La herencia que dejaron en Uruguay

Por Saúl Posada
La República, Uruguay, 5 de junio del 2005

Ante la multitud de problemas que vienen ingresando a la agenda de gobierno, éste se ha visto desbordado por la compleja dimensión que conllevan, causados por las gravísimas omisiones, ineficiencias e irresponsabilidades de las administraciones anteriores. Y como no escapará al intelecto del lector, la absoluta ausencia de recursos financieros para encauzar al país por el camino apropiado, comporta el obstáculo más visible, para dar respuestas satisfactorias con la prontitud que colectivamente todos anhelamos.

Si bien es cierto que se tenía conocimento de la delicada situación económica imperante, por los datos parciales o restrictivos con que se caracterizó la transición, debe admitirse que luego del primero de marzo se comprobó que aquella era caótica, por la maraña de conflictos que la misma viene desatando.

Porque en rigor no hay una sola área de la vida nacional que tenga la casa en orden, sino por el contrario pasivos impresionantes, gastos innecesarios, personal excesivo, y una corrupción que ha dañado fuertemente la credibilidad pública.

En este contexto, resulta deplorable que los culpables de que la nación se encuentre postrada moral, social y económicamente, en lugar de asumir sus responsabilidades, se arroguen el papel de fiscales con cuestionamientos de menor cuantía. Obsérvese que son los mismos que en noviembre de 1999 le prometieron al pueblo llevar a la práctica un programa con metas progresistas, las que nunca fueron cumplidas.

La oposición guarda silencio sobre la asfixiante deuda externa que han dejado, cuyo gigantesco monto le está limitando a la actual Administración sus movimientos en el campo presupuestal, ya que con estas reglas de juego se erosionan seriamente salarios, pasividades y recursos que son fundamentales para atender las obligaciones primarias del Estado. Y si apuntamos al endeudamiento interno, comprobamos que en dos décadas nunca lo atendieron con realismo y equidad, ya que mientras se ha sido implacable con modestísimos empresarios, los categorizados como "grandes" jamás han conocido la instancia del remate de sus bienes.

Si nos internamos en la órbita de los derechos humanos, vemos que votada la Ley de Caducidad no cumplieron con su artículo cuarto, permitiendo que la angustia y la incertidumbre destrozaran el corazón de los familiares de las víctimas, cuyos destinos se sigue ignorando, por la inequívoca complicidad de los gobernantes de los últimos veinte años. Adviértase que la negligencia exteriorizada en ese lapso, ha impedido el esclarecimiento de los asesinatos de los legisladores Michelini y Gutiérrez Ruiz, como asimismo que 32 años después, prosiga a nivel judicial el análisis de si Juan María Bordaberry violó la Constitución el 27 de junio de 1973, al disolver las Cámaras y promover un régimen dictatorial cuya historia se sigue contando.

En materia de Seguridad Social nada hicieron para evitar que 750 mil compatriotas hoy no cuenten con esa cobertura, mientras sigue siendo un misterio qué pasó con los 450 millones de dólares que los pasivos desde 1987, vienen aportando para la construcción de viviendas. Y si hacemos un recorrido por nuestra desierta campaña, corroboramos la total desprotección en que viven los asalariados de un sector cuyas condiciones de trabajo se inscriben en un modelo feudal incompatible con el sistema democrático.

Recuérdese que en 30 años (período 1972 - 2002) la población rural disminuyó en un 40 por ciento, las explotaciones en un 26 por ciento y los trabajadores en un 13 por ciento, como consecuencia de las políticas de Estado, que siempre defendió la actual oposición. En ese marco a nadie puede extrañar que se desmantelaron las escuelas rurales, mientras creció el latifundio improductivo, acompañado de un proceso por el que la tierra se ha ido extranjerizando con fines especulativos.

Pero la prueba lapidaria del fracaso del gobierno de coalición y administraciones que la precedieron, son los índices de pobreza, desocupación e inseguridad, que se registran y que hoy está enfrentando el doctor Tabaré Vázquez y su equipo, con las dificultades que son de conocimiento público. De manera que en lugar de detenerse en críticas laterales o secundarias, o escandalizarse por las discrepancias propias de una fuerza política democrática, la oposición tendría que hacer sus aportes, para que el Plan de Emergencia llegue a los miles de familias oprimidas por el hambre.