Louise Arbour pide mayor exigencia a Uribe con los paramilitares colombianos.

La funcionaria más importante del mundo en esta materia, Louise Arbour, viene por tres días de visita oficial a Colombia. En entrevista con EL TIEMPO, sostiene que las Autodefensas Unidas de Colombia, que adelantan negociaciones de paz con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, no han cumplido su palabra de mantener un cese del fuego mientras se adelantan las conversaciones.Pese a ello, no ha habido consecuencias para esta acitud.

Nació en Monteral (Canadá) en 1947. Se hizo abogada en Québec en 1971. Trabajó como profesora durante 13 años. Fue jueza de las Cortes en su país y, luego, en 1996, fiscal en los tribunales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda.

Hace un año Kofi Annan, secretario general de la ONU, la nombró como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Hoy llega al país y su visita, que irá hasta el sábado próximo, incluye viajar a la región del río Atrato.

EL TIEMPO la contacto en Ginebra, en donde el 21 de abril pasado la Comisión de Derechos Humanos de la ONU le refrendó la confianza del mandato de su oficina en Colombia, que está bajo en encargo de Michael Frühling.

¿Cuál es la expectativa que tiene de su visita al país?

Voy a encontrarme con las altas autoridades del Estado y representantes de la sociedad civil. También tendré el agrado de visitar regiones fuera de Bogotá. Daré seguimiento al proceso de implementación de las recomendaciones sobre Colombia y expresaré mi solidaridad con las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

En su reciente declaración, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas apoyó fuertemente las actividades de su Oficina en Colombia. El vicepresidente Francisco Santos le hizo llegar una comunicación escrita en la que pide hacer una evaluación de su Oficina en el país. ¿Se hará esa evaluación?

Me gustaría recalcar que la Declaración de la Comisión es un documento consensuado por los 53 países miembros de la Comisión y Colombia. A través de la Declaración de la Comisión se da un muy fuerte apoyo a la Oficina, y al trabajo que esta lleva a cabo en Colombia, subrayando su papel en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Nosotros estamos constantemente buscando formas de mejorar la ejecución de nuestro mandato y este aspecto podría ser conversado durante nuestra interlocución con las autoridades.

Otra cosa es mantener presente que el mandato de la Oficina fue prolongado en 2002, por cuatro años adicionales, por iniciativa del presidente Uribe.

Llega en un momento en el que el Congreso discute la ley de Justicia y Paz para tratar a autores de delitos atroces que se hallan en tránsito hacia su desmovilización. En Ginebra se urge por adoptar un instrumento que se ajuste a los parámetros de derechos humanos. ¿Cómo pueden conciliarse los intereses de la paz con los de la justicia?

A través de un marco jurídico que honre plenamente los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas se logran conciliar los intereses de la paz con los de la justicia. Un marco jurídico adecuado evita la impunidad y ofrece ciertos beneficios judiciales. Mi Oficina en Colombia ha brindado una extensa asesoría en esta materia, durante los últimos dos años.

Concretamente, ¿cómo podría introducirse la visión de género en el tema de verdad, justicia y reparación como lo plantea la Comisión de Derechos Humanos de la ONU?

Las normas deben tomar en consideración el impacto negativo que la violencia generada por el conflicto produce en los derechos de la mujer. Esas normas deben prever medidas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las mujeres y las niñas que hayan sido víctimas de violencia.

Los grupos armados irregulares han sido sordos ante el llamado de que acaten su comportamiento a las normas humanitarias, ¿cómo cree que puede ser efectivo este llamado?

Los grupos armados ilegales en Colombia están obligados a observar, sin reservas ni condicionamientos, los mandatos y las prohibiciones del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y al Protocolo II adicional. Hay que seguir exigiéndoles sus obligaciones y al mismo tiempo rechazar los crímenes cometidos. A la vez, se debe buscar negociaciones adecuadas que permitan superar el conflicto armado interno.

¿Cree que el cese de hostilidades debe ser requisito para iniciar eventuales diálogos de paz?

