Inquietud con el proyecto para modificar la actual Ley Antiterrorista argentina

La Fundación Servicio Paz y Justicia ve con suma preocupación el proyecto para modificar la actual « Ley Antiterrorista », que básicamente duplica la sanción correspondiente a cualquier delito del Código Penal si lo comete una organización o un individuo.

Bien sabemos que esto se realiza en el marco de presiones internacionales de los Estados Unidos y de los organismos financieros como el Grupo de Acción Financiero (GAFI) y el FMI, ante las cuales el gobierno termina cediendo con la excusa, entre otras, de querer acceder a los nuevos endeudamientos e inversiones que se suponen imposibles sin ese paso. Agregamos además que el Gobierno Nacional. al participar en el G20, adquiere compromisos que comprometen las libertades de expresión del pueblo y la soberanía nacional, entre ellas la supervisión de las cuentas del país y la conformidad de las leyes nacionales con las exigencias de los organismos internacionales ya mencionados.

Larga y dolorosa es nuestra experiencia en cuanto a que un grupo determine y defina qué es terrorista. En este caso se aseguran que todo tenga un marco legal que ampare las penas impuestas y evite futuros reclamos.

Denunciamos también que este no es un caso aislado.

Si observamos América Latina, podemos ver que en Chile, a las protestas de los « Pueblos Originarios » se les aplica este tipo de Ley. En Paraguay se puso en vigencia la ley antiterrorista el 25 de junio del 2010, que el congreso paraguayo promulgó como « Acta Patriótica » (Us Patriotic Act) o Ley Antiterrorista. Las dos declaraciones de estado de excepción en el Paraguay son los primeros pasos con los que empezó a estigmatizarse a la dirigencia y los referentes sociales con el mote de « terrorista », generando en la sociedad un enorme temor e inseguridad que violentan garantías constitucionales.

Leyes que ponen en sospecha de acciones terroristas al trabajo de defensa de los derechos humanos por organizaciones sociales, campesinas e indígenas que sólo buscan el acceso a la tierra y el reconocimiento de derechos ancestrales, en el caso de los pueblos Originarios.

Uno de los Derechos de los Pueblos es el de reclamar, y manifestarse para obligar de esa forma a los gobiernos a cambiar actitudes que responden a otros intereses ya sea foráneos y/o de grupos económicos o políticos.

Reclamamos, que no se apruebe este proyecto de Ley y vemos la necesidad de derogar también la ley aprobada en 2007, que ya introdujo al código penal conceptos difusos y por ende peligrosos sobre el "terrorismo", bajo la presión de los mismos intereses foráneos.

Para ver el informe de la Misión Internacional de Observación y Verificación en Paraguay léalo en nuestra página www.serpaj.org, Sección Noticias, Novedades de DDHH