La "prisión política", punto débil de la transición chilena

Presos políticos condenados a más de 30 años de cárcel ; Huelga de hambre "terminal" de más de dos meses de un grupo de detenidos ; Derecha acepta indulto si hay impunidad para militares

Por Equipo Agencia de Noticias de Chile (ANCHI)
Stgo. de Chile. Junio 2004.

La llamada "prisión política" es una realidad palpable y dramática de la transición chilena pos-dictadura o, dicho de otro modo, un asunto pendiente en la carpeta de los sucesivos gobiernos de la Concertación por la Democracia.

Para amplios sectores en el exterior de Chile el tema de los presos políticos en Chile se terminó. Ello no es así. Otra cosa es que esa realidad esté eclipsada por los éxitos macroeconómicos, la estabilidad institucional, el acuerdo cupular cívico-militar. Como también ronda entre las sombras que en Chile hay fiscalías militares que juzgan a civiles por motivos políticos, que siguen operando redes de exagentes pinochetistas que trabajan para los partidos de derecha, que exuniformados acusados de desapariciones y ejecuciones tienen una cárcel propia y cómoda (Punta Peuco) y que incluso salen ilegalmente de ella a pasear, que hay senadores vitalicios y designados, que un obrero o campesino no puede ser legislador, que hay un Tribunal Constitucional que puede echar abajo una ley aprobada por el parlamento, que hay un Consejo de Seguridad Nacional (hegemonizado por los jefes de las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial) que puede estar por encima del Presidente de la República y sigue la cuenta.

En resumen, la "prisión política" forma parte del sistema conservador, autoritario y represivo que sigue impuesto en el país.

En Chile actualmente hay 32 presos por motivos políticos. Están repartidos en 6 recintos carcelarios. Dos son mujeres. Todos pertenecen o pertenecieron a organizaciones como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y el Mapu-Lautaro. Fueron detenidos cuando tenía entre 19 y 22 años. Participaron o habrían participado en acciones armadas, de propaganda armada, subversivas o están acusados de organizar grupos armados. Un factor que según abogados oficialistas les afecta, es que sus actividades las desarrollaron después de 1990, cuando ya estaba instalado el gobierno civil posdictadura. Ellos, en todo caso, indican que Augusto Pinochet seguía siendo Comandante en Jefe del Ejército "y en lo sustancial no habían cambiado las condiciones institucionales, económicas, sociales y represivas para el pueblo".

Todos llevan más de una década de cárcel. Están condenados a 30 años de prisión o a cadena perpetua. Por el tiempo encerrados, varios podrían acceder a beneficios penitenciarios pero como -intencionalmente o no- no les han cerrado los procesos, no pueden acceder a los beneficios.

ANCHI tuvo acceso a un documento de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) en que se reporta que "los presos políticos han sido procesados con desconocimiento de las normas del debido proceso. Han sido juzgados por la justicia militar, no obstante su condición de civiles y sin el respeto a principios de imparcialidad y derecho a la defensa. Han sido erróneamente condenados por la ley antiterrorista. Han sufrido durante muchos años un régimen carcelario rígido. Han sido condenados a elevadísimas penas que comprenden como mínimo treinta años y cadenas perpetuas".

En la misma línea, un comunicado de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) manifiesta que los procesos se tratan de "...causas completamente alejadas del debido proceso, con dilación excesiva de sus tramitaciones, donde ha existido violación al non bis in idem, es decir, donde han sido juzgados dos veces por el mismo hecho, y en general, en sus condenas han debido soportar penas altísimas".

Según una declaración del grupo "Encuentro por la Libertad", los presos políticos "fueron torturados, fueron doblemente procesados por el fuera militar y el civil, tuvieron dobles condenas por un mismo delito, no tuvieron defensa adecuada y se les niegan beneficios penitenciarios".

Para la derecha, alguna prensa y segmentos del país, estos presos políticos "están pagando sus culpas" y levantan la tesis de que la democracia chilena se fortalece y las instituciones se muestran "más sólidas" con los muchachos detenidos.

Claro que de inmediato salta el hecho de que hay decenas de militares y policías, varios de ellos de alto rango, que no han pasado un solo día de cárcel por sus delitos, que los que están detenidos disfrutan de detención domiciliaria o alojan en Punta Peuco, una cárcel especial que construyeron los gobiernos de la Concertación para acomodar a los violadores de derechos humanos.

El asunto es que después de más de una década de cárcel estos presos políticos recurren a la posibilidad del indulto.

