Guerra sucia en Argentina :
Astiz declaró por primera vez ante la Justicia argentina y acusa ejército y agentes de Francia.

Procesado y todavía detenido en la causa por la desaparición de las monjas francesas, Alfredo Astiz ayer decidió declarar por primera vez ante la Justicia. Durante las largas tres horas de indagatoria hizo todo tipo de declaraciones y pedidos. Exigió pericias hidrográficas en el mar y la incorporación de una serie de testimonios para dar cuenta de la llamada "conexión francesa", en alusión a la participación del ejército francés en el entrenamiento de las tropas argentinas. El juzgado evaluará los pedidos, pero los referentes de los organismos de derechos humanos consultados por Página/12 evaluaron las declaraciones como parte de una "estrategia dilatoria". En esa misma línea leyó el Ministerio de Defensa un pedido del acusado a la cúpula de la Armada para que lo releve del "secreto militar" : Alfredo Astiz, señalaron, "perdió el grado militar hace tiempo, y él lo sabe".

"No me extraña que Francia me persiga pretendiendo responsabilizarme (de los crímenes) echándome la culpa de todo lo acontecido y actuado por sus agentes encubiertos." Esa fue una de las expresiones de mayor voltaje del ex marino, pero no fue la única.

Astiz fue convocado por el juzgado federal de Sergio Torres, a cargo de la causa por la desaparición en 1977 de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y otras diez personas nucleadas alrededor de la iglesia de la Santa Cruz, de San Cristóbal, como Azucena Villaflor, la fundadora de Madres de Plaza de Mayo. El juez lo convocó esta vez a una ampliación de la indagatoria, como lo hace con otros represores después del hallazgo y la identificación de los restos de los cuerpos de la hermana Duquet y de las Madres Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y Mari Ponce de Bianco, recuperados en el cementerio de la ciudad bonaerense de Lavalle (ver aparte).

Aunque hasta ahora Astiz había sido numerosas veces convocado por el juzgado, nunca declaró. Por eso, su intervención sorprendió.

"¿Para qué habla ahora ?", se preguntó en voz alta el abogado Horacio Méndez Carrera, representante especial del área de Derechos Humanos en el ámbito internacional de la Cancillería, pero querellante en la causa de Torres, en representación de los familiares de las monjas francesas. "Astiz habla en este momento para embarrar la cancha -explicó-. Intenta abrir nuevos hechos para la investigación, eso sí, pero lo que busca es consumar o continuar con la maniobra dilatoria."

Para la querella, esa fue la única lógica que guió la larga declaración de Astiz. Desde el pedido de pericias "hidrográficas" destinado aparentemente a desacreditar la localización de los cuerpos de la religiosa y de las Madres de Plaza de Mayo hasta las declaraciones sobre la llamada "conexión francesa", donde se inscribe la participación de generales de ese país con experiencia en la guerra de contrainsurgencia en Argelia en el entrenamiento de militares argentinos para reprimir a las organizaciones armadas.

Astiz trabajó su estrategia de defensa con esa hipótesis. Le dejó al juzgado una desgrabación del documental de "Los escuadrones de la Muerte", de Marie Monique Robin, donde ella plantea el tema de la contrainsurgencia y del entrenamiento de los militares. Con ese material, Astiz le pidió a la justicia la captura internacional del francés "René y/o Bertrand de Perseval o Parseval". A su criterio, "fue sindicado por (la periodista) María Monique Robin y (la familiar de desaparecidos) María del Rosario Cerruti como asistente al momento en que fueron detenidas las monjas francesas".

Más allá de Astiz, la participación de las tropas francesas en los entrenamientos de los militares argentinos es uno de los temas pendientes en las causas judiciales. Pero los abogados de la querella prefieren no avanzar en esa línea en este momento porque la consideran parte de la estrategia de Astiz, destinada a dilatar el cierre de la instrucción y la elevación a juicio.

Monique Robin -explica en este caso Méndez Carrera- "siempre mantuvo esta teoría de los instructores de Argelia en la formación de los grupos navales de acá, con sustento". Según el letrado, el problema reside en un punto anterior. "¿Usted cree -dice- que Francia está pidiendo la extradición de Astiz hace veinte o treinta años, para ocultar un autosecuestro ?, ¡es demasiado !"

Fuera de la conexión francesa, los pedidos de Astiz continuaron. Le reclamó al Almirante Jorge Godoy, jefe de la Fuerza Aérea o "al presidente de la Nación" que lo releven del "secreto militar" para poder declarar en la causa. Según fuentes de Defensa, la solicitud es formalmente innecesaria : Astiz está exento del secreto porque perdió el status militar. Desde entonces, dicen en Defensa, es un "un señor civil como cualquiera".

