Más de 240 parlamentarios piden la creación de una comisión para auditar la deuda de Brasil

Un requerimiento que pide la creación de una Comisión Parlamentaria Mixta de Investigacion para la realización de un auditoría de las deudas interna y externa sera entreguado el miercoles 6 de abril 2005 al presidente de la Cámara, Severino Cavalcanti (PP-PE).

Por Verena Glass
São Paulo, 5 de abril del 2005.

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A pesar de la desaprobación del gobierno federal, que el año pasado dejó claro, por la voz del entonces ministro de la Planificación, Guido Mantega, que no quiere oír hablar de auditoría de la deuda, más de 240 parlamentarios presentaron en esta semana un requerimiento que pide la creación de una Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI, compuesta por diputados y senadores) para realización de una auditoría de las deudas interna y externa. Elaborado por los diputados DEL PT Dra. Clair, Ivan Valiente, Mauro Passos, Nazareno Fonteles, Paulo Rubem y Sérgio Miranda (este último del PCdoB), el requerimiento fue entreguado al presidente de la cámara, Severino Cavalcanti.

La auditoría de la deuda brasileña, además de ser parte del programa de 2002 del entonces candidato Lula y una reivindicación antigua de los sectores de izquierda y de los movimientos sociales del país, explica el economista Rodrigo Ávila, coordinador de la campaña Auditoría Ciudadana de la Deuda, también fue prevista en el artículo 26 de las Disposiciones Constitucionales Transitorias de la Constitución Federal.

"Ahora, para que la CPMI - que tendrá poderes de CPI - sea creada, dependemos de como Severino Calvalcanti evaluará el mérito, ya que existe una ’fila’ de propuestas de creación de Comisiones. En el caso de la creación, aún según el dispositivo constitucional, la CPMI deberá purificar las irregularidades en los diversos procesos de contracción de las deudas, y presentará la conclusión al Congreso Nacional. Con esas informaciones, el Congreso propondrá al Ejecutivo la nulidad del acto y encaminará el proceso al Ministerio Público Federal, que debe adoptar las medidas necesarias", explica el economista, un de los asesores del Frente Parlamentario de Acompañamiento de la Deuda, presidida por la diputada Dra. Clair.

Tema tabú

Investigar el proceso de endeudamiento del país - que, según Ávila, gasta cerca de un 50% del presupuesto de la Unión con pago de intereses y amortización de la deuda - sería la única forma de poner a la luz del día lo que existe de irregular en los diversos acuerdos entre gobierno y acreedores. Ya en el 2000, una serie de movimientos sociales, aglutinados en la campaña Auditoría Ciudadana de la Deuda, realizó un plebiscito no oficial sobre la cuestión, recogiendo cerca de 6 millones de firmas exigiendo la auditoría y el impago de la deuda hasta su conclusión.

El tema, sin embargo, no fue tratado como tabú sólo por el gobierno FHC, porque también asusta a la administración del PT por cuenta de la presumible reacción del mercado financiero, evalúa el diputado Iván Valiente (PT-SP). "Una auditoría de la deuda es vista como una amenaza desestabilizadora, y obviamente el gobierno tiene miedo de una onda de nerviosismo del mercado".

Según Ávila y Valiente, las principales irregularidades en contratos de crédito, levantadas a través de un trabajo independiente de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, constan de préstamos tomados por el gobierno militar en la década de 70.

"En esta época, el gobierno cerró contratos de préstamo con intereses flotantes, que en la década siguiente subieron del 4% al 20% por año", explica Ávila. Valiente remata : "así como los préstamos con intereses flotantes, préstamos con operaciones paralelas y sin aplicación práctica son criminales, y fueron muy comunes en el régimen militar. Existen deudas legítimas, y existen deudas ilegítimas. Lo que queremos es que el esclarecimiento de procesos ilegales subsidien las negociaciones con los acreedores. Podemos llegar a la conclusión que alguna deudas ya fueron pagadas y deben ser suspendidas, y más aun, exigir la devolución del dinero en casos donde el país pagó de más".

Dependientes del humor político de Severino, los instigadores del requerimiento a la creación de la CPMI están recogiendo apoyo en diversos frentes de la sociedad civil. Según Ávila, además de la campaña Jubileo Sur, principal patrocinador del debate de la deuda en el país, fueron convocados para acompañar la entrega los representantes del Fórum de la Reforma Agraria (que reúne MST y CPT, entre otros), la Cáritas (organización ecuménica), pastorales sociales de la Iglesia, además de la propia OAB, que está tratando del tema a través del argumento de que el gobierno está incumpliendo la Constitución al no instaurar la auditoría.