La Colombia del modelo neoliberal trae paramilitarismo y intervención militar de Estados Unidos

Por Camilo Rueda Navarro
Prensa Rural, enero 2005

Paramilitarismo, intervención militar y modelo neoliberal

El capitalismo, en su expresión neoliberal, se ha abalanzado sobre todo tipo de recursos, utilizando para ello todas las herramientas a la mano : jurídicas, políticas, y también las militares, dejando de lado las veladas formas de apropiación ’legal’. Colombia ha sido escenario del uso de la fuerza como mecanismo de apropiación de tierras, recursos naturales, propiedades y todo lo que sea susceptible de ser mercancía, como se empezó a aplicar de manera generalizada desde mediados del siglo XX. Como forma de intervención militar, en nuestro país se han formulado operaciones como el Plan LASO (Latin America Security Operation) contra el movimiento campesino de Marquetalia y las ’repúblicas independientes’, y más recientemente el Plan Patriota (contra las zonas del sur del país con presencia de las FARC), siguiendo el marco del Plan Colombia y la escalada militar contra la insurgencia.

Paramilitarismo y seguridad privada

En América Latina ha sido recurrente el uso del paramilitarismo como estrategia contrainsurgente, siguiendo la doctrina de la ’seguridad nacional’, que plantea la existencia del ’enemigo interno’, en el contexto histórico de la guerra fría. Este modelo ha tenido sus más destacados exponentes con las rondas campesinas del Perú y los escuadrones de la muerte en Centroamérica.

Pero estos grupos armados de carácter paramilitar, que se han presentado en distintos momentos de la historia colombiana (como las Convivir), han diversificado su carácter y su funcionalidad, escapando una estrategia gubernamental unificada, quedando en un panorama oscuro la proveniencia del control sobre los grupos paramilitares y el desarrollo de un mando unificado.

En el contexto de la apertura económica de la década de 1990, todo ha quedado a merced del capital. Y el recurso de las armas no ha sido ajeno a este hecho. Por esa razón, las tradicionales fuerzas con capacidad militar también fueron puestas a disposición de la privatización, apareciendo expresiones militares desde un ámbito privado y sin la anterior motivación política que se tenía. El paramilitarismo como estrategia militar de las Fuerzas Armadas se ha venido convirtiendo en un instrumento de fuerza, de carácter privado y que no puede estar al servicio más que de quien lo financia. La lucha contrainsurgente ya no es la motivación ni política, ni estratégica del paramilitarismo. Su comportamiento está dado por los intereses locales y estratégicos del capital que los patrocina, sirviendo para el mantenimiento de un orden socioeconómico latifundizador. El paramilitarismo no podría adquirir una dimensión de la envergadura que ha demostrado sino en la medida en que esté asociado a procesos de acumulación de capital de gran magnitud como la explotación minera y el narcotráfico.

De esta manera podemos seguir el paramilitarismo de los últimos años como una ampliación del control del capital privado legal e ilegal sobre el territorio y los recursos naturales que controla. Estrechamente ligado a los intereses mineros sobre las esmeraldas, el petróleo y el oro, los grupos paramilitares pasaron de ser operadores de la estrategia antisubversiva del Estado, para convertirse en sujetos con intereses y expectativas de crecimiento propias.

Luego de afianzar su capacidad militar, su motivación es ahora la del capital privado, y ya no la de las instituciones que les habrían creado un margen de reconocimiento social, sino la del beneficio económico a gran escala. De esta manera habrían entrado a construir un cuerpo militar privado al servicio de los capitales del narcotráfico, quienes demandan mecanismos de lavado de dinero, como la compra de tierras a gran escala. Los grupos paramilitares que hubiesen estado sustentados por capitales lícitos no tendrían ninguna dificultad de incorporarse a procesos de negociación con un sistema que reconocería la validez de sus actividades económicas, pero la dificultad radica en que el capital que mantiene al paramilitarismo es ilegal, por lo tanto su desmovilización implicaría también la perdida de su capacidad de generar riqueza.

