La Triple A se reagrupa en prisión

El juez federal Norberto Oyarbide ordenó la detención de Felipe Romeo, el hombre que dirigía la revista El Caudillo, órgano de difusión de la Triple A, y que como reveló Página/12 vive en Buenos Aires reciclado como restaurador de cúpulas y edificios antiguos. El magistrado también dispuso el arresto del ex policía Miguel Angel Rovira, otro integrante de la organización terrorista de José López Rega, acusado de haber sido el autor de los disparos en la cabeza y el tórax que mataron en septiembre de 1974 a Julio Troxler, militante peronista y ex subjefe de la Policía Bonaerense. Tanto a Romeo como a Rovira se les imputa el delito de asociación ilícita y al menos ocho homicidios cometidos durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.

Desde que el mes pasado una investigación periodística española reveló que uno de los jefes de las Tres A, Rodolfo Eduardo Almirón, llevaba una vida sin sobresaltos en Valencia, Oyarbide dispuso su detención, luego la de su ex compañero Juan Ramón Morales y ayer agregó dos casos más al pedir la captura de Romeo y Rovira. El ex subcomisario Almirón, que comandaba la custodia de Isabelita, quedó preso en Madrid a la espera del proceso de extradición. Morales, el ex comisario guardaespaldas del propio López Rega, quedó con arresto domiciliario en su casa en Palermo. A Romeo y Rovira anoche los buscaban la Policía Federal e Interpol, según informaron a este diario allegados a la pesquisa.

Romeo era un personaje conocido en la ultraderecha, miembro de la Guardia Restauradora Nacionalista que se escindió de Tacuara, y fundó El Caudillo, el house organ de la Triple A que financiaba el Brujo desde el Ministerio de Bienestar Social. Tenía 28 años cuando, en 1973, comenzó a editar la revista en la que acuñó la consigna "el mejor enemigo es el enemigo muerto". Resultó uno de los primeros escrachados, en 1975, en la vieja causa judicial sobre la organización parapolicial. Fue por la denuncia de un granadero que, por casualidad, cuando se le descompuso la camioneta entró a pedir ayuda a un edificio en Figueroa Alcorta 3297. Le dijeron que era la redacción de El Caudillo y Puntal, pero advirtió que era una sede disfrazada de la estructura terrorista. Había un arsenal y una mujer a quien aludían como "la secretaria de López Rega".

El mismo Romeo figura en el expediente como quien se encargó de alquilar el inmueble que oficiaba de centro de operaciones. Pese a todo, nunca declaró ante la Justicia. Por eso, en cuanto lo apresen quedaría incomunicado. Rovira, en cambio, declaró alguna vez y -como todos los implicados- dijo ser ajeno a la Triple A. Este ex policía compartía funciones con Almirón y su ex suegro Morales. Funcionaban como equipo, tanto que López Rega se llevó a los tres a España cuando viajó en comisión, ya corrido del poder. Rovira fue sorprendido en Buenos Aires, trabajando como jefe de seguridad de Metrovías, donde los trabajadores exigieron su despido. Según funcionarios con acceso a la causa, habría pruebas de su intervención directa en el asesinato de Troxler, fusilado de ocho balazos. Lo dejaron con las manos atadas junto a un paredón en Barracas y le dispararon desde un auto.

Pero la acusación contra Rovira no se limita al homicidio de Troxler. Al igual que Romeo y los dos jerarcas policiales que ya están detenidos, se les imputan al menos ocho asesinatos, entre los que figuran los del ex diputado Rodolfo Ortega Peña y de Silvio Frondizi, profesor universitario y hermano del ex presidente Arturo Frondizi. Son los crímenes que se señalaron en la causa desde un comienzo y los que permitieron la extradición de López Rega en 1986, quien murió en la cárcel antes de recibir sentencia.

