolución de las Naciones Unidas (ONU), que fue pactada en 1962 y que establece el reconocimiento de la soberanía de los países sobre sus riquezas y recursos naturales.
El parlamentario explicó que el decreto, explicita claramente ’que las empresas deben ceñirse a las normas internas de cada país, y que la soberanía que tienen éstos sobre sus recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado’.
Lavanderos, quien es presidente de la comisión especial del Senado que estudia la tributación de las empresas mineras, añadió que el escrito aclara que ’tanto la exploración, el desarrollo, la disposición de los recursos y la importación de capital extranjero, deberán adecuarse a las reglas que los países consideren necesarios o deseables para autorizar, limitar o prohibir dichas actividades’.
De acuerdo a la ONU, en el momento que se entregue el permiso, el capital introducido y sus incrementos se regirán por la ley nacional vigente y por el derecho internacional.
’Las utilidades que se obtengan deberán ser compartidas, en la proporción que se convenga libremente en cada caso, entre los inversionistas y el Estado que recibe la inversión, cuidando de no restringir por ningún motivo la soberanía de tal Estado sobre sus riquezas y recursos naturales’, agrega la resolución.
Además, el senador explicó que el documento plantea que ’la violación a los derechos soberanos de los pueblos sobre estos recursos es contraria a la Carta de las Naciones Unidas’.
Cabe recordar que el proyecto de royalty a la actividad minera, presentado por el Gobierno sólo plantea un cobro de 0 a 3 por ciento de las utilidades sobre la producción de cobre.
Sin embargo, los Comité de Defensa del Cobre plantea un cobro de un 10 % sobre las utilidades y que los fondos reunidos se destinen al desarrollo de cada región donde se extraiga el rojo metal.