Llegó la hora de la Triple A,
La Alianza Antiterrorista Argentina.

Hace unos pocos días, cuando empezaron a revolver entre los papeles de una vieja y olvidada causa sobre la Triple A, los colaboradores del juez Norberto Oyarbide descubrieron que no sólo el ex subcomisario Rodolfo Almirón, hallado en España, tenía un pedido de captura pendiente desde 1984 por los crímenes de aquella organización terrorista. También había uno para su ex suegro, Juan Ramón Morales, encargado directo de la custodia de José López Rega. Almirón fue detenido el 28 de diciembre. En el juzgado sacaron cuentas al voleo y dieron casi por hecho que Morales estaba muerto. Pero el sábado se enteraron de que el jefe de la banda arraigada durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón vivía en Palermo. Le pusieron una guardia y finalmente lo detuvieron el domingo a la tarde. Ayer se negó a declarar. Por sus 88 años consiguió que le dieran arresto domiciliario.

Lo que permitirá, pese al paso de los años, juzgar a Almirón, Morales y todos los ex miembros de las Tres A que sigan vivos, es una resolución del juez Oyarbide -anticipada por Página/12- que por primera vez calificó sus secuestros, atentados y asesinatos como delitos de lesa humanidad, que por lo tanto no prescriben. Al disponer la detención de Morales, el magistrado aludió a esa definición : decía que la organización fue "montada desde el aparato del Estado, bajo cuyo amparo y garantía de impunidad actuó" y constituyó la antesala del "plan sistemático" desarrollado a partir del golpe de 1976.

Una investigación periodística española fue la que dio el puntapié para que resucitara, en los tribunales argentinos, el expediente sobre la Triple A, a la que manejaba y financiaba el Brujo López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social. El fiscal federal Eduardo Taiano había pedido su desarchivo en diciembre de 2005, pero los movimientos en la causa recién comenzaron el mes pasado, cuando el diario El Mundo informó que Almirón, uno de los jefes operativos de la estructura terrorista, llevaba una vida apacible a diez kilómetros de Valencia. Oyarbide actualizó un pedido de captura tipeado con máquina de escribir hace casi veintitrés años y el ex subcomisario fue encarcelado. Ahora enfrenta un proceso para definir su extradición, que puede durar varios meses.

Algo que llamó la atención de los investigadores es que en la antigua orden de detención librada contra Morales sólo figuraba su apellido. Hablaba del "ex comisario Morales", pero no estaban los escritos ni su nombre ni las razones para el arresto. Parecía todo dado para que nunca lo atraparan. Igual que en el caso de Almirón, que aparecía con un nombre incorrecto : decía Luis en lugar de Rodolfo Eduardo.

Después de que la Policía Federal llamara a su puerta el domingo, Morales fue trasladado a la Unidad Antiterrorista, en barrio Parque, donde pasó la noche. A la mañana lo llevaron al juzgado, en los tribunales de Retiro, donde lo esperaba el juez para indagarlo por los delitos de "asociación ilícita en concurso real con homicidio en al menos ocho oportunidades y privación ilegal de la libertad y desaparición forzada en tres oportunidades". El ex policía llevaba un saco marrón claro y camisa blanca. Lo acompañaron su esposa y la defensora oficial Silvia Otero Rella. Morales se quejó por los llamados telefónicos de periodistas que venía recibiendo, un punto al que el magistrado le restó trascendencia. Después no quiso contestar ninguna pregunta.

El ex comisario había declarado en la causa en junio de 1977 y julio de 1978 como "imputado no procesado", lo que implicaba según el viejo Código Penal que no corría demasiado riesgo de ir preso. En las dos oportunidades alegó que su única función había sido organizar, desde la Policía Federal, la custodia del Ministerio de Bienestar Social.

Oyarbide considera que hay muchos elementos acopiados hace años en la causa que permiten considerarlo responsable de los asesinatos del diputado Rodolfo Ortega Peña, que compartía estudio de abogados con el actual secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde ; el abogado de presos políticos Alfredo Curutchet ; el ex subcomisario de la Policía Bonaerense Julio Troxler ; el profesor de sociología Silvio Frondizi, hermano del ex presidente Arturo Frondizi, y su yerno Luis Mendiburu ; también el periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham. Todos estos crímenes, cometidos en 1974, fueron reivindicados por la organización que lideraba López Rega. El juez también contempla otros casos planteados por el fiscal Taiano, como los de Daniel Banfi, Luis Latrónica y Guillermo Jabif, así como el ataque sufrido por el ex rector de la UBA Raúl Laguzzi y su esposa, en el que murió su bebé de cuatro meses.