En ese sentido hubo una petición de la alta jerarquía de la Iglesia Católica. El Auditor General del Ejército, General Juan Romero habló de que "esta iniciativa tiene un propósito desde el punto de vista humanitario que es muy atendible". E inicialmente legisladores de los partidos de derecha estuvieron de acuerdo en otorgar el indulto.

La posibilidad, sin embargo, del indulto se desmorona. Ya van cincos veces que el Senado no discute el proyecto y el Presidente no recurre al "indulto presidencial". Así, se llegó a un punto en que a mitad del mes de junio un grupo de detenidos políticos chilenos sobrepasaba los dos meses de huelga de hambre exigiendo de una vez por todas la aprobación del proyecto de Ley de Indulto. Una situación que se podría convertir en un episodio dramático y delicado para el gobierno del presidente Ricardo Lagos si hay un desenlace fatal.

Ejecutivo y legislativo dicen no

La posibilidad del indulto depende de una Ley que se apruebe en el Senado de la República. Pero los partidos oficialistas (democristianos, socialistas y socialdemócratas) tiene reunidos 23 de los 32 votos que se requieren. Faltan votos de la derecha y de uno que otro senador designado (casi todos ex jefes militares o del Poder Judicial).

El gobierno, a través del Ministro del Interior, José Miguel Insulza, y senadores y diputados del oficialismo han negociado con la derecha y han entregado los elementos para encontrar "una salida administrativa" a esta situación, sobre todo considerando el alargamiento de la huelga de hambre.

Pero la derecha, representada en los partidos Unión Democrática Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) tiene una tesis clara : votar por el indulto de los presos políticos a cambio de impunidad para uniformados acusados de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

El diputado RN Alberto Cardemil, -quien por cierto fue Secretario General de la Presidencia de Pinochet- declaró que es "difícil que se pueda aprobar el proyecto (de indulto) si no hay un tratamiento en conjunto con la ley que establece incentivos para la entrega de información respecto de los desaparecidos y que incluye la excepción de responsabilidad penal de los funcionarios del Ejército y de las policías"...El senador Alberto Espina (RN), fue más preciso y pidió simetría : "Yo quiero una norma simétrica. Si vamos a beneficiar a personas que cometieron delitos gravísimos en democracia una vez que han transcurrido diez años efectivos desde que están en la cárcel, entonces yo digo que también hay que beneficiar de la misma forma a aquellos agentes del Estado que cometieron delitos de igual identidad". Claro que allí hay un error de objetivización ; porque los jóvenes presos efectuaron actos armados de resistencia ; los uniformados efectuaron actos de ejecuciones, desapariciones, torturas, detenciones ilegales, etc. El senador Jorge Arancibia (UDI) pidió indulto e impunidad al mismo tiempo, lo que definió como un "gran acuerdo nacional" y que actuar así contribuía a crear "condiciones de equidad y en aras del bien común" ; calificó de "poco ecuánime" sólo aprobar el proyecto de indulto y llamó a garantizar la libertad de uniformados acusados de violar los derechos humanos. No hay que olvidar que hasta hace poco Arancibia era el Comandante en Jefe de la Armada y formó parte de la oficialidad naval en los tiempos del régimen militar.

El oficialismo no tardó en reaccionar. El Ministro del Interior, José Miguel Insulza, enfatizó que "los trueques que se proponen son bastante impropios. Si lo hacemos para unos, por qué no lo hacemos para otros. Los unos llevan más de diez años en la cárcel y los otros, no han pasado ni un día en ella. No comparemos las dos realidades". El senador socialista Jorge Naranjo, insistió en que lo de los presos políticos y uniformados criminales "son dos casos distintos que no pueden confundirse ni mezclarse". Agregó a la prensa que "la derecha defiende a los violadores de los derechos humanos, nosotros defendemos a las víctimas. La derecha no puede usar como moneda de cambio" a los presos políticos.

Ya en su momento el Secretario General de la Conferencia Episcopal de Chile, Monseñor Manuel Camilo Vial dijo que "no queremos la impunidad. Hemos hablado que tiene que haber justicia, verdad y también restitución a las personas que se les ha hecho tanto mal".

Se supone que todo estará centrado estos días en que en el Senado se reúnan los 32 votos necesarios para el proyecto de Ley de Indulto. También en que Gendarmería y el Ministerio de Justicia pueda avanzar en otorgar los beneficios penitenciarios a los 33 detenidos políticos, principalmente prisión nocturna, salidas los fines de semana, etc.

