La imprevisión como politica de Estado en Uruguay

Como ya es costumbre, recién después de que se apaga la última ramita Uruguay se pone a pensar cómo hacer para que esto no se reitere. Sin embargo, la historia se repite y el país no para de arder.

Por Pablo Alfano - Fabián Werner
Brecha. Uruguay, 31 de enero del 2005

Antes como después del fuego

Como si se tratara de una prolija coordinación, se conjugaron todos los elementos necesarios para que el fuego proliferara hasta hacerse incontrolable: la imprudencia de la gente en el manejo del fuego, las condiciones climáticas (temperatura alta, humedad baja, vientos fuertes, ausencia de lluvias) y la insuficiente capacidad del Estado para prevenir y combatir estos desastres.

’Mientras el Senado aprobaba el miércoles una comunicación al Poder Ejecutivo reclamando que se declare ’grave emergencia nacional’ y que se movilicen ’todos los medios necesarios de que el Estado dispone’ para poner fin al incendio que está arrasando miles de hectáreas en Rocha, comenzaron a revelarse detalles de la imprevisión oficial para enfrentar este tipo de siniestros.’ Este párrafo, de inocultable actualidad, corresponde a una nota publicada en la edición de BRECHA... del 10 de enero de 1986. Por aquellos días, los senadores frenteamplistas Hugo Batalla y José Germán Araújo planteaban serios cuestionamientos por la escasez de recursos de la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) y la falta de políticas preventivas. Hoy, 19 años después, otros actores realizan los mismos planteamientos y se hacen las mismas preguntas.

El camino del fuego

Desde el 20 de diciembre hasta el 25 de enero el número de operativos de Bomberos para apagar incendios alcanzó los 1.828, el doble que en el mismo período del año anterior. En ese tiempo la DNB alertó reiteradamente a la población ante el riesgo de nuevos focos por la permanente violación del edicto de Policía del Fuego, normativa que prohíbe el inicio de cualquier fogata en la zona de montes y bosques de la faja costera debido a las ’graves deficiencias de mantenimiento en orden de prevención de incendios’. El lunes 17 la prensa informaba que la noche anterior se había comenzado a combatir un foco en el balneario rochense de La Esmeralda, originado por el propietario de una vivienda que había quemado pinocha en el fondo de su casa (pocos días después el hombre de 59 años terminó procesado con prisión por el delito de incendio). En los días siguientes el fuego descontrolado avanzó hasta arrasar con 500 hectáreas del lugar, y los vecinos cuestionaron severamente el accionar de los mandos encargados del operativo. Los bomberos debieron admitir sus carencias de personal, capacitación y equipamiento y aprovecharon para reclamar mayores recursos.

A comienzos de esa semana también se detectaron varios focos de diversa gravedad en Canelones, Rivera, Salto, Paysandú, Montevideo, Durazno y Treinta y Tres, pero lo más grave todavía estaba por llegar. En la tarde del lunes 24, cuando ya comenzaban a ensayarse evaluaciones del daño producido en La Esmeralda y se calculaba el monto del desastre, estalló un incendio en Punta del Diablo, otro de los más visitados balnearios rochenses. Con el correr de los días el fuego fue afectando un área forestada cada vez más grande de Punta del Diablo, Santa Teresa y Playa Grande, y amenazaba con tomar también La Coronilla.

Según el presidente del Sistema Nacional de Emergencia (SNE), José María Rivero, la labor de combate requirió la coordinación de Bomberos, el Ministerio de Transporte, UTE, OSE, ANCAP, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, las intendencias de Rocha y Maldonado, la Jefatura de Policía de Rocha y empresarios privados que proporcionaron aviones fumigadores para echar agua sobre la zona afectada. Además, se debió recurrir a la ayuda de varios destacamentos de bomberos brasileños que aportaron más de 80 efectivos y cuatro camiones cisterna de 20 mil litros cada uno. De todas formas, se debió evacuar a los visitantes de Santa Teresa y Punta del Diablo, quienes en su mayoría se alojaron en otros balnearios cercanos.