En el juzgado de Oyarbide hay copias y extractos de la revista El Caudillo. Un editorial de 1974, que pinta el tono de la publicación, decía : "El enemigo está en la ’cosa’ las 24 horas del día (...) para combatir este tipo de guerra las fuerzas de seguridad tienen que despojarse de todas las trabas mentales y legales que les atan las manos. El Código Penal en muchos casos es insuficiente. El paredón es más efectivo..." En otros casos celebraban y reivindicaban los asesinatos de la Triple A. Lo hicieron, por ejemplo, con un cínico "réquiem" tras el homicidio de Ortega Peña. Para Oyarbide, esos crímenes son delitos de lesa humanidad y no prescriben, según una resolución que firmó días atrás. Esto significa que nadie podrá escudarse en el paso del tiempo y que la lista de acusados puede seguir.

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EL TITULAR DE DERECHOS HUMANOS, CITADO COMO TESTIGO
El relato de los damnificados

El día que la Triple A mató al diputado Rodolfo Ortega Peña, su socio y amigo Eduardo Luis Duhalde fue a reconocer el cuerpo perforado por quince proyectiles a la comisaría 15. "Nunca me voy a olvidar : allí estaba el comisario Alberto Villar, que festejaba con los demás policías y gritaban ¡qué noche fantástica !", repasa el actual secretario de Derechos Humanos. Junto con Ortega Peña, Duhalde denunció desde un comienzo a José López Rega y su estructura terrorista a través del periódico Militancia que ambos dirigían. Fue, además, un testigo clave cuando la Justicia extraditó al Brujo desde Estados Unidos. Ahora el juez Norberto Oyarbide lo citó para que vuelva a dar su testimonio. También convocó al ex senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, víctima del primer atentado reivindicado por la organización parapolicial.

Duhalde y Ortega Peña compartían estudio y defendían a presos políticos. El titular de Derechos Humanos testificó varias veces en la causa. Fue él, además, quien le tomó declaración en Europa, en la Comisión Argentina de Derechos Humanos de Madrid, al ex policía Rodolfo Peregrino Fernández, un "arrepentido" que tras el golpe del ’76 trabajó con Albano Harguindeguy en el Ministerio de Interior. El ex oficial describió en 1983 con lujo de detalles cómo funcionaba la estructura de le Triple A "y ratificó su relato ante el centro de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra", cuenta Duhalde.

Desde la publicación Militancia Peronista para la Liberación, Duhalde y Ortega Peña revelaron el funcionamiento de la organización de López Rega, sus crímenes y el financiamiento que le daba Bienestar Social. El juez espera que el martes Duhalde ratifique lo que sabe y refresque sus impresiones sobre el relato de Peregrino Fernández, del que surge una larga lista de responsables en que el magistrado tiene particular interés.

Solari Yrigoyen, ex senador de la UCR, fundador del Movimiento Renovación y Cambio, fue la primera víctima reconocida de las Tres A. El 21 de noviembre de 1973 cuando intentó poner en marcha el motor de su Renault 6 estalló una bomba que le destrozó los pies. Un día antes había recibido una carta amenazante con la sigla AAA. Tiempo después tuvo un segundo ataque, al que también sobrevivió, en su casa de Puerto Madryn. Tiene que presentarse mañana en tribunales, aunque pediría postergar la audiencia. "Con gusto voy a declarar todo lo que sé", se limitó a decir ante la consulta de este diario.

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Testigo o imputado

En el juzgado de Oyarbide citarán al abogado Julio González, ex secretario privado de Isabel Perón en el tramo final de su presidencia. Lo que resta definir es si lo hacen como imputado o en calidad de testigo. González fue el autor de la redacción del decreto presidencial en el que se designaba a José López Rega como embajador plenipotenciario antes de que huyera del país hacia Europa junto con sus laderos Roberto Almirón y Juan Carlos Morales. En ese momento ejercía como secretario Técnico de la presidenta, y antes se había desempeñado como funcionario del Ministerio de Bienestar Social ejerciendo el cargo de responsable de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Bienestar Social. Por otra parte, el Movimiento Argentinos en el Exterior, a través de su coordinador Luis Pérez Loira, le enviará un escrito al juez en el que le pedirán que se impute a Isabel Martínez en la causa y que solicite a Interpol su detención inmediata "por ser la responsable política directa o indirecta de la creación de esta organización genocida", en referencia a la banda parapolicial.

Página 12 Buenos Aires, 11 de Enero de 2007.