Los diputados chilenos y las privatizaciones: el blanqueo de conciencias.

Por Nelson Soza Montiel
Santiago de Chile, 17 de agosto del 2004

Los políticos chilenos (causa o consecuencia de un síndrome similar evidenciado en los medios informativos, los gobiernos y el empresariado) exhiben lamentables episodios de una visión tan cortoplacista como oportunista. Con una falta de respeto sólo equiparable a la frágil memoria de sus clientes -el electorado criollo- aquéllos empolvan o desempolvan acciones o iniciativas según acomode a los (des)intereses del momento. Sólo ello puede explicar la triste imagen proyectada por la reciente decisión de la Cámara de Diputados de crear una comisión investigadora de las privatizaciones de empresas ocurridas hace casi dos décadas, durante 1985-1989. Y cuando ya trascurrió dos veces el período de prescripción de los eventuales delitos de defraudación o malversación del patrimonio nacional cometidos entonces.

La iniciativa parlamentaria coincide con la existencia de cuentas secretas de Augusto Pinochet descubiertas por una comisión investigadora del Senado estadounidense en el ex banco Riggs de ese país. Esta sería una de las motivaciones implícitas: inquirir sobre el desvío de recursos obtenidos del proceso privatizador hacia las cuentas personales de Pinochet o su esposa. En la forma, sin embargo, los 120 días de que dispondrá la Comisión se orientarán a ’determinar las acciones u omisiones que los órganos de la administración tuvieron en el proceso de privatización durante el gobierno del general Pinochet’, y su impacto sobre tres efectos que los diputados acaban de descubrir: la ’enorme concentración de la propiedad que dura hasta hoy; la concentración del ingreso que originó ese proceso y la nula responsabilidad política asumida por quienes dirigieron las privatizaciones’ (Subrayamos esto último, porque es a lo único a que podría aspirar esta indagatoria: deslindar responsabilidades políticas, que no penales ni administrativas, pues unas y otras ya prescribieron).

Pero no hacía falta tanta celeridad parlamentaria para ’determinar’ algo que fue debidamente documentado por la prensa opositora a Pinochet desde los inicios del proceso y por los informes regularmente evacuados en su oportunidad -esto es, durante el mismo régimen militar- por la Contraloría de la República.

Corfo donó a título gratuito bienes por U$S 24 millones durante todo el régimen militar. Sólo entre noviembre de 1987 y febrero de 1990 condonó créditos por U$S 107 millones y otorgó préstamos por U$S 28 millones a personas o empresas de domicilio ignorado, o que eran desconocidas en la dirección que registraron o que nunca existieron.

Entre otras numerosos ’omisiones y defectos’ -conceptos utilizados por el informe ad hoc rendido por la CORFO ante la Cámara de Diputados en abril de 1990-, las autoridades de esta entidad toleraron durante el régimen militar defraudaciones, estafas y anomalías en encargos de servicios por un total conservadoramente estimado de $5.300 millones de entonces. También recibieron garantías artificialmente sobrevaloradas, aceptaron defectos en las constitución de garantías por créditos y cometieron negligencia (por calificar generosamente esta omisión) en la cobranza, lo que motivó la prescripción de las deudas.

Según el informe entregado por la CORFO, el proceso privatizador en ENDESA permitió que entre 1987 y agosto de 1990 los trabajadores de la propia empresa comprasen un 6.06% del capital total, los funcionarios públicos y las FFAA, un 47.5% y el público en general un 34.02%. Un año más tarde, la participación de los trabajadores se había reducido a la mitad (3.3%), mientras la de las sociedades anónimas (excluyendo a las AFP) se elevaba al 28.5 por ciento. El mismo ’capitalismo popular’ que según los panegiristas privatizadores debía dar lugar a una amplia participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas, en pocos meses no sólo se diluyó, sino que cobijó oscuros procedimientos. Las acciones de Endesa vendidas a funcionarios públicos y trabajadores de la misma empresa fueron valoradas por CORFO a 16.50 pesos, mismas que semanas más tarde eran vendidas en Bolsa a precios fluctuantes entre 13 y 15 pesos y así adquiridas por la inmobiliaria Manso de Velasco -sociedad ad-hoc montada por el grupo encabezado por José Yuraszeck y José Piñera.