En mi Informe he urgido a cada uno de los grupos armados ilegales a poner en práctica, cuanto antes, un cese efectivo de hostilidades, correspondido por el Gobierno. He exhortado, además, que con urgencia se inicien diálogos y negociaciones entre el Gobierno y los grupos armados ilegales que permitan la superación del conflicto armado interno y el logro de una paz duradera. Los diálogos y las negociaciones deberán priorizar, desde sus inicios, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

Su Oficina reconoce la reducción de algunos índices de violencia en Colombia, pero, a la vez, insiste en la gravedad de los hechos. ¿El problema está en las cifras? ¿Qué sugerencias específicas tiene su oficina?

En mi informe expreso la esperanza de que algunos índices de violencia, aún altos, sigan bajando. La situación de los derechos humanos sigue siendo crítica. En mi informe se rinde cuenta del alto nivel de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, numerosos casos de allanamientos y detenciones arbitrarios, así como del alto grado de impunidad. En cuanto a las estadísticas he recomendado que se desarrolle un sistema estadístico estatal que cubra adecuadamente las violaciones de derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario.

La Comisión de Derechos Humanos y su Oficina se manifestaron preocupadas por la violación al cese de hostilidades decretado por los paramilitares. También por denuncias de vínculos de agentes estatales con estos grupos. En este escenario, ¿cómo ve los diálogos que se desarrollan entre el Gobierno colombiano y las Autodefensas Unidas de Colombia?

En cuanto a los diálogos he exhortado al Gobierno y al Congreso a que establezcan, cuanto antes, un marco jurídico con mecanismos adecuados que reconozcan y garanticen plenamente los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. He podido observar también que el prerrequisito del cese de hostilidades absoluto exigido por el presidente Uribe no se ha cumplido como se hubiera esperado, y no se han conocido consecuencias concretas para las AUC por los incumplimientos del cese de hostilidades. Confío en que el Gobierno de Colombia tomará los correctivos para que esta situación, que afecta a miles de colombianos, no continúe.

La Comisión condenó los ataques terroristas. ¿Cómo podemos distinguir entre un acto terrorista y una infracción al derecho internacional humanitario?

Para el derecho internacional humanitario los actos de terrorismo son actos de violencia, cometidos por personas que toman parte directa en las hostilidades, cuya finalidad es aterrorizar a la población civil. Estos actos están prohibidos por el Protocolo II adicional, y quienes los cometen incurren en una infracción grave que debe ser investigada, juzgada y sancionada por las autoridades. Los ataques destinados a producir terror entre personas civiles constituyen una práctica cruel, injustificada y reprochable.

En Ginebra se hizo una condena a la práctica del secuestro y se subrayó también la importancia de llegar a un acuerdo humanitario, ¿cómo puede romperse ese statu quo en el que ha caído este tema?

El secuestro es uno de los más horribles crímenes que se cometen en Colombia. Quienes están cometiendo estos actos tienen que saber que sus acciones podrían tener serias consecuencias, incluso a nivel internacional. Mi Oficina siempre ha exigido que los grupos armados ilegales, en particular las Farc-Ep, liberen a las personas que tienen en su poder, de inmediato y sin condiciones. Como esto no ha sucedido, el Gobierno, siguiendo los estándares internacionales de derechos humanos, debe buscar formas alternativas para que estas personas regresen a sus hogares. La Oficina ha dado asesoría legal en esta materia, mostrando cómo se pueden promover las consideraciones humanitarias, tomando en cuenta ciertos límites judiciales con relación a las personas que han cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha dicho que para el Estado no es una obligación suscribir el tema del acuerdo humanitario. ¿Cuál es la posición de la ONU en este sentido?

El Estado tiene la obligación de esforzarse siempre activamente por garantizar los derechos humanos de todas las personas en su territorio, en particular los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la libertad individual. En la escogencia de qué métodos utilizar para cumplir con estas obligaciones, el Estado siempre tiene que guiarse por el respeto y la protección a la vida y a la integridad personal de quienes permanecen en poder de un grupo armado ilegal.

Si el cronograma que la Oficina aspira se logre con este Gobierno no logra plantearse, ¿cree que eso sea un obstáculo para avanzar en las recomendaciones?

Confió que se va a establecer el cronograma antes de fin de junio, como se ha establecido en la Declaración consensuada de la Comisión. De no hacerse sería negativo para el proceso de implementación de todas las recomendaciones.

Por Bibiana Mercado Rivera
Subeditora El Tiempo, 11 de mayo del 2005