Indígenas resisten a siglos de exclusión del mundo "civilizado"

Por Odalys Buscarón
21 de marzo del 2004

El reclamo de las tierras, usurpadas en distintas etapas por los círculos del poder, representa la columna vertebral de la demanda jurídica de las comunidades originarias, pues implica no sólo la perpetuidad en sí, si no también la preservación de las culturas, identidades y modos de pensar, heredados de los antepasados.

En la tierra está el espíritu de la ¨Pacha Mama¨, toda la energía del grupo ; afuera, las posibilidades de supervivencia son pocas : hombres y mujeres estarán condenados a desaparecer, pues sus almas desandarán errantes hasta olvidar quiénes eran y hacia dónde van.

La lucha por la resistencia es permanente para estos pueblos que se resisten a ser absorbidos por las culturas dominantes, y para aquellos, que aunque diezmados por el genocidio y las enfermedades, renuncian a extinguirse como raro espécimen del paisaje humano americano.

Del llamado descubrimiento acaecido en el siglo XV al Tercer Milenio nada ha cambiado. Aún en las naciones donde su presencia demográfica es significativa (Bolivia, Perú y Ecuador), los aborígenes, descendientes de imponentes culturas precolombinas, ocupan los estratos más bajos en las sociedades multirraciales y pluriculturales de América.

Con independencia de particularidades locales en cada país, las etnias originarias de Sudamérica soportan hoy similares situaciones de exclusión social, discriminación racial y cultural, violencia, expoliación de sus territorios ; así como una escasa o casi nula participación en la vida política nacional.

Ante una realidad común, se impone que los Pueblos Indígenas busquen el camino de la cohesión para juntos reivindicar históricos reclamos y conquistar ¨sueños propios¨, al decir del Premio Nobel de Literatura y escritor portugués José Saramago.

Tras una reciente visita a Ecuador, el autor de Ensayo sobre la ceguera, de profundo contenido humanista, reconoció la legitimidad de los derechos de los Indígenas de América, al recordar que los ¨auténticos señores de estas tierras son ellos, los otros llegaron después¨.

Un destino común

La Constitución de Bolivia define a ese país sudamericano como una ¨República multiétnica y pluricultural¨ ; y reconoce como oficiales los idiomas indígenas, lo cual facilita la alfabetización en estas lenguas.

Las 37 etnias, diseminadas por el altiplano andino, los valles orientales, el semiárido Chaco y la Amazonía, suman 4,1 millones de personas, que representan más del 70 por ciento del total de la población nacional (74.4).

Tras las elecciones de 2002, al calor del resurgimiento del movimiento popular, ingresó al Parlamento el mayor número de indígenas que se recuerde, desde las filas del Movimiento al Socialismo (MAS) y el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP).

Bajo el actual gobierno del presidente Carlos Mesa (desde el 17 de octubre de 2003), un indígena del oriente asumió el recién creado Ministerio sin cartera, mientras un comunicador aymará fue nombrado ministro de Educación, en un intento por construir un ¨país de iguales¨.

Para el líder del MIP, Felipe Quispe, la situación de los indígenas bolivianos no ha cambiado mucho desde la época colonial.

’Somos víctimas de discriminación racial, material, económica y política (...) ; siendo mayoría, vivimos excluidos’.

Los originarios de estas tierras ’no somos dueños del poder ni de nuestro propio territorio (?¦), asegura Quispe.

En diálogo con Prensa Latina, el dirigente del MAS, Evo Morales recuerda que cuando se crea la República de Bolivia en 1825, los indígenas no participaron ni fueron tomados en cuenta.

Marginados durante cinco siglos, ¨los originarios, pese a ser los verdaderos dueños de ese país, son regidos por leyes y autoridades ajenas a sus intereses, en un Estado sin Nación y contrario a las mayorías’.

¨Queremos un nuevo país en el que podamos vivir juntos en la diversidad, sin marginaciones ni discriminaciones, y las posibilidades de lograrlo han sido abiertas por las reformas constitucionales, que permite por primera vez al pueblo decidir su destino mediante el mecanismo del referéndum¨, sostiene Morales.

En Ecuador, el universo indígena está representado por 12 grandes etnias que conservan su propio idioma y costumbres milenarias, como la quichua ?’la más numerosa con 11 grupos distintos-, los awa, chachi, cofán, siona-secoya, shuar, achuar, huaorani y los kichwas. Extienden su presencia hacia la costa del Pacífico, la Sierra y la Amazonía.