Finalmente, uno de los puntos estratégicos de la innumerable lista de pedidos fue la "excarcelación". A su criterio, dijo, "no hay peligro de fuga". Fuera de las razones y de los fundamentos, el tema señalado por el ex marino es uno de los motivos de preocupación entre los organismos de derechos humanos que siguen las causas. La procesos judiciales suelen eternizarse sin un cierre ni pedidos de elevación a juicio que concluyan con las condenas. Las apelaciones e incidentes retrasan causas como éstas que actualmente está estancada en la Cámara de Casación Penal. El expediente de las monjas francesas no es la única en esta situación. Sin condenas, varios militares pueden quedar en libertad.

La cuestión del secreto

La defensa del destituido capitán de Fragata Alfredo Astiz le pidió al jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Jorge Godoy, que "releve" a su asistido del secreto militar, impuesto por la ley de inteligencia. El pedido formal entró a las 13 en el Edificio Libertad, pero una versión indica que puede no prosperar. Según las fuentes del Ministerio de Defensa, Astiz sabe que no necesita pedir esa autorización para declarar dado que fue "destituido" y perdió la condición de militar por lo que no quedó atado a ninguna reglamentación castrense.

Astiz presentó el pedido a través de su abogado Juan Aberg Cobo (h), quien se excusó de brindar precisiones. Aún así, uno los trascendidos indica que el texto considera la posibilidad de que el titular de la Marina no pueda expedirse al respecto. Si Godoy no tuviera los "atributos" para conceder la licencia, explica, Astiz planteó que sea el Presidente de la Nación, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, quien lo releve de la obligación de secreto.

De esa manera quiere que se suspendan los efectos del artículo 16 de la ley 25.520 que imponen el silencio obligatorio sobre las "actividades de inteligencia y personal afectado a las mismas" para revelar en qué consistió su actuación en el caso de las monjas francesas cuando se infiltró en el grupo de la Iglesia Santa Cruz.

LA EVIDENCIA FIRME DE LOS VUELOS DE LA MUERTE
Los cuerpos recuperados.

El hallazgo de los restos de la monja francesa Léonie Duquet -junto con el de las madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor de De Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco y Angela Auad- cerró el círculo de los vuelos de la muerte y se convirtió en la primera evidencia científica de que ocurrieron los asesinatos. La identificación de los cuerpos también permitió al fiscal Eduardo Taiano pedir que se amplíen los cargos de los doce represores a "privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio", ya que cuando comenzó la causa sólo estaban imputados por "tormentos".

Los represores fueron procesados en 1987, antes de que se dictaran las leyes de obediencia debida y punto final. Se los acusaba del secuestro de un grupo de familiares y amigos de desaparecidos en la Iglesia de Santa Cruz, que comenzó con la infiltración de Alfredo Astiz, que fingía ser el hermano de un desaparecido, con el nombre falso de "Gustavo Niño". Duquet fue secuestrada dos días después del 10 de diciembre de 1977, cuando se llevaron al grupo de familiares y a la monja francesa Alice Domon. Ese día se habían reunido para preparar una solicitada que luego saldría en el diario La Nación.

Entre los secuestrados estaban las madres fundadoras Villaflor, Ballestrino y Ponce, además de Auad, una militante de Vanguardia Comunista, y la monja Duquet, que pertenecía a la Congregación de las Hermanas Extranjeras. Duquet se había vinculado en 1971 a las Ligas Agrarias de Corrientes y a otros movimientos campesinos e indígenas.

Como los cuerpos de los doce secuestrados no habían sido hallados en 1987, se les imputó únicamente el delito de "tormentos". Luego la causa fue paralizada por las leyes de impunidad. Esto cambió con la identificación de cinco de los cuerpos por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Las cinco habían permanecido como NN durante 28 años en el cementerio de General Valle, donde habían sido enterradas luego de que sus restos aparecieran en la costa de Santa Teresita y San Bernardo. Tras comprobar su identidad con un examen de ADN, descubrieron que las fracturas de sus huesos ratificaban que fueron lanzadas al mar en los llamados "vuelos de la muerte".

A partir de la identificación, el fiscal Taiano pidió el cambio de carátula y el juez Sergio Torres convocó a los represores para ampliarles la declaración indagatoria. Y el "Angel Rubio" tuvo que volver a compadecer por sus crímenes.

Página 12. Buenos Aires, 25 de Enero de 2007.