La anulación de la Ley de Caducidad en Uruguay provoca dura reacción.

Por Alberto Salazar Gutierrez
Prensa Latina Montevideo, 22 febrero 2009.

En medio de una campaña electoral caracterizada por encendidos debates, el tema de la legitimidad de la Ley de Caducidad inflamó aún más las disputas entre el gobernante Frente Amplio (FA) y los partidos opositores.

De profunda sensibilidad en el seno de la sociedad uruguaya, el asunto también involucra -y no en último lugar- a un amplio espectro de organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos que, sin desatender el debate, siguen su propia vía para anular la normativa.

Si ya la semana pasada la decisión del gobierno de declarar inconstitucionales tres artículos de la ley generó una pronta respuesta en la oposición, la perspectiva de que la Asamblea General haga otro tanto el próximo miércoles enerva a la cúpula de los partidos Colorado y Nacional o Blanco.

No es poco lo que está en juego : si por cualquier vía la ley hace aguas, decenas de ex militares y policías violadores de los derechos humanos en tiempos de la dictadura (1973-1985) podrían ir a parar al banquillo de los acusados.

Valiéndose de todos los medios -en primer lugar los de prensa- ex presidentes, precandidatos a presidentes, parlamentarios, juristas y todo cuanto vota, opina y rechina en las filas de los partidos tradicionales uruguayos, ponen el grito en el cielo ante el sesgo que cobran los hechos.

Fue con sus votos, y contra los de la hoy gobernante coalición de fuerzas de izquierda, que se aprobó en 1986 la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Hasta ahora, todo cuanto ha ocurrido es que el Poder Ejecutivo atendió el pedido de la fiscal Mirtha Guianze de declarar inconstitucionales los artículos 1, 3 y 4 de la normativa en la causa por la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray en 1974.

También, que el Parlamento transfirió el asunto a la Asamblea General, que con todo y ser el máximo órgano de poder legislativo en el país sólo podrá pronunciarse de modo casi simbólico a aquel respecto en tanto sus resoluciones no son vinculantes (de obligatorio acatamiento).

Si protestado fue un hecho, más lo fue el siguiente : blancos y colorados alegan que la declaración de inconstitucionalidad de cualquier ley es potestad exclusiva del Poder Judicial y de su máximo órgano jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Eso nadie lo discute. Los propios miembros de la SCJ repiten hasta la saciedad que en modo alguno pretenden pasarle la posta a los otros poderes del estado, y que su actuación se ha limitado a pedir la opinión de estos sobre el caso concreto, particular y único de Sabalsagaray.

Pero además, cuando el asunto regrese a la SCJ, su Fiscal de Corte se expedirá sobre el punto sin que su dictamen obligue a los otros cuatro ministros a acompañarlo en la decisión, cualquiera sea ésta.

Como de momento esa es sólo una eventualidad, lo que ahora ocupa todas las energías de los legisladores blancos y colorados es evitar que la Asamblea General discuta los tres citados artículos, médula y sostén de la ley.

Será, como se ha dicho, una discusión de corte técnico-jurídico sin implicaciones vinculantes, aunque sí de proyecciones ético-filosóficas de indudable impacto en una sociedad aún dividida entre el olvido y la amnistía, de una parte, y la memoria y la justicia por la otra.

Por ahí andan las cuitas de la oposición : la Asamblea General emitirá una declaración surgida de un profundo y seguro encendido debate que al cabo reflejará la opinión mayoritaria de ese ente pluri-personal al que pertenecen los miembros de las dos Cámaras del Parlamento.

A no pocos llama la atención que los legisladores blancos y colorados, tan declarados partidarios de la democracia representativa y de la tolerancia, habituales promotores de debates e interpelaciones a ministros, rechacen discutir un tema de tan alta sensibilidad pública.

Una de sus alegaciones es que el tema de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura fue definitivamente laudado cuando en 1989 la Ley de Caducidad fue ratificada mediante plebiscito.

La mejor prueba de que no es así, lo constituye la nunca desvanecida controversia sobre el tema, sin contar recientes encuestas según las cuales hoy por hoy la mayor parte de la ciudadanía es contraria a la normativa.

A la espera del desenlace, pero más confiada en su accionar que en cualquier otro mecanismo, la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad sigue recogiendo firmas para pedir una nueva consulta popular sobre el particular.

Su meta inaplazable es entregar antes del 25 de abril más de 251 mil 847 rúbricas (el 10 por ciento del padrón electoral) para solicitar a la Comisión Electoral que convoque al referendo junto con las elecciones nacionales del 25 de octubre.

Para las organizaciones miembros de la Coordinadora, tanto la aprobación de la Ley de Caducidad por el Parlamento en 1986 como el referendo de 1989 son capítulos de una historia que sólo concluirá una vez demostrado que lo único que no caducan son la verdad y la justicia.