Con un peso significativo en la composición poblacional (45 por ciento), el movimiento autóctono avanzó hacia un nuevo protagonismo en la vida nacional con la creación en 1986 de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE).

Para la CONAIE, la piedra angular de su lucha es lograr una participación política en igualdad de condiciones con el resto de las fuerzas internas, según explicó la diputada Nina Pacarí, la única mujer indígena en el Parlamento de ese país.

¨Son los nuevos tiempos del nuevo Milenio y los indígenas hemos demostrado que estamos en igualdad de condiciones para debatir y proponer (?¦) ; no sólo podemos hablar de indígenas, hemos dado la lección de que estamos preparados para otros temas¨, aseguró la también ex canciller del gobierno de Lucio Gutiérrez.

El movimiento Pachakutik ¨brazo político de la CONAIE- logró sentar en el Congreso a 11 representantes de las comunidades aborígenes ; así como conquistar el poder en 27 municipios de 17 provincias de la Amazonía y la sierra, y en cinco prefecturas.

Pese a estos avances, es ostensible el desbalance en el desempeño político, económico y social de los ¨primeros ecuatorianos¨, quienes soportan aún los efectos de una secular marginación.

En Venezuela, con la llegada al poder del gobierno del presidente Hugo Chávez, en 1998, los derechos de los pueblos indígenas de ese país cobraron legitimidad, frente a décadas de olvido y desidia

La población indígena contabilizaba en 1992, según el censo de la Oficina Central de Estadísticas, unas tres mil 815 personas, el 1,5 por ciento del total nacional, con mayor predominio en cinco de los 10 estados de la Unión y una presencia del 50 por ciento en la región amazónica.

Agrupados en 28 ¨pueblos¨ o etnias se distribuyen en cerca de mil 494 comunidades, de las cuales, un 58 por ciento habita en zonas rurales y de la selva ; mientras un 42 por ciento se integra al paisaje urbano poblacional. El grupo étnico más numeroso es el wayuu o ¨los guajiros¨, que tienen sus parientes más cercanos en Colombia.

Los aborígenes han logrado permanecer en parte de sus antiguos territorios, ubicados en su mayoría en áreas geográficas fronterizas con escaso desarrollo, los cuales son compartidos en ocasiones con otros sectores.

La Constitución anterior al gobierno de Chávez no procuró la defensa efectiva de los derechos sobre sus tierras ancestrales, lo cual condujo a una progresiva reducción del hábitat original. Hasta esa fecha, sólo un 28 por ciento de los asentamientos indígenas poseían título de propiedad, y no de toda la masa territorial que originalmente les perteneció.

El proceso bolivariano liderado por Chávez le ha proporcionado un espacio a los grupos originarios a través de una clara política de reivindicación de sus culturas, costumbres, conocimientos tradicionales y lenguas.

Así, en 1999, la nueva Carta Magna reconoce en el artículo VIII la existencia de estos pueblos con una ¨organización social, política y económica ; usos y costumbres ; religión y sus derechos históricos sobre las tierras, como forma de garantizar la supervivencia de los modos de vida tradicionales.

Los esfuerzos por introducir cambios en las condiciones de vida de los indígenas en Perú son bastante recientes y se remontan al 5 de octubre de 2001, tras la creación de la gubernamental Comisión Nacional de los Pueblos Andinos y Amazónicos (CONAPA), en un intento del gobierno del presidente Alejandro Toledo de zanjar una histórica deuda.

Los pueblos amazónicos, en un estadio de desarrollo más bajo que sus coterráneos de la costa y la sierra andina, perdieron 11 etnias desde 1950 a causa de la destrucción de los bosques, la riqueza de su hábitat : los sobrevivientes huyeron a lo más intrincado de la selva para evitar todo contacto con ¨la moderna civilización¨.

Dispersos en la vasta floresta amazónica peruana viven aún 42 grupos, de los cuales 18 están en peligro de extinción, acelerado con la devastación del entorno ecológico que provoca la explotación indiscriminada de la rica masa boscosa.

