Honduras
Violencia y desesperanza

Muchos se preguntan si podrá el presidente electo de Honduras, Manuel Zelaya, eliminar, o al menos disminuir, la violencia extrema en esa nación centroamericana.

Por Odalys Troya Flores
Prensa Latina. Tegucigalpa, 16 de enero de 2006

Es todo un reto. Zelaya, quien asumirá el poder el próximo 27 de enero, recibe como herencia el homicidio de un hondureño cada dos horas, lo que coloca a este país entre los más violentos de Latinoamérica, junto a Colombia y El Salvador.

Los planes aplicados por el anterior gobierno de Ricardo Maduro para paliar esos indicadores, además de caracterizarse por un marcado énfasis represivo, no tuvieron en cuenta ninguna alternativa de prevención social.

Según las autoridades policiales, cada mes se registran unos 290 homicidios, 41 por cada 100 mil habitantes, cometidos fundamentalmente por jóvenes.

Y es que el 65 por ciento de los siete millones de habitantes de esta nación son menores de 28 años, y la inmensa mayoría de ellos carece de oportunidades laborales o de estudio, lo que los lleva a vivir de acciones ilegales, asegura el Comité de Derechos Humanos de Honduras.

El episcopado insiste en que la situación juvenil está marcada por los bajos niveles de escolaridad, los altos índices de adicciones, el incremento del SIDA, el desempleo, las muertes violentas y la migración forzosa a Estados Unidos.

Por otra parte, los asesinatos de niños, adolescentes y jóvenes aumentaron en un 90 por ciento durante el gobierno de Maduro, revela la organización humanitaria estadounidense Casa Alianza, dedicada a velar por los menores abandonados en la calle a su suerte.

El director de la filial hondureña de esa organización, que trabaja con muchachos en situación de riesgo, José Manuel Capellán, aseguró que durante la gestión de Maduro han muerto asesinados cerca de dos mil de ellos.

Buena parte de esas víctimas provienen de familias extremadamente pobres y tienen que abandonar los estudios básicos para incorporarse al trabajo, que muchas veces no encuentran.

¿Qué camino le queda a la joven población hondureña si las oportunidades laborales y de estudios se minimizan cada vez más ?

Las alternativas son pocas : unos forman parte de los 220 hondureños que emigran diariamente en busca de oportunidades, otros trabajan por irrisorios salarios que no les cubren el sustento, y un número significativo de ellos se involucra con las pandillas juveniles o ’maras’, como también se les llama a esos grupos delincuenciales.

Según las autoridades, estas bandas tienen ya alrededor de 40 mil miembros y son las responsables de la mayor cantidad de asesinatos y otros delitos en el país.

Sin embargo, el crimen organizado también interviene en estas acciones violentas porque los carteles se disputan el territorio nacional para el narcotráfico y el trasiego ilegal de armas, según las investigaciones de la inteligencia policial.

Además, en medio de esa inseguridad social, ocurren con frecuencia numerosos homicidios de mujeres de todas las edades, condiciones sociales, profesiones y niveles educativos, aunque las más vulnerables son las de menos ingreso y las obreras de la industria textil o maquilera.

Muchas mueren a causa de la violencia familiar, o ejecutadas debido a que algunos de sus parientes, hijos o esposos están relacionados con el crimen organizado o las maras.

Según la Fiscal Especial de la Mujer, Irma Grisel Amaya, de cada 10 féminas que presentan denuncia por violencia doméstica, tres son asesinadas.

Por otra parte, un reciente informe del departamento norteamericano de Estado, alertó sobre la posible presencia en esta nación de escuadrones de la muerte, algo que ya había confirmado una relatoría de Naciones Unidas tres años atrás.

Aunque el gobierno rechaza esa versión, algunos cadáveres hallados presentan indicios de tortura, disparos en la nuca propios de ejecuciones extrajudiciales y otras huellas similares a las dejadas por esos grupos paramilitares formados por elementos que antes reprimieron al movimiento de izquierda.

Para este clima de inseguridad, la respuesta del saliente Maduro, repetida ahora por Zelaya, es la ’mano dura’ y la continuidad vendrá dada por la aprobación de nuevas leyes represivas contra las pandillas.