El miércoles 26 las versiones de prensa estimaban entre 1.400 y 5 mil la cantidad de hectáreas afectadas por el fuego, se hablaba de un número de evacuados que superaba los 14 mil y se describía la situación de los balnearios perjudicados por el siniestro como desastrosa, desoladora y prácticamente irrecuperable. Vecinos, operadores turísticos y autoridades locales consultados por BRECHA coincidieron en su malestar por el tremendismo de las versiones difundidas ’desde Montevideo’, que -según decían- iban a afectar seriamente la eventual llegada de turistas para la segunda parte de la temporada. Ese ’efecto secundario’ del incendio fue el que se buscó evitar en la reunión del Consejo de Ministros que ese día rechazó la idea de declarar estado de emergencia porque ’no cambia nada y asusta a la gente inútilmente’, según el presidente Jorge Batlle. Pero fuentes oficiales dijeron a BRECHA que la decisión de no hacer dicha declaración se tomó después de analizar un informe meteorológico que señalaba que las condiciones mejoraban debido a que los vientos habían amainado. Poco después de finalizada la reunión se recibieron noticias que indicaban lo contrario. Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás.

Mientras tanto, en la mañana de ayer, jueves, prácticamente se había logrado dominar el foco que amenazaba La Coronilla, gracias a un inmenso cortafuego de dos kilómetros de ancho realizado por los bomberos brasileños a la altura del canal Andreoni. Sin embargo, por la tarde se habían detectado nuevos focos en Santa Teresa y Punta del Diablo, y se registraba un aumento de la velocidad y permanentes cambios en la dirección de los vientos, razón por la cual el presidente del SNE comunicaba que se había avivado el fuego en algunas zonas que estaban controladas. Y por si no alcanzara con la mala nueva, lanzó un alarma inesperada: ’Todo el país está en situación de alto riesgo, de alguna manera’.

La prevención imposible

El futuro subsecretario de Vivienda, Jaime Igorra, explicó a BRECHA que esta seguidilla de incendios forestales ya ha causado más daños ambientales que los que puedan ocasionar las polémicas plantas procesadoras de celulosa. ’Acá hay un daño ecológico muy grave y no se le puede echar la culpa a ninguna multinacional sino a la desidia de varios gobiernos consecutivos que no han tenido en cuenta que la costa uruguaya ha sido fraccionada en solares en forma absolutamente anárquica y sin tener en cuenta ninguna política de ordenamiento territorial ni ambiental’, se quejó Igorra.

Por su parte, el docente de Geomorfología de la Facultad de Ciencias Daniel Panario dijo a BRECHA que la sucesión de incendios tiene que ver con la imprevisión de las autoridades ante la alta probabilidad de incendios en la faja costera, donde existe una gran acumulación de material combustible debido al tipo de vegetación existente. Panario destacó la incidencia de la política de forestación iniciada a comienzos del siglo pasado, que detuvo el movimiento natural de las dunas (con severas consecuencias ambientales) y permitió la proliferación de un ’ecosistema de fuego’ en el que se desarrollan especies como los eucaliptos, los pinos y las acacias, cuyo crecimiento se ve beneficiado en caso de incendio forestal.

Por el contrario, el monte indígena no tiene esa característica, pero resulta menos atractivo para la industria forestal debido a que sus árboles son de crecimiento más lento y no son negocio a corto plazo, dijo Panario. Además, mencionó que en esa extensa faja que se extiende por la costa, desde Colonia hasta Rocha, hay pocos lugares donde existan barreras naturales que impidan la expansión de los incendios, y en ninguno de estos departamentos hubo una política de construcción de cortafuegos. ’Hay zonas de la costa en las que se podría hacer esto sin afectar predios privados, por ejemplo mediante la utilización de un bulldozer’, sostuvo el docente universitario.

En el Departamento Forestal de la Facultad de Agronomía, el tema se ve desde otra perspectiva. Su coordinador, el ingeniero Carlos Mantero, dijo a BRECHA que este tipo de incendios ocurre sólo en los años en los que coinciden la sequía y las altas temperaturas, y en áreas donde existe una cantidad suficiente de material combustible. En las zonas balnearias también ocurre que las altas temperaturas atraen a veraneantes que no están acostumbrados a convivir con ese entorno y que incurren en negligencias en el manejo del fuego. Mantero comparó la situación de indefensión en estas áreas de bosques de uso turístico con lo que ocurre en las de forestación comercial, donde hay un sistema instrumentado para que esto no pase.

Natalia Marius, integrante del mismo departamento y docente de protección forestal y prevención de incendios, destacó que también existe una clara diferencia con las plantaciones comerciales en el cumplimiento de la legislación, ya que en estos casos ’todos cumplen, o tienden a cumplirla’. Sin embargo, la población en general no respeta los decretos que regulan, por ejemplo, el uso de campings o zonas costeras densamente pobladas porque en la mayoría de los casos la desconoce. En esas áreas (definidas como ’zonas de interfase’ por la existencia de viviendas en los bosques) el ordenamiento territorial brilla por su ausencia, al tiempo que albergan grandes cantidades de combustible, tanto en los predios habitados como en los baldíos.

