La Justicia boliviana da vía libre a la impunidad

Sonados y millonarios casos de corrupción podrían quedar en la más absoluta impunidad en Bolivia, tras que el Tribunal Constitucional diera ayer luz verde para que más de dos mil juicios puedan ser archivados y se extingan por demoras en su tramitación.

La decisión del Tribunal, que es inapelable, abre la posibilidad para que ex banqueros y ex autoridades gubernamentales, que cometieron grandes fraudes en contra del Estado, puedan acogerse a este beneficio, que dejará sin sanción ni culpa a quienes eran juzgados en los tribunales ordinarios.

Así, por ejemplo, los casos de corrupción interpuestos contra los ex ministros de Estado, Tonchy Marinkovic, Fernando Kieffer, Luis Alberto Valle y Roberto Landívar, podrían extinguirse, advirtieron las autoridades de lucha contra la corrupción, de la Fiscalía y los Juzgados.

En Sucre, el ministro de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Sandoval, lamentó esa decisión y advirtió que "van a salir innumerables detenidos de las cárceles y esto va a dar lugar a una infinidad de amparos (en contra el Tribunal Constitucional)".

En La Paz, también hubo desazón. "Estamos muy preocupados por esta decisión de extinción de la acción penal", dijo la delegada presidencial de Lucha contra la Corrupción, Lupe Cajías, a poco de conocer el fallo del tribunal que declara inconstitucional la Ley 2683, que ampliaba indefinidamente el plazo de liquidación de las causas penales tramitadas con el antiguo Código de Procedimiento Penal y que era válido hasta mediados de este año.

La Ley 2683, del 12 de mayo de este año, pretendía dejar sin efecto el plazo de cinco años establecido en la Disposición Transitoria Tercera del Nuevo Código de Procedimiento Penal para la liquidación o extinción de causas tramitadas en base al procedimiento penal anterior y, además, contempla que esas causas sean tramitadas hasta su conclusión.

Extivción de juicios

Pese a las protestas, el Tribunal Constitucional defendió su fallo. Según consigna el matutino "Correo del Sur", el magistrado decano y vocero del Tribunal Constitucional, René Baldivieso, explicó que la decisión del Tribunal no significa la extinción automática de aproximadamente 2 mil procesos pendientes de resolución; sin embargo, eso podría ocurrir si la tardanza en la tramitación es atribuible a los administradores de justicia.

"Estas causas deben ser analizadas una por una, para determinar si la dilación o el retraso en el trámite del proceso fue provocado por las autoridades judiciales o por el procesado. Si se comprobara esto último, la extinción no procede de ninguna manera", añadió Baldivieso.