En la década de los años 70 del pasado siglo, buena parte de las comunidades aborígenes de Colombia corrían el riesgo de desaparecer del mapa demográfico y cultural de esa nación, atribuido por los expertos, a la inserción de éstos en la estructura económica global.

Un informe de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos notificó al respecto que 22 pueblos indígenas de la Amazonía colombiana están en la lista de los posibles a desaparecer ante la desatención del Estado y el conflicto armado.

En los últimos 30 años las comunidades indígenas han sido blanco de las matanzas de paramilitares ; cientos de líderes asesinados, mientras continúa el desplazamiento forzoso de estos grupos, incluso fuera de las fronteras del país.

El censo indígena de 1993 estima la población aborigen en poco más de 603 mil personas, pertenecientes a 81 pueblos o etnias, que representan un 2,0 por ciento del total de la población colombiana. Están distribuidos en 27 de los 32 departamentos, concentrados en zonas limítrofes con Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú y Brasil.

Existen 64 idiomas o lenguas nativas que luchan por preservarse en medio de un ambiente de total dominio del castellano (español) y la cultura mestizo-europea.

En los más de 420 resguardos indígenas de unos 30 millones de hectáreas ¨una ínfima parte de Colombi¨¨- se concentran las mayores reservas minerales y de la biosfera de la nación, de ahí, los marcados intereses de transnacionales de afincar sus enclaves en esa zona.

Cuando los portugueses se apoderaron del gigante sudamericano, el 22 de abril del 1500, en Brasil habitaban cinco millones de aborígenes, agrupados en mil 400 tribus, hablantes de mil 300 lenguas.

Al cabo de 504 años, suman apenas 701 mil personas, un 0,4 por ciento de los 176 millones de brasileños, distribuidos en unas 215 etnias, que hablan casi 160 lenguas, de las cuales, 42 están en peligro de desaparecer.

Detrás de las cifras subyace una larga historia de exterminio y discriminación que no paran, pese a que la Constitución vigente de 1988 declara inviolables los derechos de los Pueblos Indígenas ; así como una retahíla de normas para amparar sus reclamos.

Además de la despiadada codicia de los hacendados (latifundistas), las comunidades aborígenes soportan también la violencia que generan los conflictos con los buscadores de metales y piedras preciosas (garimpeiros), y empresas madereras que incursionan en sus territorios demarcados.

Carlos Moreira, reconocido especialista en el tema indígena, apuntó en una exclusiva a Prensa Latina que la propiedad de la tierra es, entre los muchos problemas que enfrentan, el que más afecta a los indios brasileños y origen de numerosos conflictos en los que la inmensa mayoría de las veces llevan la peor parte.

El también director del Museo del Indio de Río de Janeiro y miembro del Consejo Indigenista apunta que, a pesar de la sucesión de gobiernos conservadores en el país, fueron demarcadas el 80 por ciento de las tierras indígenas, aunque no en su totalidad, pues sólo un 31,36 por ciento pasaron todas las etapas de demarcación.

En cuanto a la política indígena del actual gobierno, Moreira sostiene que si se mantiene la promesa de demarcar y homologar la reserva de Raposa Serra do Sol, de un millón 700 mil hectáreas, en beneficio de la etnia Makuxi, ’se abrirá una nueva etapa de convivencia con el indio’, frente a los intereses de hacendados, políticos y otras fuerzas internas.

Ocultos a la mirada superficial de una sociedad considerada en lo fundamental descendiente de la estirpe europea, los indígenas argentinos bordean los 800 mil a dos millones de personas, desperdigados en varias provincias.

La inexistencia de un censo específico y el hecho de representar un estrecho segmento demográfico nacional, entre tres y cinco por ciento, hace de los aborígenes ’prácticamente un sector invisible’, pese a la presencia viva de más de 800 comunidades.

Entre los grupos que habitan las tierras del norte figuran los mbya-guaraní, mocoví, pilagá, toba, avá-guaraní, chané y chorote ; al sur están los mapuche, ona, tehuelche y yamana y en la región central atacama, avá-guaraní, diaguita-calchaquí, huarpe, rankulche, y tupí-guaraní, entre una gama de etnias.

¨Muchos nos creían muertos, pero estamos vivos, con una paciencia histórica, sentido de alegría, de solidaridad, con nuestra capacidad de humor¨, subrayaron integrantes de estas comunidades durante una reunión de representantes del Noroeste argentino, que incluye las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.

