Impunidad en Guatemala, un episodio sin resolver

Por Miguel Jiménez
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La violencia política y la impunidad son un problema crónico en Guatemala. Los esfuerzos por investigar y castigar abusos del pasado han sido poco fructíferos, y los defensores de los Derechos Humanos son víctimas de actos de intimidación reiterados. A lo que, además, se suma el clima de corrupción generalizada en el país. El riesgo de que esta violencia aumente en el futuro es muy alto, dado que no se le está poniendo freno.

Desde el fin de la guerra civil guatemalteca en 1996, una serie de grupos clandestinos, a veces relacionados con los servicios oficiales de seguridad, han atacado especialmente a los defensores de los Derechos Humanos y a otras personas que buscaban que se hiciera justicia por las brutalidades que se cometieron durante el conflicto, en el que cerca de 200.000 personas (la gran mayoría campesinos indígenas) fueron ejecutadas de forma extrajudicial o "desaparecieron" a manos de las fuerzas armadas de Guatemala y de sus colaboradores civiles, las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). En la gran mayoría de los casos, quienes ordenaron y llevaron a cabo estas graves violaciones gozan de una impunidad total por sus crímenes. En los últimos años, por ejemplo, se han enviado amenazas de muerte a varias ONG, varias de sus oficinas han sido saqueadas y algunos de sus miembros han sido asaltados o, incluso, asesinados. Tal es el caso de Guillermo Ovalle de León. El 29 de abril de 2002, este miembro de la Fundación Rigoberta Menchú, fue asesinado en un restaurante cerca de las oficinas de la fundación en Ciudad de Guatemala. Claramente, el objetivo de estos ataques es disuadir las iniciativas en curso para investigar y procesar abusos a los Derechos Humanos cometidos en el pasado. Objetivo que están logrando.

El Gobierno de Alfonso Portillo ha reconocido públicamente la existencia de estos grupos clandestinos y organizó una serie de reuniones entre un Gabinete de Seguridad especial y representantes de las ONG que habían sido hostigadas. Pero estas conversaciones no arrojaron ningún resultado concreto, y varias ONG las rompieron alegando que el Gobierno no estaba tomando medidas serias para desarticular a los grupos clandestinos. De hecho, el Gobierno ha sido muy criticado por otras actuaciones que benefician la impunidad y la injusticia. Así, Human Rights Watch manifestó su preocupación por la propuesta gubernamental de ofrecer compensaciones a ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), las milicias civiles que fueron responsables de violaciones generalizadas de los Derechos Humanos durante la década de los ochenta. En julio, ex miembros de las PAC ocuparon un aeropuerto nacional y tomaron a civiles como rehenes para exigir una compensación monetaria del Gobierno. El presidente Portillo respondió a sus acciones elogiándoles públicamente por ser "héroes" nacionales y anunciando la intención de su Gobierno de cumplir sus demandas. Asimismo, las ONG también consideraron inaceptable la decisión de Portillo de aplazar el desmantelamiento del Estado Mayor Presidencial (EMP), un cuerpo militar de elite asociado a violaciones a los Derechos Humanos en el pasado, y que debía ser desmantelado conforme a los Acuerdos de Paz de 1996. Por otro lado, un hecho positivo fue el éxito del proceso penal contra los responsables del asesinato del Obispo Juan Gerardi, golpeado hasta la muerte en 1998, dos días después de hacer público un informe de la Iglesia sobre la guerra. El tribunal declaró culpables de asesinato al Coronel Byron Lima Estrada y a su hijo, el Capitán Byron Lima Oliva. Un importante obstáculo en la investigación de las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por los militares fue la intimidación a fiscales, jueces y testigos mediante el terror. A este respecto, el tribunal del caso Gerardi no fue una excepción. Desde el principio, las personas clave del caso padecieron un "hostigamiento que se intensificó en los momentos clave del juicio", según la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA). Aunque el resultado de este juicio constituyó un enorme avance, se registraron pocos progresos en otros casos famosos. El proceso a los militares implicados en la masacre de Xamán de 1995, en la que fueron asesinadas once personas, fue anulada por la Corte Suprema basándose en que se habían cometido errores procesales en el juicio. Aunque se ha ordenado la celebración de un nuevo juicio, las pruebas clave en el caso se han perdido o manipulado. Tampoco se registraron avances en el proceso, iniciado en 1994, contra los soldados acusados de perpetrar en 1982 la masacre de Dos Erres, donde murieron más de 160 personas.

Desgraciadamente, la injusticia anida en todos los escalafones de la sociedad, y parece no tener límites. La violencia antisindical es una realidad, numerosos periodistas están amenazados, muchos funcionarios de la policía han sido acusados de obstruir a la justicia, torturar e, incluso, llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales ; y, por si fuera poco, la ausencia de un cumplimiento efectivo de la ley y el alto índice de delincuencia común han cimentado la inseguridad y la continua práctica del linchamiento como forma de "velar por la justicia". En definitiva, hoy, más que nunca, la comunidad internacional debe llamar la atención sobre un país que se muestra incapaz de cicatrizar las heridas de uno de los peores conflictos de América Latina.