Pero hay otro elemento clave. Muchos olvidan en estos días que, para este caso, existe la opción del "indulto presidencial". El presidente Ricardo Lagos podría otorgar la salida en libertad de esta treintena de detenidos políticos.

Pero existe una mala señal. El año pasado, en diciembre, Lagos le negó el indulto al preso político Pedro Rosas, con más de diez años de cárcel, con un par de años de vida afectado por un cáncer terminal y que durante su prolongada detención estudió historia, con excelentes resultados académicos. Priva la idea entre organismos de derechos humanos de que el mandatario chileno no recurrirá al "indulto presidencial" alargando el tema de la "prisión política". Algo que, por cierto, acomoda a la derecha.

Voluntad política

En declaraciones a ANCHI, Viviana Uribe, de CODEPU, dijo que "todo el asunto de la prisión política en Chile pasa por una solución basada en la voluntad política del Ejecutivo y del Senado, por ahí está la resolución administrativa y política más inmediata".

Añadió que "estamos hablando de un grupo de presos que llevan entre diez y trece años de prisión, con condenas a 30 años o cadena perpetua, que han sido sometidos a procesos irregulares. Algunos de ellos podrían ya tener derecho a beneficios como prisión nocturna, salidas los domingos o libertad provisional, y se les niega. Sin embargo, hay una serie de militares, de generales, procesados por ejecuciones y desapariciones de muchísimas personas y no han pasado un solo día en la cárcel".

Sobre el caso de los detenidos que llevan más de dos meses en huelga de hambre (Jorge Espínola, Hardy Peña y Jorge Mateluna), Viviana Uribe manifestó que "están en condiciones deplorables, se quitan a la fuerza los sueros intravenosos de hidratación y creo que podemos hablar, por desgracia, de una huelga de hambre terminal". Frente a la consulta de ANCHI de que haya un desenlace fatal que le genere una crisis al gobierno de Lagos, Uribe opinó : "Sería atroz, no queremos que eso ocurra, pero la situación es grave y eso no debería sorprender si, por desgracia, ocurre".

De hecho los presos políticos en ayuno, ante la situación que ven, emitieron un comunicado donde expresaron que "esta situación nos lleva a tomar decisiones no fáciles, porque ya la salud está muy resentida y la vida está en peligro". Advirtieron que "hacemos responsable de lo que pueda suceder con nuestras vidas al Estado chileno en su conjunto, pues son ellos los que tienen en sus manos las herramientas legales para dar una solución a nuestras demandas".

Protestas

Diversos sectores de la sociedad chilena se han sensibilizado con esta situación o forman parte hace ya rato de todo un movimiento en contra de la prisión política, de la represión y de las acciones autoritarias institucionales.

Se han efectuado marchas, protestas y mítines en Santiago, Valparaíso, Quilpúe, Temuco, Antofagasta, Copiapó y otras ciudades. Hubo toma de embajadas para dar a conocer la situación de los presos en huelga de hambre. Desde México, un grupo de senadores, diputados y dirigentes políticos exigieron la aplicación del indulto. También se ha hecho esa petición en cartas y actos realizados en Canadá, Suecia y Francia.

Colegios Profesionales, sindicatos, federaciones universitarias, la Organización de Defensa Popular, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Asamblea del Pueblo, La Surda, el Encuentro por la Libertad de los Presos Políticos, Radio 1° de Mayo, Partido Comunista, Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos, son algunas de las agrupaciones que han manifestado su solidaridad con los detenidos y han exigido una salida a esta situación que se prolonga cuando menos 13 años.

En una carta al presidente Ricardo Lagos, el Coordinador por la Libertad de los Presos Políticos de Chile instó a la "búsqueda urgente de una fórmula expedita y digna que permita otorgar la libertad a los presos políticos recluidos desde hace diez años".

Según supo ANCHI, no llega este tema a estar en la agenda política del gobierno. Más bien se están buscando medidas "activas" para que en Gendarmería consigan que los detenidos en ayuno no empeoren y finalmente los puedan sacar de la huelga de hambre. Se prevé difícil que el Senado apruebe el proyecto porque, entre otras cosas, los senadores Espina y Arancibia ya dieron "por cerrada" las negociación.

Y es así que probablemente el tema de "la prisión política" quede abierto por largo tiempo más en Chile, un país cuyo gobierno y cuya derecha se jactan de presentarlo como un modelo democrático y de estabilidad. Sin omitir el dato de que seguramente Chile es uno de los países de América Latina con más presos políticos presos condenados a más de 30 años de cárcel.-