Una modificación constitucional realizada en 1994 estableció el reconocimiento de los pueblos indígenas de Argentina, los derechos a la educación bilingüe e intercultural, la propiedad comunitaria de la tierra y a participar en la gestión de sus recursos naturales.

En la práctica, sin embargo, para muchos los indígenas siguen siendo todavía los argentinos invisibles, ocultos en sus asentamientos, alejados de los centros urbanos o en las ciudades, donde los prejuicios menoscaban la preservación de su identidad.

Los históricos reclamos del pueblo originario mapuche, la mayor comunidad indígena de Chile, han sido respondidos con la represión gubernamental.

El 23 de febrero de 2001 cuatro mapuches resultaron heridos, en una acción de violencia, avalada por el gobierno para desalojar unos terrenos.

No es un caso aislado : corresponde a una política sostenida y sistemática de violación de los derechos de ese pueblo que, según estimaciones, ronda los dos millones de personas, asentadas principalmente en zonas rurales del país trasandino.

La situación de los mapuches atraviesa en los últimos años uno de sus más duros momentos, tras la ejecución de 41 de ellos y la desaparición de más de 80 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90).

Tras la llegada al poder de los gobiernos de la Concertación, las prácticas de usurpación, con métodos de represión, se han recrudecido.

El asesinato en noviembre de 2002 del joven Alex Lemún es uno de los puntos más sangrientos en la página represiva de los últimos años.

El Gobierno amenazó en reiteradas oportunidades que aplicará contra los pueblos originarios la Ley Antiterrorista, y de hecho, se hace eco de la represión y juicios contra los mapuches.

Sólo en 2001, según cifras de la Defensoría penal pública, 311 integrantes de esta etnia fueron procesados en la novena región, la mayoría de entre 25 a 40 años.

En un contexto poblacional prácticamente mestizo, los aborígenes de Paraguay representan alrededor del dos por ciento del paisaje demográfico nacional, unas 85 mil 674 personas, agrupadas en 17 etnias que son ostensibles en casi todo el país, pero con una mayor presencia en la región del Chaco.

Conformados en seis grandes familias lingüísticas, los grupos más numerosos son los Ava Guaraní ; Mbya Guaraní ; Guaraní Ñandiva ; Mataco ; Nivaclé ; Angaite ; Lengua y Tova Mascoy, quienes, en las más diversas expresiones místicas, se autodenominan ¨hombres del monte¨ (de la selva).

Paraguay es el único país de Latinoamérica donde la lengua nativa- el guaraní- goza del mismo estatuto oficial que el castellano (español), como vehículo de comunicación social, y es hablado por casi el 90 por ciento de la población.

La Constitución de 1992 reconoce la existencia de los pueblos indígenas, ¨como grupo de culturas anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo¨ ; al tiempo que declara al país sudamericano ¨pluricultural y bilingüe¨.

Sin embargo, las normas jurídicas sobre la problemática aborigen distan mucho de la realidad que soportan estas comunidades, relegadas a las zonas más empobrecidas y sin acceso a los beneficios sociales que proporciona la riqueza nacional.

El problema de la tierra es quizá el punto neurálgico en las reivindicaciones planteadas durante décadas a los distintos gobiernos, sin que hasta la fecha los resultados satisfagan a los demandantes.

Cientos de familias son obligadas a abandonar sus asentamientos ante el avance de latifundistas y empresas forestales para deambular como nómadas por caminos polvorientos, destruyéndose el modo de vida comunitario.

Los denominados ’grupos no contactados por la civilización’, entre ellos, los ayoreo-totoboegosode, quienes hasta hace poco habían mantenido cercanos a su ambiente natural, huyen de las excavadoras que penetran en los bosques para asfixiar la última cultura de cazadores y recolectores al sur del Amazonas.

Ninguno de los reclamos llegados hasta la puerta del Congreso, ha encontrado respaldo en la comunidad parlamentaria nacional, y menos aún dentro del gobierno, a pesar de que lo reclamado es apenas una ínfima parte de la extensión original de sus territorios.

En línea general, los Gobiernos de la región se han mostrado incompetentes para hacer valer de forma efectiva los derechos de los Pueblos Indígenas, así como garantizar la protección de sus culturas y lenguas, amenazadas por tendencias cada vez más fuertes contrarias a la diversidad.