La lucha de los "exiliados-inmigrantes" Latinoamericanos por los papeles en España

Por Pilar Marrero
Opinión. Los Angeles, 28 de noviembre de 2004

Oscar Boscoso, tornero soldador de 43 años y originario de Cochabamba, Bolivia, nunca pensó que sobrevivir en España sería tan difícil. Lleva allí desde enero y no ha podido encontrar un trabajo fijo. No tiene papeles y se los exigen en todas partes. ’Hasta para fregar platos te piden’, dice. ’He hecho de todo, desde ayudante de cocina, peón de construcción, ayudante de carpintería’.

’Pero todo es temporal, ahora acabo de conseguir un trabajo por dos semanas’, dice, casi triunfal. ’Me pagan unos 200 euros por semana por nueve horas diarias. Pero nada es fijo’.

Vive en Barcelona, una ciudad portuaria, cosmopolita e industrializada del noreste de la península ibérica. Él, como muchos otros latinoamericanos, está buscando en Europa la supervivencia que no ha podido tener en América Latina. Lo intentó por un tiempo en Argentina, pero la crisis de allí también lo ahuyentó. Usó un préstamo, tomado de un banco que avaló una hermana suya, para pagarle a traficantes que le ofrecieron llevarlo a Inglaterra, pero lo dejaron en España. Como Boliviano, no necesitaba visa para entrar a ese país, pero sí un pasaje de vuelta para llegar hasta Londres. No lo tenía y no pudo seguir el viaje.

En Barcelona vagó por las Ramblas, un paseo peatonal que atraviesa la ciudad y es muy conocido por los turistas. Allí se encontró un día a otro boliviano que lo ayudó. ’Muchas veces había tenido que dormir en la calle’, dice. ’Hasta que unos amigos de mi país me prestaron su sofá. Allí estuve hasta que mi amigo se fue y dejó un lugar libre en un apartamento donde viven varios bolivianos. Allí pago 150 euros al mes’.

Cuando puede reunir algo de dinero, lo manda a su hermana para pagar la deuda con el banco. Al poco de llegar, trabajó por un tiempo en el bar de unos bolivianos. Un día llegó la guardia civil. ’Había denuncias de que vendían drogas. Yo mostré el pasaporte y me llevaron, los que no mostraron nada quedaron libres. Nos ficharon y nos dieron una carta de expulsión’, cuenta. ’Ahora si veo a la policía, prefiero cruzar la calle’.

Ante este negro panorama, Oscar Boscoso solo ve una salida. ’A ver que pasará con este señor Zapatero, ojalá nos dé un permiso, que es lo que más necesitamos’.

El nuevo presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, acababa de tomar el poder. Y entre lo heredado del gobierno anterior estaba casi un millón de historias más o menos como las de Boscoso, un millón de inmigrantes ’sin papeles’, principalmente de América Latina y de Africa, que viven y sobreviven en la ilegalidad.

Para muchos latinoamericanos, que han visto a España como una opción de destino de entrada relativamente sencilla frente al progresivo cierre de puertas legales y la peligrosidad del cruce de fronteras hacia el destino tradicional -los Estados Unidos- la vida en ese país, sobretodo la obtención de documentos legales que la haría más fácil de sobrellevar, ha sido mucho más difícil de lo que esperaban.

Nuevo fenómeno

El primer paso de Zapatero, tras tomar el poder en abril de 2004, fue elevar a nivel de ministerio el manejo de la política migratoria que, según observadores, no tuvo hasta ahora en España un desarrollo legal coherente.

"La llegada de gente al país le ha tomado a contrarié. Las sociedades europeas que han tenido inmigración tradicionalmente, Francia, Alemania o Inglaterra, tomaron hace tiempo una decisión estratégica de definir un modelo de integración", explica José Manuel López Rodríguez, analista de Caritas, una organización de la iglesia católica que se dedica a la acción social.

Según López Rodríguez, España sufrió un aumento tan rápido de la inmigración que ’nadie tomó una decisión de como manejarla y los gobiernos seguramente también vieron un rédito electoral en permanecer pasivos y no enfrentar el tema social’.