Antes y después de lo de ENDESA, con mínimas variantes, las demás empresas del Estado privatizadas durante este período -la Compañía de Aceros del Pacífico, IANSA, SOQUIMICH, LAN Chile, ENTEL, Teléfonos, Chilectra- repitieron el mismo procedimiento y resultados:

– En una fase previa, se dictaban políticas tarifarias destinadas a elevar artificialmente el valor de los activos a privatizar (particularmente cuando se traba de servicios públicos), disminuir los pasivos de las empresas traspasándoselos a Corfo o directamente mediante la condonación de deudas.
– CORFO vendía a precios subsidiados la acciones y otorgaba préstamos con cargo a indemnizaciones por años de servicios de los trabajadores de las empresas, funcionarios públicos civiles y de las FFAA.
– Los paquetes accionarios controladores quedaban formalmente en manos en una diseminada y desorganizada propiedad (trabajadores, funcionarios públicos, AFP).
– Grupos de altos ejecutivos de las empresas en proceso de venta conformaban sociedades con una mínima participación en el capital accionario, pero con una dirección altamente centralizada. Ello les permitió hacerse del control de los respectivos directorios aliándose con el poder accionario de algunas AFP o mediante la manipulación o el engaño de los ’capitalistas populares’. En más de una ocasión se denunció el uso de información privilegiada por parte de los primeros y en desmedro de los segundos.
– El proceso llegaba a su fin -al fin que estaba presupuesto desde un comienzo- cuando paquete tras paquete de acciones, mediante operaciones en o fuera de Bolsa, pasaban a poder de estas empresas a sociedades integradas por conspicuos ex altos ejecutivos de las mismas y ex altos funcionarios civiles y militares del régimen militar.

El 28 de junio de 1989, el Consejo de la Corfo, conformado por los ministros de Economía, Pablo Barahona; de Hacienda, general (r) Enrique Seguel; el vicepresidente de la Corfo, general Guillermo Letelier; el subdirector de ODEPLAN, Luis Larraín, y el coronel Sergio Moreno, en representación del Presidente de la República, condonó operaciones de préstamos y deudas por ventas de empresas por un valor de U$S 3,9 millones. En parte alguna de la resolución se indicaron los fundamentos para este ’perdonazo’ También el Consejo de Corfo resolvió en 1989 repartir por conceptos de dividendo U$S 37,2 millones a los flamantes accionistas privados de ENDESA, que el informe respectivo de Contraloría determinó que era improcedente.

Pérdidas por la Privatización de Endesa

Durante el período 1985 a marzo de 1990, la privatización de 32 empresas y activos del Estado; la fijación de precios inferiores a los de mercado (en varios casos sin licitación pública); los créditos subsidiados para comprar acciones; la irrecuperabilidad de muchos préstamos concedidos para el mismo fin; las deudas de las empresas enajenadas y que debió asumir Corfo (sólo los intereses generados por éstas sumaban unos U$S 500 millones); el desvío de este ingreso a fondos generales de la Nación, arrojó al Estado una pérdida estimada en U$S 2.209 millones.

¿Cobardía táctica, miedo estratégico?

Pero todo esto era una historia conocida -y en muchas casos debidamente documentada- aun antes de que asumiera el Presidente Patricio Aylwin. ¿Qué podía haber de nuevo una vez ya en el poder el nuevo gobierno, que cabía esperar, hasta dónde le era políticamente factible escarbar? Las nuevas autoridades habían comprometido una investigación. Aunque el contralor de entonces, Osvaldo Iturriaga, ’nos hizo poner ’diferencias’ y no ’pérdidas’ en los documentos’ -nos admitía entonces un alto funcionario de la entidad-, todos los informes de la Contraloría ya acreditaban ’pérdidas’ o diferencias importantes del patrimonio del Estado como consecuencia del proceso privatizador. Los antecedentes habían sido recabados de la propia Junta de Gobierno, del Ministerio de Economía y de la CORFO. Y esas pérdidas, finalmente, ya en la administración Aylwin, terminaban siendo admitidas y valorizadas en el informe rendido por las nuevas autoridades de CORFO a la Cámara.