La realidad es que se calcula que los crímenes de la estructura parapolicial que manejaba López Rega fueron por lo menos 1500. En la causa judicial también se mencionan, por ejemplo, los asesinatos del cura Carlos Mugica, al ex vicegobernador de Córdoba Atilio López y al ex secretario de Economía de esa provincia Juan Varas.

Cartón lleno

Ya en la primera denuncia sobre la Triple A que hizo en 1975 el abogado Miguel Radrizzani Goñi, los principales acusados eran López Rega y sus colaboradores claves, Almirón y Morales. Cuando López Rega perdió poder y fue enviado en comisión a España se llevó a los dos con él y a un tercer policía : Miguel Angel Rovira. Almirón había estado casado hasta muy poco antes con la hija de Morales. Después se separó y se juntó con una azafata hija de españoles, y se quedó en el viejo continente.

En los años sesenta, los dos ex policías se vinculaban desde la División Robos y Hurtos de la Federal con la banda de Miguel Prieto, conocido como el "loco Prieto", especializada en robos a mano armada, contrabando, secuestros extorsivos, tráfico de droga y trata de blancas. En junio de 1964 Almirón participó en el asesinato, en una boite de Olivos, del teniente norteamericano Earl Davis, que estaba estudiando en Argentina. Fue, parece ser, fruto de una pelea "por mujeres". Después de aquel episodio aparecieron misteriosamente asesinados seis miembros de la banda de Prieto. En algunos casos estaban exhibidos con un "estilo" similar al que más tarde usaría la Triple A : con más de cincuenta disparos en el cuerpo, amordazados, en basurales y a veces con las manos atadas en la espalda. Todos eran potenciales testigos de futuros juicios. Hasta Prieto apareció muerto en la cárcel, tras un incendio en su celda.

En 1968 Morales fue detenido y procesado por robo y contrabando de autos. Almirón fue declarado "inepto para el servicio" en la policía dos años más tarde. Pero 1973 ambos fueron reincorporados por un decreto del entonces presidente Raúl Lastiri, yerno de López Rega. Incluso escalaron dentro de la fuerza : Almirón llegó a subcomisario y se encargó de la custodia presidencial y Morales trepó al grado de comisario principal mientras cuidaba las espaldas del Brujo.

Lo que vendrá

Oyarbide resolverá en los próximos diez días si procesa a Morales y si lo deja detenido. Por lo pronto, para incomodidad de sus vecinos, le concedió la prisión domiciliaria. Ya cuando declaró los homicidios de las Tres A como imprescriptibles, el juez dio plena validez a la confesión, al comienzo de la causa, de un teniente del Ejército arrepentido, Salvador Paino, que entregó un organigrama completo de la estructura terrorista donde Morales y Almirón aparecían en un lugar preponderante. Paino había estado a cargo de la prensa de Bienestar Social. Su relato, dijo el magistrado, también coincidió con el de Rodolfo Peregrino Fernández, un ex funcionario de Albano Harguindeguy durante la última dictadura que sumó detalles, en 1983, ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos en Madrid. Ambos testimonios nutrieron la acusación en la que Aníbal Ibarra, en sus tiempos de fiscal federal, pidió prisión perpetua para López Rega después de lograr su extradición en 1986, aunque el juzgado no llegó a dictarle sentencia porque murió antes.

Está todo dado para que el juzgado de Oyarbide pase un verano movido, pese a la feria judicial. De hecho, su equipo ya está estudiando la situación y el paradero de otros posibles responsables. Este diario reveló que también Felipe Romeo, quien dirigía la revista El Caudillo, el órgano de difusión de la Triple A y sus crímenes, vive en Buenos Aires como un reciclado restaurador de edificios antiguos y cúpulas, tras un breve exilio español. Pero parece que él y Morales no fueron los únicos que emprendieron el regreso creyendo en la impunidad. También volvió Rovira, quien fue escrachado por los obreros de Metrovías en 2001 cuando descubrieron que era el jefe de seguridad de la empresa y exigieron su despido. Pero Rovira todavía anda suelto y viviría en Parque Patricios.

Días atrás Oyarbide advirtió sobre los posibles alcances de la investigación y dijo que hasta analiza la posibilidad de traerla a declarar, desde su casa cerca de Madrid, a la propia Isabelita.

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Romeo, el divulgador

En su edición del domingo pasado Página/12 reveló que Felipe Romeo, miembro destacado de la derecha argentina y director de El Caudillo, virtual órgano de prensa de la Triple A, está radicado en Buenos Aires y se dedica a la restauración de edificios antiguos. Romeo, figura prominente en la causa que investiga a la Alianza Anticomunista Argentina, que supo impulsar el ex ministro de Bienestar Social, José López Rega, se recupera de algunos problemas cardíacos. El autor de la bizarra consigna "el mejor enemigo es el enemigo muerto", estuvo detenido en 1988 por drogas.

