Misión de OEA llega a Bolivia bajo controversia

Una misión investigadora de la OEA llegará mañana a Bolivia, convocada por el Gobierno, en medio de una controversia sobre su eficacia e idoneidad para esclarecer sangrientos sucesos que sacudieron al país en febrero pasado.

La misión estará presidida por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, quien permanecerá en La Paz sólo 24 horas, confirmaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, según las cuales arribará con tres peritos en balística.

Esa composición pareció justificar los temores del vicepresidente de la Asamblea de Derechos Humanos, Sacha Llorenti, de que la misión limite sus pesquisas al enfoque gubernamental de que el estallido de violencia, que el 12 y 13 de febrero dejó 33 muertos, fue parte de una conspiración para derrocar al Ejecutivo y asesinar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

La versión ha sido recibida con incredulidad por los partidos de oposición, medios de prensa y otros sectores, y Llorenti considera que la invitación a la OEA para verificar la hipótesis gubernamental tiene una clara intencionalidad política que busca prescindir de responsabilidades oficiales.

El dirigente humanitario dijo que el Ejecutivo pretende presentarse como víctima y agregó que si la misión foránea viene a investigar la supuesta conspiración, su labor dificultará un esclarecimiento, en lugar de contribuir al mismo.

Las instituciones humanitarias, las organizaciones populares y los partidos de oposición plantean que una pesquisa debe deslindar responsabilidades sobre un manejo político inadecuado y un uso eventualmente excesivo de la fuerza militar contra un motín de policías que rechazó un impuesto al salario y posteriores desórdenes.

Tanto Llorenti como otros activistas humanitarios, al expresar sus dudas sobre la utilidad de la misión de la OEA, coincidieron con el líder del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, en recordar que una misión de ese organismo dejó impune la llamada masacre de Navidad, registrada en 1996.

Así se conoce al desalojo militar de una mina tomada por cooperativistas en la región sur, operación que dejó 10 muertos y ante la cual la investigación encomendada a la OEA no señaló responsables y se limitó a recomendar un proceso judicial e indemnizaciones para las familias de las víctimas, tras lo cual la matanza quedó impune.

El Gobierno y los partidos oficialistas rechazaron la propuesta de la oposición de formar una comisión legislativa investigadora de los trágicos sucesos recientes, integrada paritariamente por gobiernistas y opositores.

Según la versión oficial, la polarización existente, en la que la oposición acusa al Gobierno de la violencia y las muertes -por haber anunciado un impuesto a los salarios que propició el motín policial-, hace imposible que una comisión parlamentaria pueda tratar con objetividad el asunto, que según esa visión debe por tanto quedar en manos de la OEA.

El dirigente Morales fue más allá en sus cuestionamientos y puso en duda la imparcialidad de la misión que llegará mañana, por la amistad entre Sánchez de Lozada y Gaviria. "Son compadres neoliberales y Gaviria vendrá a salvar a Sánchez de Lozada", sostuvo.

Para el MAS y el también opositor Nueva Fuerza Republicana, hubiera sido más atinado encomendar la pesquisa, en todo caso, a una organización mundial de mayor jerarquía e idoneidad, como la Corte Internacional de La Haya.