Por otra parte, teniendo en cuenta que en Uruguay no existen antecedentes de incendios por causas naturales, todas las posibilidades de prevenirlos pasan por educar a la gente y por mejorar los mecanismos de control de la legislación vigente. ’La educación es la mejor forma de apagar el incendio antes de que pase’, argumentó Mantero, mostrándose partidario de incluir a los organismos vinculados a la enseñanza entre los encargados de instrumentar políticas preventivas en la materia.

Entre otras medidas, también mencionó que las intendencias deberían exigir a los operadores turísticos que se controle la cantidad de combustible disponible en los bosques, mediante penalizaciones tributarias a los propietarios de bosques baldíos. Otra de las iniciativas a implementar sería la extensión de las redes de localización de humos, mediante la instalación de torres que permitan una detección temprana. ’Si se puede atacar el fuego cuando todavía es de superficie hay más posibilidad de controlarlo que cuando pasa a ser incendio de copa, que es mucho más fácil de propagar por la acción del viento’, explicó Mantero.

Las deficiencias en la coordinación entre los distintos organismos y los escasos recursos (tanto materiales como humanos) con los que cuenta Bomberos explicaron que hubiera habido serias dificultades en el combate al fuego. Mantero sostuvo que Uruguay podría inspirarse en el ejemplo de Canadá, donde existe un cuerpo de bomberos voluntarios especialmente entrenado para situaciones de emergencia y que responde al mando de profesionales.

El miércoles 19 el gobierno anunció que finalmente implementará lo dispuesto en un protocolo de acuerdo firmado en diciembre de 2003 con la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales de Argentina (Conae) para crear un Sistema de Alerta y Monitoreo de Incendios Forestales (SAMIF) y dotar a la DNB de ’una herramienta eficaz, tecnológicamente avanzada y en tiempo adecuado, para obtener un alerta temprana en caso de probables siniestros, así como una vez verificados los mismos, emplear un sistema de información geográfica actualizado que le otorgue ventajas comparativas muy importantes en la administración de sus recursos humanos y materiales para estas emergencias’. El acuerdo incluye la utilización gratuita de las imágenes satelitales cedidas por la conae.

El presidente del Sistema Nacional de Emergencias dijo a BRECHA que ésta es la principal apuesta preventiva contra este tipo de desastres, pero descartó que la ocasión elegida por el presidente Batlle para finalmente poner en marcha el acuerdo haya sido una consecuencia directa del incendio que por esos días afectaba al balneario La Esmeralda. En cambio, atribuyó la demora en la implementación del SAMIF (se calcula que comenzará a funcionar en un plazo que oscila entre tres y seis meses) a lo engorroso de la coordinación entre los distintos organismos estatales que participan en él.

Gabriel Platzeck, técnico de la Conae argentina, declaró a su vez que este material sólo se proporciona a pedido de parte (es decir que la Conae no alerta sobre la existencia de riesgo o existencia de incendio) y que una vez pedida la información su organismo cuenta con 48 horas para enviarla en caso de que se esté ante una situación normal, y ese tiempo se reduce al mínimo posible si existe una emergencia. Según la Conae, el SNE no realizó ningún pedido de información en los últimos días pese a que se estaba ante una emergencia.

Las imágenes satelitales, que pueden abarcar un cuadrado de 180 kilómetros de lado y alcanzar un tamaño superior a los 400 megabytes, son enviadas a través de correo privado o, en caso de emergencia, mediante la red privada de la Conae por Internet. Platzeck explicó, por otro lado, que de allí puede extraerse información sobre el tipo de combustible que existe en el suelo, la vegetación del lugar y los focos de calor, datos que permiten elaborar un índice de probabilidad de incendio forestal como el que utiliza el Plan de Manejo de Fuegos en Argentina. No obstante, aclaró que el alerta temprana de este tipo de desastres ’no es una cosa simple’. Si las informaciones comunicadas no son leídas de manera correcta, se corre el riesgo de decidir estrategias equivocadas, indicó. Aclaró además que los satélites no proporcionan información permanente, ya que no tienen un tránsito diario por la región (puede haber períodos de hasta 16 días sin datos) y en consecuencia puede ocurrir que en una situación de emergencia no existan imágenes porque los satélites no las suministran.