Varias vías pudieron entonces -no ahora- haberse explorado. Una, que la Contraloría siguiera investigando ’por instrucciones de la Cámara’ -como señaló por la época más de algún diputado. Otra, que el Consejo de Defensa del Estado se hubiese hecho parte de una demanda en contra de aquellos casos en los que hubiese sospechas de defraudación u otros delitos.

Conforme a los antecedentes de que disponía entonces la Contraloría, ’nuestros informes concluían que todo había sido hecho dentro de la legalidad y las facultades de las autoridades de la época. Era todo lo que pudimos decir’ -recuerda ahora uno de los funcionarios de la entidad más directamente involucrados en esa pesquisa. Desprovista por el propio régimen militar de su capacidad fiscalizadora, los informes de la Controlaría se remitieron durante el período a constatar que lo obrado fuese hecho según la legalidad vigente. De acuerdo a este punto de vista, la venta de ENDESA aparecía legalmente correcta, pero la Contraloría no podía indagar cómo se había originado la pérdida: ello hubiese implicado impugnar la procedencia o la ética de cada una de estas ventas. Devolverle esa facultad pudo haber sido una tercera opción que quizá debió asumir el primer gobierno de la Concertación. Pero no se hizo entonces, ni nunca después.

El hecho es que la Contraloría nunca recibió instrucciones ni peticiones ni del Gobierno, ni de los diputados. La decisión en todo caso debió tomarla el Ejecutivo. Tampoco el contralor Osvaldo Iturriaga estimó que había necesidad de una mayor investigación: todos los informes ya habían sido redactados en su momento. Además, cierto, había mucho temor ambiental: uno de los ’ejercicios de enlace’ del Ejército comandado por Pinochet pidió expresamente que se dejara de investigar.

Por último, Corfo -a fin de cuentas, la gran defraudada- pudo haber hecho entonces lo mismo que debió efectuar dos décadas después, esta vez por el caso Inverlink: agotar todas las instancias legales para perseguir el pago de las deudas impagas y/o las responsabilidades de los funcionarios que tuvieron a su cargo el proceso privatizador. Pero no fue más allá porque a la cabeza de la gestión CORFO estaban generales aún en servicio activo al momento en que ésta se efectuó (inicios de la administración Aylwin) y porque entre los ’clientes’ más beneficiados por los subsidios y ’perdonazos’ figuraban conspicuas figuras del mundo empresarial.

Ni los diputados ni el Gobierno de la época -sea por cobardía táctica o frío cálculo político- quisieron ir más allá. Pero no podía admitirse aquello: habría sido intolerable para una sociedad aún esperanzada: Se acudió entonces a la excusa de que uno de los últimos decretos del régimen militar- la ley del Congreso Nacional promulgada el cinco de febrero de 1990- ’nos impedía investigar para atrás’. Así se dijo y así se terminó aceptando por parte de una ciudadanía ’en rodaje’. Sólo una década y media después nos imponemos de que ese cuerpo legal sólo impedía presentar acusaciones constitucionales por hechos ocurridos antes del 11 de marzo de 1990, pero no investigar.

El presidente del derechista partido Renovación Nacional, Sergio Diez - coautor de la Constitución de 1980- ha advertido que los diputados pueden investigar, pero que ’no tiene imperio para citar a particulares, sino que sólo a funcionarios públicos que a la fecha se desempeñen como tales’. Y el diputado democratacristiano Jorge Burgos explica que ’el ánimo no es cortar cabezas ni una vuelta atrás, sino saldar una deuda con la ciudadanía. La anterior comisión investigadora no llegó a conclusiones, obviamente porque en esos años no estaban dadas las condiciones para una investigación como corresponde’.

Sumando y restando,
– I) los eventuales delitos ya están prescritos,
– II) no hay intención de volver atrás (eso, por si alguien alentase la expectativa de que algunas empresas pudiesen volver a manos del Estado chileno) y
– III) no se puede citar a declarar a ninguno de los ex funcionarios civiles y militares del régimen de Pinochet. Así las cosas, el fin último sería una suerte de ’blanqueo de conciencias’...no con el país, sino que con la propia negligencia o desidia parlamentaria de hace una y media década. Bien por los señores diputados. Mal por un país que ese mismo proceso privatizador contribuyó a situarlo entre los niveles más inequitativos de distribución del ingreso.

* Nelson Soza Montiel es periodista y magíster en economía.