La asignatura pendiente, sigue pendiente en Uruguay

En las postrimerías del gobierno del doctor Jorge Batlle, un cúmulo de hechos vienen a demostrar lo que más de una vez se ha dicho : las cuestiones que atañen a la impunidad siguen sin resolverse.

Editorial de La República
La República . Montevideo, 14 de noviembre del 2004

El gobierno, que inició su gestión con algunas medidas que parecían contrariar la tendencia prevaleciente en los dos gobiernos de Sanguinetti y el de Lacalle, llega al final de su mandato sin que se haya consagrado ningún paso sustantivo que signifique un avance en materia de verdad y justicia.

Por el contrario, la situación se ha seguido complicando, el número de evidencias se acrecienta y las autoridades uruguayas asisten impasibles a los pedidos de extradición, a las denuncias internacionales y a las solicitudes de los familiares de Detenidos Desaparecidos.

Por otra parte, además de los pronunciamientos recientes de los ejércitos de Chile y de Brasil, reconociendo la aplicación de torturas brutales sobre la población civil vienen creando un contexto regional del mismo signo que el impulsado por el gobierno de Néstor Kirchner en la Argentina.

En nuestro país, los contenidos del libro del general (r) Oscar Pereira que refieren a la misma problemática han movido al Poder Judicial, y el ex general trasladó sus puntos de vista al magistrado acerca de la responsabilidad de los mandos militares en el conjunto de episodios que culminaron con el asesinato de Eugenio Berríos.

El contencioso planteado para el lunes entre los magistrados actuantes y el Poder Ejecutivo referido a la necesidad de investigar los terrenos del Batallón Nº 13, investigación a la que el Ministerio de Defensa se niega, obstaculizando y enfrentando la labor del Poder Judicial, es otro ejemplo de una situación que se está dejando llevar al punto de no retorno.

Se trata de una responsabilidad de este gobierno. Responsabilidad que por un mínimo sentido de la decencia, no debería dejar como herencia para la próxima administración.

Si el Poder Ejecutivo tiene autoridad para el resto de las funciones de administración, incluyendo innumerables nombramientos de nuevos funcionarios públicos, también tiene en sus manos la conducción de estas investigaciones y, sobre todo, la de no poner piedras en el camino de los técnicos forenses y los magistrados que vienen analizando el delicado problema de si hay o no evidencias de restos humanos en predios ocupados por unidades militares.

Las chicanas y la frivolidad con que se viene tratando este tema son realmente alarmantes y muestran hasta qué punto fueron ilusorias las expectativas que se trazaron acerca de la decisión del doctor Batlle de avanzar en dirección al conocimiento de la verdad. Cuando llegó la hora, se fue al mazo como los gobiernos anteriores, pese a las promesas que realizara durante los primeros meses de su mandato.

El otro elemento que surge con claridad es que la Ley de Caducidad no ha sido capaz de resolver los problemas que el legislador se proponía. La caducidad de la pretensión punitiva ha caducado.

Nuevos hechos en el mundo y en la región, la desclasificación de archivos y las confesiones de algunos militares, todos esos elementos vienen siendo decisivos para que los pueblos tomen un conocimiento más cabal y extendido sobre los alcances reales que en nuestros países han tenido los regímenes de terrorismo de Estado.

Las investigaciones han procedido tanto en el ámbito de la justicia de algunos países como Chile y Argentina, como por la labor de periodistas de distintas partes del mundo, interesados en rescatar la memoria de lo ocurrido en estas comarcas. Un ejemplo de ello ha sido la magistral investigación llevada adelante por Gabriele Weber acerca de cómo colaboró la empresa Mercedes Benz con la dictadura argentina (y de la complicidad de algunos burócratas sindicales).

La Ley de Caducidad ha sido sobrepasada por las revelaciones que muestran una enorme cantidad de casos que no están amparados en su texto, y que por tanto deben ser investigados.

Seguir difiriendo esas investigaciones es otra mala jugada que el actual gobierno pretende realizar contra la administración elegida por el pueblo que accederá el 1º de marzo.