Contando apenas con el 11% de la población de la Unión Europea, a España llega el 23% de la inmigración que durante los últimos diez a quince años, ha convertido a Europa en el segundo gran polo de atracción de inmigrantes en el mundo después de los Estados Unidos.

La inmigración a España, uno de los países más prósperos de Europa y con una población autóctona en rápido proceso de envejecimiento, se ha disparado especialmente en los últimos cinco años.

De acuerdo a cifras del gobierno español, en 1991 había unos 360,000 extranjeros residiendo legalmente en España. En 2001, había 1.1 millones y en diciembre de 2003, alrededor de 1.6 millones.

En ese mismo año, se contabilizó la existencia de 2.6 millones de extranjeros empadronados en sus municipios, donde no se pide constancia de residencia para obtener beneficios como la seguridad social. La diferencia entre ambas cifras, 1 millón de personas, es el estimado más claro de cuantos indocumentados viven en ese país.

Consuelo Rumí es la primera Secretaria de Estado para Inmigración y Extranjería y, en una entrevista, afirmó que ’el fenómeno migratorio es, en sí, positivo. Pero si no se ordena, puede causar problemas’.

’La herencia que recibimos del anterior gobierno no es muy positiva, hay mucho caos. Lo que pretendemos es ordenar la inmigración, hacer una integración social’, afirma.

Procesos imposibles

"Es una situación de permanente contradicción. Este país necesita mano de obra venida de fuera y la legislación lo que hace es poner inconvenientes a esas personas que tienen la mano de obra", afirma José Chamizo, defensor del pueblo de Andalucía, una región del sur de España, y que ha abogado consistentemente en favor de que ese país enfrente su realidad migratoria.

En 1985, cuando España estaba a punto de entrar a la Unión Europea, se llevó a cabo la primera ley de extranjería para lidiar con los inmigrantes, que en aquella época aún eran relativamente escasos. Desde entonces, un total de cuatro reformas, han intentado establecer un marco legal para la integración de los inmigrantes.

No obstante, señalan los expertos, no ha sido suficiente. La prueba está en la existencia de 1 millón de inmigrantes sin papeles en la España actual.

’Lo que se ha hecho no acaba de servir para la inmigración. Y lo está diciendo el defensor del pueblo que tiene que garantizar el cumplimiento de estas leyes’, dice Chamizo. "Van cuatro leyes, cuatro leyes desde el 85 la primera y no logran normalizar la situación. Yo no digo que no tiene que haber ley, pero habrá que pensar en que nos estamos equivocando".

La cantidad de personas indocumentadas aumentó radicalmente en los últimos años, coincidiendo con el incremento de la inmigración latinoamericana a España y con la ausencia de programas de regularización desde 2001.

A principios de junio pasado, cientos de inmigrantes desesperados, agrupados bajo el nombre de ’Asamblea por la regularización sin condiciones’, se encerraron en los dos recintos católicos más importantes de Barcelona, la catedral y la iglesia del Pi, en protesta por el caos legal que había permitido la acumulación de 300,000 sin papeles únicamente en esa ciudad.

La existencia del ’sin papeles’, es precaria, dice William Cevallos, un joven líder ecuatoriano que participó en los encierros, junto con docenas de pakistaníes y magrebíes, en Barcelona.

"Vivir en estas condiciones es bastante complicado porque encima no puedes acceder a un trabajo, vivienda, sin papeles no puedes alquilar un piso, no puedes visitar a tu familia, vives en una permanente exclusión social y encima la policía por la calle pide papeles y si no los tienen te salen con una orden de expulsión, afirma Cevallos.

"La gente no se va, se queda, la orden puede durar años que no puedes ingresar a ningún país de la Unión Europea. Todo esto va creando un clima de tensión", agrega.

A los pocos días, y después que el incidente saltó a las primeras páginas de los periódicos, el gobierno del nuevo primer ministro Zapatero anunció varias medidas para acelerar el trámite de papeles en las oficinas públicas y dos meses después, ofreció un plan de regularización que permitirá a los inmigrantes sin papeles que tengan un empleo o una oferta, recibir su residencia y permiso de trabajo.