Guatemala
Gobierno guatemalteco autoriza el pago a ex paramilitares

Adital, Guatemala, 21 de sept. del 2004

La decisión del presidente de Guatemala, Óscar Berger, de autorizar el pago a las ex Patrullas de Autodefensa Civil, grupos paramilitares responsables por millares de muertes en los gobiernos pasados, fue calificada como "una irresponsabilidad" por organismos de los movimientos sociales.

Pese a los protestos y movilizaciones por parte de los organismos de derechos humanos, el gobierno guatemalteco sancionó el decreto 24-2004, cediendo a la presión ejercida por los ex patrulleros que exigen el pago prometido por el ex presidente Alfonso Portillo hace un año. El montante está estimado en aproximadamente 2.620.800 quetzales.

El Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala (GAM) afirma, en un comunicado oficial, que "el daño que se le causa al país con una decisión de esta naturaleza es igual o más irresponsable que la del ex presidente Alfonso Portillo que despertó un monstruo tan grande como son estos grupos de ex paramilitares".

Los más de 2 mil millones de quetzales siguen cuestionados por las organizaciones, a la vez que no se ha establecido cual será la fuente de financiamiento. Sin embargo, lo que más argumentan es que la decisión viola el artículo 155 de la constitución política de la República, que establece en su último párrafo que "ni los guatemaltecos ni los extranjeros, podrán reclamar al Estado, indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles".

"Siendo inconstitucional el decreto 24-2004, no entendemos la causa que motivó al presidente Berger a tomar una decisión tan inmadura, que generará en un corto plazo un ambiente de ingobernabilidad que lo dejará sin ningún apoyo y respaldo de la población", resalta el Grupo.

Presión

Durante todos los días de la votación, los ex patrulleros hicieron varias movilizaciones frente al Congreso Nacional. Unos días atrás fueron acusados de secuestrar a periodistas, como medida adoptada para presionar al gobierno.

Ayer, ante la posibilidad de que la ley no fuera aprobada, los ex militares amenazaran con bloquear las carreteras.