El Caudillo publicación en la que se referenciaba la derecha peronista, se fundó en 1973 y dejó de publicarse en marzo de 1975, meses antes del Rodrigazo, como se denominó al violento plan de ajuste que produjo masivas movilizaciones sindicales de repudio y que terminó no sólo con la renuncia del ministro de Economía Celestino Rodrigo, sino también con la de López Rega.

En la causa que impulsa el juez federal Norberto Oyarbide queda al descubierto que Romeo habría prestado varios servicios a la cruzada anticomunista, que se motorizaba desde las entrañas del Ministerio de Bienestar Social. En las oficinas de la calle Alcorta, en las que funcionaba El Caudillo también se encontraba un arsenal de la banda parapolicial.

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Los "beneficios" de la embolia

El ultraderechista Rodolfo Almirón, acusado de ocho crímenes y tres desapariciones, asegura haber perdido la memoria por una embolia. Así lo expresó su abogado en el Juzgado de Instrucción Nº 6 del municipio de Torrent, España, ante el cual fue llevado el ex líder de la Triple A luego de haber sido detenido en la comisaría de esa localidad. El letrado exhibió varios certificados médicos sobre una embolia que habría padecido Almirón tres años atrás, y sobre la discapacidad física de más del 50 por ciento que pesa sobre él. Con estos argumentos reclamó su libertad. Cuando el magistrado le preguntó si tenía algo que decir, sólo obtuvo un silencio. Almirón adujo una amnesia y no recuerda quién fundó la Triple A ni los crímenes por los que lo reclama la Justicia argentina. El fiscal del caso pidió su encarcelamiento incondicional y sin fianza por la "gravedad de los delitos" que se le imputan. Y como el juzgado dio por buenos los argumentos del ministerio público ordenó la prisión de este hombre de 70 años, que tras el trámite volvió a la comisaría de Torrent a la espera de ser trasladado al Juzgado Central de Instrucción Nº 1 de la Audiencia Nacional.

Almirón desembarcó en España en febrero de 1975 junto con el Brujo José López Rega y se incorporó a la custodia del por entonces funcionario franquista Manuel Fraga Iribarne. En ese país se le atribuye haber participado del homicidio de dos carlistas en 1976.

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Un nuevo querellante

El ex detenido-desaparecido Jorge Federico Watts pidió al juez federal Norberto Oyarbide ser tenido como querellante en la causa en la que investiga los crímenes de la Triple A. En su escrito relató que sufrió una primera amenaza cuando era empleado del Ministerio de Bienestar Social. Además, en ese momento era secretario de la comisión interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Según expresó, la intimidación se produjo en el despacho del ministro, que no estaba presente pero sí se encontraban Norma Kennedy y Juan Carlos Rousselot. Sin embargo, Rodolfo Almirón Sena fue quien habló. Le dijo que conocía su actividad gremial y sus ideas políticas, y que si no abandonaba su trabajo iba a aparecer tirado en un zanjón con un balazo en la cabeza. Watts, que ya declaró en la causa sobre los crímenes del Vesubio y en el Juicio a las Juntas Militares, recordó que fue secuestrado por el Primer Cuerpo de Ejército en julio de 1978. "En diversas oportunidades vi una estructura tipo cárcel en el tercer subsuelo del ministerio, con barrotes pintados de color naranja, y ante las preguntas a los choferes que me conducían al lugar me decían que era una construcción reciente usada por la organización AAA, del ministro López Rega", describió. Y pidió que sean imputados Kennedy y Rousselot, así como la extradición de Almirón.

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"No creíamos que podían llegar a esa alevosía"

La familia de Julio Troxler compartió con Página/12 el recuerdo de ese militante que sobrevivió a la masacre de José León Suárez y fue asesinado por la Triple A.

Por Alejandra Dandan
Página 12. Buenos Aires, 9 de enero de 2007.

Todo indica que la reapertura de la causa de la Triple A tendrá efectos múltiples. Uno de ellos empezó a verse la semana pasada en el juzgado de Norberto Oyarbide con la presentación de familiares, ex compañeros de militancia de las víctimas y representantes de organismos de derechos humanos que piden presentarse como querellantes para ampliar las investigaciones de los crímenes. Entre ellos, lo hicieron los compañeros de Julio Troxler. La planificación de la ejecución de aquel militante peronista que escapó de los fusilamientos de José León Suárez en 1956 y se convirtió en una de las víctimas emblemáticas de la Triple A ahora es una de las claves que sigue la Justicia para citar a Isabel Martínez de Perón en el marco de la causa. Aquí hablan su viuda y sus ex compañeros. Dan cuenta de su vida y de por qué decidieron presentarse como querellantes.