Estos planes, criticados fuertemente por la Iglesia Católica hondureña y diversas organizaciones sociales y humanitarias, sólo han conseguido aumentar las reacciones violentas e incrementar la población carcelaria.

Los 27 penales del país tienen capacidad para nueve mil presos, sin embargo están ocupados por más de 14 mil.

En ellos se registran, a nivel regional, los mayores porcentajes de prisioneros sin condena, y además en esos recintos se presentan las peores condiciones para la rehabilitación de los presos en toda Centroamérica.

Frecuentemente ocurren enfrentamientos entre pandilleros presos que son aprovechados por las autoridades para ejecutar limpiezas sociales, según denuncian medios humanitarios que siguen de cerca las matanzas en prisiones.

No resulta extraña la cadena de masacres en los recintos penitenciarios hondureños, que han dejado un elevado saldo de muertos.

El 5 de abril del 2003 murieron 68 reclusos en un motín carcelario en la granja penal de El Porvenir, cerca del norteño puerto caribeño de La Ceiba.

Un mes después, el 17 de mayo de 2003, perecieron 108 jóvenes, presuntamente pandilleros, cuando los custodios les impidieron salir de una celda incendiada en el presidio de San Pedro de Sula, a 281 kilómetros al norte de Tegucigalpa, suceso aún no esclarecido totalmente.

Familiares de las víctimas aseguran que los reos pidieron auxilio al iniciarse el fuego, pero nadie atendió el llamado y las heridas de bala detectadas en algunos cadáveres confirman que recibieron disparos cuando intentaban escapar de las llamas.

Recientemente, el 5 de enero del 2006, al menos 13 presos más murieron y otros 30 resultaron heridos en un enfrentamiento a tiros ocurrido en la Penitenciaría Nacional (PN), ubicada a unos 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa.

Manuel Zelaya prometió durante su campaña electoral combatir la violencia, la inseguridad, la pobreza y la corrupción, bajar el costo de los productos básicos y combustibles y generar 400 mil empleos.

Según estadísticas, dos millones 894 mil 918 personas conforman la población económicamente activa del país y el desempleo afecta a cerca de la mitad.

En su campaña poco dijo de planes preventivos, sin embargo ; ofreció ser severo con la delincuencia, establecer la cadena perpetua y duplicar el número de policías para frenar la violencia.

Representantes de la Iglesia Católica en Honduras le propusieron destinar parte de los fondos de la condonación de la deuda externa a la educación nacional, ya que la tercera parte de los niños no completan los estudios primarios.

El episcopado recordó que más de 130 mil menores con edades comprendidas entre seis y 12 años no están escolarizados, debido a que sus familias son demasiado pobres, y aconsejó : ’o reduce estos índices o seguirá repitiéndose el ciclo de la violencia raigal en Honduras’.

Registradas 166 mil armas en Honduras

Tegucigalpa, 16 ene (PL) Hasta el momento en Honduras se han inspeccionado 166 mil artefactos bélicos de un total de 500 mil circulantes en manos de civiles, confirmó hoy el subdirector del Registro Nacional de Armas, Gonzalo Sánchez.

El examen permite la posesión por persona de hasta cinco revólveres o pistolas semiautomáticas, fusiles y escopetas de acción mecánica y semiautomática.

"Hemos logrado reconocer miles de armas, pero todavía se estima que la cifra supere las 168 mil", afirmó el funcionario ante la prensa local.

Detalló que las autoridades proyectaban inscribir de 350 mil a 400 mil artefactos de guerra en el período de registro, que se inició el 14 de julio del 2004 y finalizó el viernes último.

Por el chequeo de cada arma, el propietario debía pagar 40 dólares en un banco, donde recibía la fecha de una cita con las autoridades del Ministerio de Seguridad, encargadas de hacer las pruebas balísticas, para recibir después el carné de posesión legal.

El Congreso hondureño determinó que la pena para el portador ilegal de armas sería de entre ocho y 10 años de cárcel y multas de hasta 541 dólares, pero luego fue reformada la ley y el castigo bajó hasta los actuales tres a seis años de prisión.