Habiendo sido promovido por el Estado y en las instituciones militares (véanse el decreto 3398 de 1965 y la ley 418 de 1968, los sustentos legales), el proyecto paramilitar ha pasado a tener un margen de autonomía frente a sus promotores, para defender ahora sus propios intereses. Ausentes de una propuesta de tipo político, es decir de un proyecto de organización sociopolítica coherente, el narcotráfico acaba por sustentar la existencia de un capital más allá de todo control. La cuestión es la ganancia y la rentabilidad. El narcotráfico ha entendido que su existencia y su rentabilidad dependen del hecho de mantenerse al margen de todo control de tipo estatal.

Intervención militar y contratistas civiles

Los mercenarios de las empresas de seguridad aumentan la complejidad del panorama del conflicto armado colombiano, dado el carácter de este tipo de combatientes. Por una parte, contrario al término común de ’contratistas civiles’, ellos no hacen parte del sector civil, en tanto son personas armadas y participan de las acciones militares. Por ello, su condición no es la de civiles. Sin embargo, estos contratistas no hacen parte de una unidad de mando de las Fuerzas Militares, ni de tropas del polo estatal de la confrontación. De esta forma, no pueden ser concebidos en términos absolutos como ’militares’. De esta forma, sectores privados que participan en la guerra tienen la posibilidad de no contraer ningún tipo de responsabilidad política y jurídica. La legislación internacional de la guerra exige el respeto de la normatividad existente (DIH y protocolos I y II de Ginebra, etc.) por parte de los bandos en conflicto, pero no se aplica entonces a los ’contratistas’, quienes parecieran escapar a los tribunales internacionales o a la simple justicia ordinaria, ya que el capital privado no está obligado a respetar esta normatividad. De esta manera, se crea un margen para las torturas, los tratos inhumanos y las muertes extrajudiciales, que hacen parte de la guerra sin que puedan tener algún control jurídico.

En nuestro país ya tenemos un claro ejemplo de este fenómeno : en febrero del año 2003, en las selvas del sur del país, cayó una avioneta en la cual viajaban cuatro estadounidenses y un colombiano, que participaban en operaciones del Plan Colombia. Tres de ellos fueron capturados por tropas de las FARC. Esta detención de ’contratistas’ norteamericanos por parte de la guerrilla no puede ser entendida como la toma de rehenes civiles. Al contrario, es el aprisionamiento de sujetos armados beligerantes y enemigos. Estas tres personas fueron presentadas a la prensa como ’prisioneros de guerra’, y sumados inmediatamente a la lista de canjeables. Al enterarse de ese hecho, los estadounidenses negaron que fuesen combatientes, argumentando que su ’labor’ era como empleados de una empresa privada de los Estados Unidos que tenía un contrato en Colombia. Este hecho, que parece un caso aislado, nos indica la nueva modalidad de intervención militar, que se suma al dinero, equipos, helicópteros y demás material bélico que nos trae la intervención estadounidense. Ahora empiezan a aparecer, junto a los ’asesores’, los mercenarios prestos a tomar las armas en la guerra que se prolonga en nuestro país.

Estos procesos nos indican claramente cómo el recurso a las armas va siendo retomado progresivamente por el capital privado nacional y multinacional. El capital privado participa directamente de la guerra y de la seguridad, sin ser un órgano políticamente beligerante en un momento determinado (como lo indica el concepto de ’mercenarios’). Por otra parte, el campo de lo político se ve presionado no directamente por estos mercenarios sino por la fuerza del capital en manos del sector privado. Las empresas privadas de seguridad se regirán ahora tan sólo por el interés de la ganancia, siguiendo el modelo aplicado. Este factor vendría a ser el complemento perfecto, en el campo militar, del régimen neoliberal, en un contexto de conflicto armado y de ascenso de las formas autoritarias de gobierno.