Aunque su apellido podría haber disparado su vida para algún otro lugar, Leonor von Wernich es la viuda de Julio Troxler. Sobrina de Christian von Wernich, el capellán de la policía de Ramón Camps que visitó los centros clandestinos de detención durante la última dictadura y ahora está detenido, acusado por seis homicidios y a punto de ser sometido a un juicio oral. La opción política de Leonor la llevó a otra parte. Se encontró con Troxler cuando era perseguido por su actividad política en la resistencia peronista.

"Lo conocí en la cárcel de Olmos", dice ella. Leonor ahora tiene 87 años y vive con dos de sus hermanos en los alrededores de Paraná desde hace años. "Nosotros teníamos un grupo de compañeras con las que visitábamos a los detenidos políticos que estaban solos -explica ella-. Y un día nos fuimos a visitar al Gordo (John William Cooke) y lo visitamos a Julio, no sé si porque no podrían verlo sus hermanos, a lo mejor era así. Pero ahí lo conocimos."

La segunda vez que lo vio fue poco más tarde, en su casa y mientras lo tenía clandestino. "Como la situación se puso mucho más comprometida, con las familias teníamos que alojar a los que estaban en la clandestinidad. Era por el sesenta y pico. A casa vinieron Julio y su hermano Bernardo."

Y la estadía no resultó muy sencilla. Leonor se había criado en la provincia de Córdoba, en una familia de misa de once y de Jockey Club. Troxler ya era un sobreviviente. Había salido vivo de la matanza ordenada por la Libertadora contra un grupo de militantes peronistas que se había levantado para restituir a Perón. Desde entonces vivía clandestino entre Bolivia y Argentina. La casa de Leonor estaba en la calle Roca 1444 de Vicente López y cuando Troxler llegó se encontró con un cuarto preparado sigilosamente en el primer piso.

"Como él llegaba de noche, con mi mamá le dejábamos la luz apagada, que quería decir que todo estaba sin problemas ; cuando la luz quedaba prendida quería decir que por ahí estaba mi papá."

Leonor se había hecho peronista cautivada por la pasión de su madre. Y con los años no cambió. Ahora mismo, le pidió a uno de los antiguos compañeros de Troxler que se presentara en la causa de Oyarbide, que fuera al despacho y se fijara, para actuar en su nombre como apoderado "político". Todo esto, dice, "me significa una gran alegría, porque son pocos los que conocen el sacrificio que hizo mucha gente, de los que han muerto para que la Patria viva".

A Julio Troxler lo mató un comando de la Triple A el 20 de septiembre de 1974, en un callejón de Barracas a plena luz del día. En ese momento tenía 52 años. Y había protagonizado su propia historia en Operación Masacre, de Jorge Cedrón, y Los hijos de Fierro, de Pino Solanas.

Eladio "Tate" Martínez escribió una síntesis de su historia. Es uno de sus antiguos compañeros de militancia. "Pero para hacerla corta -dice él-, el dato más significativo es que fui dirigente de Foetra entre 1960 y 1966, el gremio del peronismo revolucionario." En ese espacio del peronismo revolucionario se encontró con Troxler, como lo hizo con Envar el Kadri, Cooke y Gustavo Rearte. Y ahora él es la persona que por mandato de la viuda acudió al despacho de Oyarbide para preguntar por la causa.

"Cuando lo levantaron, Julio iba a la Facultad de Derecho donde trabajaba", explica él. Se lo llevaron a Barracas en un auto color negro con cuatro hombres en el interior. El coche "ingresó por la calle Arcamendia hasta desembocar frente al elevado paredón de ladrillos que limita con el terraplén ferroviario". En ese momento, los ocupantes del coche le obligaron a bajar y le ordenaron caminar hacia la calle Suárez en el mismo sentido del vehículo. "Julio caminó unos pasos con las manos atadas a la espalda y cayó fulminado por una ráfaga de ametralladora disparada de un auto". Lo mataron en el pasaje Coronel Rico de Barracas. Horas más tarde, continúa Tate Martínez, "un comando de las AAA se atribuía el hecho criminal enviando una foto a la prensa del documento que habilitaba a Julio Troxler a ingresar a la residencia del general Perón en la calle Gaspar Campos de Vicente López".

Llegado a este punto, su familia y sus ex compañeros reparan en un dato de la causa judicial, el mismo que tuvo en cuenta el juez Oyarbide hace una semana para evaluar la posibilidad de convocar a Isabel Perón. Se trata de una célebre reunión realizada en la quinta de Olivos con la presencia de Isabel Perón y del ministro de Desarrollo Social "El Brujo" José López Rega y en la que se habría planificado el secuestro y su ejecución. Los familiares la mencionan como la reunión del 8 de agosto de 1974. "El doctor Taiana nos avisó de esa reunión -dice Leonor-, que lo queríamos muchísimo, pero no creíamos que podían llegar a una alevosía tan grande."

Página 12. Buenos Aires, 9 de Enero de 2007.