La economía política llegó a la Defensa en Uruguay con remates de aeropuertos y exportación de soldados

Por Samuel Blixen
Brecha

Entre la subasta del aeropuerto de Carrasco y las justificaciones de las nuevas misiones en el Congo o las presiones para incorporar soldados uruguayos en las fuerzas de ocupación de Irak, la política del Ministerio de Defensa se mimetiza con una especie de gestión empresarial.

El interés del Foro Batllista en el Ministerio de Defensa nacional está determinado no sólo por el control de la interna militar y por el resguardo de la impunidad. Hay múltiples referencias, en las apreciaciones públicas del ministro Yamandú Fau, a ’cuestiones económicas’. Y ellas van desde la posibilidad de tender cabeceras de puente para el incremento de las exportaciones uruguayas, hasta las privatizaciones, pasando por el recuento de los ingresos de divisas que aportan las tropas uruguayas estacionadas en el exterior.

Parte de la política militar está estrechamente relacionada con los intereses de Estados Unidos en la región y las presiones que se ejercen para incorporar a nuestro país, sin titubeos, en las estrategias belicistas y de dominación que impulsan el Pentágono, la Casa Blanca y los centros de poder económico vinculados a la industria armamentista y al petróleo.

La posibilidad de que pilotos uruguayos se incorporen a las tripulaciones de los helicópteros estacionados en el Sinaí y en la zona del Canal de Suez es funcional a las necesidades estadounidenses, porque así se puede desplazar a la zona del Golfo Pérsico personal con vasta experiencia en una geografía que es similar y que resulta de gran utilidad en el teatro de la ocupación de Irak.

Sin embargo, a diferencia de la conducta presidencial, en el ámbito del Ministerio de Defensa parece primar una política forista de ’toma y daca’ que produce luces y sombras : la resistencia a considerar la zona fronteriza con Brasil como parte del esquema yanqui de la ’triple frontera’ -es decir, una zona sospechada de ser enclave de grupos fundamentalistas árabes, y por lo tanto de franquicia para la presencia militar estadounidense- explica en parte la suspensión de la ayuda militar decretada recientemente por el Departamento de Estado. En principio, y aun cuando el Ministerio de Defensa ha patrocinado unos proyectos de ’acción cívica’ de personal médico militar estadounidense en el hospital de Rivera, el corte de esa ayuda está determinado por la resistencia uruguaya a conceder la inmunidad a tropas estadounidenses susceptibles de ser acusadas ante el Tribunal Penal Internacional, un elemento que condiciona el despliegue de personal militar en la zona, pero también se explica por la reticencia a incorporar tropas uruguayas a la fuerza internacional que pretende asegurar la ’reconstrucción’ de Irak.

La perspectiva de una presencia militar uruguaya en Irak no ofrece por el momento ninguna ’ventaja’ y, en cambio, introduce de la forma más concreta y dramática la posibilidad de que se produzcan bajas, indefectiblemente. Pero es, por ahora, y más desde que la fuerza internacional sufrió las deserciones de El Salvador y de Portugal, una prioridad de Estados Unidos. Las presiones de la embajada en ese sentido -véase recuadro- incorporan ahora el elemento del ’interés económico’. La posibilidad de vender nuevas plantas potabilizadoras de agua -que recientemente permitieron recaudar unos 27 millones de dólares- significa para el ministro Yamandú Fau la eventualidad de crear nuevas fuentes de trabajo y ello justificaría el traslado de personal militar a Irak en misión de asistencia técnica y de mantenimiento de las unidades potabilizadoras.

El beneficio económico está también vinculado a la postura que Uruguay adopta ante la modificación del estatuto que rige para los destacamentos uruguayos desplegados en la República Democrática del Congo. Las matanzas étnicas en la zona de los Grandes Lagos, donde están estacionados los más de 1.500 soldados uruguayos, indujeron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a cambiar la función de los cascos azules : regidos en principio por el capítulo 6 de la norma sobre las fuerzas de paz, que limita la acción al ’mantenimiento de la paz’, ahora los militares uruguayos deberán regirse por el capítulo 7, referido a la ’imposición de la paz’, que sugiere una actitud ofensiva y un involucramiento directo en las acciones bélicas. Esta modificación no altera el rasgo determinante de la participación uruguaya, es decir, los nueve millones de dólares anuales que ingresan por la vía de la paga a la tropa.

Aunque está en discusión si existe una autorización constitucional para que los militares uruguayos en misiones en el exterior participen en acciones ofensivas (en principio el Encuentro Progresista estimó que no y reclamó la sanción de una ley, iniciativa que descartaron blancos y colorados, de modo que los nuevos roles de los cascos azules uruguayos fueron establecidos por la vía de los hechos), el Ministerio de Defensa y el gobierno se abroquelan tras un argumento que la experiencia se empecina en desmentir : la utilización de las misiones militares en el exterior como forma de abrir nuevos mercados a las exportaciones de productos uruguayos. Salvo algún episodio aislado, las misiones militares no han producido, hasta ahora, un incremento significativo de nuestras exportaciones, y la presencia de tropas uruguayas en el Congo, en un volumen que es considerado significativo, no ha dado réditos comerciales.

Sin embargo es posible que el ministro Fau encuentre finalmente un beneficio económico en el Congo : la modificación del rol de la misión uruguaya (de ’defensa’ a ’imposición’ de la paz) implica, necesariamente, adecuar el armamento de los soldados a los requerimientos de la guerra. Para ’imponer’ la paz, los uruguayos deberán equiparse con otras armas y contar con otro tipo de vehículos. La financiación del nuevo equipamiento corre por cuenta de las Naciones Unidas, que desembolsa el dinero ; pero la adquisición corre por cuenta del Ministerio de Defensa.

Algunos operadores que en el pasado intermediaron en la adquisición de armamento y material militar están presionando para que se confirme la aceptación de los nuevos roles en el Congo, según se comentó en medios parlamentarios.

Sin descartar la argumentación de que las misiones de paz son un invalorable aporte a la formación de nuestros cuadros militares, los conductores de la política militar incorporan cada vez con mayor asiduidad el ’factor económico’ para justificar las orientaciones en boga.