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Por El Siglo
(Chile)
La detención del ex ministro Carlos Cruz fue el detonante de un ataque de nervios en La Moneda; los desafueros, en toda la Concertación. Son los costos impredecibles de mantener las reglas del juego establecidas por la dictadura, tanto en la defensa del modelo como en la forma de administrarlo. La cultura de los escándalos ha derrumbado países y economías nacionales. ¿Hasta cuando aguantará Chile?
Diputados desaforados y listos para ser procesados por un tribunal, un ex ministro junto a otros dos ex funcionarios de gobierno detenidos por orden de un juez, parece el guión de una serial sobre la mafia en Estados Unidos. Pero, no: es Chile del año 2003, al despuntar el siglo XXI.
La detención del ex ministro de Obras Públicas Carlos Cruz, reconocido colaborador de Ricardo Lagos, explotó en medio de la crisis que enfrenta la Concertación, agregando un grado más de dramatismo a los escándalos por corrupción que envuelven al conglomerado. El sorpresivo golpe -aunque sospechado, según personeros de La Moneda- se produjo a partir de las causas ya conocidas que lleva el ministro Carlos Aránguiz, de Rancagua, en torno al tristemente célebre caso coimas y la investigación del escándalo MOP-Gate. Considerado una persona agradable y estimado por muchos, Carlos Cruz quedó detenido por orden del ministro Aránguiz, bajo la acusación de fraude al Fisco, y arriesga una condena de 541 días a cinco años. Junto a él, quedaron detenidos Sergio Cortés, jefe de finanzas de vialidad y ex inspector fiscal del contrato con la empresa Gate, y Hector Peña Véliz, dueño de la empresa mencionada. Los tres, militantes o identificados con el Partido Socialista.
Más de MOP-GATE
La historia es larga, hasta llegar a su más reciente capitulo que tuvo como detonante la aparición de una nueva lista con 75 funcionarios que recibían sobre sueldos a través de Gate, entre los que figuran los actuales intendentes de las regiones Primera y Sexta, además del propio Patricio Tombolini, con $2.750.000. (U$S 3.800.-)
Al cierre de esta edición, todo indicaba que serían desaforados los cinco parlamentarios inculpados en el caso coimas: Juan Pablo Letelier, del PS; Eduardo Lagos, del PRSD; Víctor Manuel Rebolledo, del PPD; Jaime Jiménez y Cristián Pareto, ex militantes de la Democracia Cristiana.
Más allá del intenso lobby con que se intentó acceder a los ministros de la Corte Suprema, para interceder en favor de algunos de los inculpados, trascendió que todos serían desaforados. No importa si pesó la reacción airada de alguno de los supremos ante las presiones, o simplemente actuaron apegados a derecho. Tampoco, si alguno de los diputados salvó ileso de la investigación. Lo principal está constituido por la gravedad del escándalo y los grados de inmoralidad imperantes en la gestión pública. La falta de transparencia que se trata de explicar comparando los hechos con situaciones de la vida cotidiana, como argumentó el propio ex ministro Cruz, que por ejemplo siempre hay quien intenta sacar provecho de algunas situaciones menores que de manera fortuita le favorecen, pero que no le corresponden…
Efecto en la Cámara
Claro que para la Concertación no es un hecho menor el que pierda importantes votos en la Cámara de Diputados, por lo que el lobby desplegado no escatimó posibilidades para salvar al menos a Juan Pablo Letelier y a uno de los parlamentarios democratacristianos. La agencia Mundo Posible consignó que algunos ministros de la Corte Suprema representaron su molestia por las continuas llamadas y sucesivos mensajes desde la Concertación, algunos de los cuales llegaron a exigir precaución y benevolencia al momento de emitir el voto respectivo.
Pese a todo, el hermetismo de los integrantes de la Suprema, basado en un voto de reserva para no revelar lo acordado y permitir una redacción tranquila del ministro Adalís Oyarzún, representó una potente señal de voluntad independiente de uno de los poderes más cuestionados en los últimos treinta años.
Ciertamente que la merma en los votos de la Concertación en la Cámara baja puede afectar la agenda legislativa oficialista para los próximos meses y tal vez por el resto del período, pero es un daño colateral comparado con el efecto sobre la credibilidad y confiabilidad de los representantes oficialistas.
Causas y fondo
Nada de esto sería posible si en el país existiera un escrutinio popular y formas de fiscalización participativas, señalan algunos dirigentes de la izquierda.
El escenario propicio para ver sentados en el banquillo de los acusados al ex ministro Cruz y los parlamentarios, tiene precedentes forjados por la dictadura, que llevó a prisión a su propio biministro Rolf Lüders.
En el escenario actual, los temores rondan en torno a que la investigación aproxime las pistas que sigue el magistrado Aránguiz hacia Ricardo Lagos, lo que podría acrecentar la magnitud de la crisis política actual.
Fuentes allegadas a las plantas de Revisión Técnica de la VI Región, señalaron a El Siglo que el caso coimas es solo la punta de un iceberg de enormes dimensiones, porque en la zona, por ejemplo, no existiría una sola actividad empresarial de relativo interés que escape al control de los grandes empresarios habituados a ’mojar’ a quienes les facilitan la realización de sus operaciones comerciales.
Si tales datos se suman a la impunidad que se arrastra en casos de mucha mayor envergadura, como las operaciones de saqueo perpetradas por los grandes grupos económicos a las empresas fiscales tras el golpe de Estado, el salvataje de la banca, cuando la dictadura compró las carteras vencidas con platas fiscales o los negociados de la familia Pinochet en pleno (fraude al Instituto de Seguros del Estado, Casa del Melocotón, Pinocheques, entre otros), los actuales sucesos surgen en medio de las condiciones que hicieron posibles aquellos que, además, quedaron impunes.
Lo que huele mal
En tanto le llueve sobre mojado a la Concertación, la derecha tradicional aprovecha de fustigar al conglomerado oficialista, pero guarda la compostura porque también tiene velas en la misma procesión. Baste señalar que en la comisión política de la UDI participan empresarios que hicieron sus fortunas saqueando las antiguas empresas del Estado, sin considerar parte de sus actuales operaciones financieras.
El encarcelamiento del ex ministro Cruz, los desafueros de cinco parlamentarios de gobierno, son un potente llamado de atención, no para sus protagonistas, que presumiblemente buscarán modo de corregir los errores en la realización de los actos que los expusieron ante la ley y la opinión pública, sino para la ciudadanía que tiene el deber de intervenir para obtener una mayor participación de la forma en que se ejerce el poder en el país y se decide el futuro de toda la población.
De no haber reventado estos escándalos, la atención general sobre tales irregularidades no existiría y éstas preocuparían a mucho menos personas que en la actualidad, cuando en verdad es difícil aceptar que los casos de corrupción se reduzcan sólo a esto.
Como señalara el director de la fundación Terram, Marcel Claude: algo huele muy mal en Chile.