Guatemala
Cerramos filas en defensa de la libertad de prensa

Por primera vez en Guatemala hay una resolución judicial para proteger la libertad de prensa, lo cual no es un triunfo de la justicia, sino una derrota del sistema democrático, ya que el Procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales tuvo que interponer acciones de amparo para garantizar los derechos constitucionales.

Por Ileana Alamilla
ALAI-AMLATINA, 29/07/2003 Guatemala.

Debido a los graves sucesos protagonizados la semana
anterior por grupos organizados, conducidos y financiados por los dirigentes del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), un conocido periodista resultó muerto y varios fueron agredidos por la turba.

Con la muerte de Héctor Ramírez y la violencia en contra del
periodismo, se aleja más la construcción de la democracia en
este país, en donde pueden cometerse delitos flagrantes sin
que las fuerzas de seguridad intervengan para detener a los
causantes de los ilícitos.

La presión ejercida a través de medidas violentas, en contra
de los altos tribunales del país, es parte de la estrategia
para imponer la candidatura de Ríos Montt y con ello
entronizarse en el gobierno, lo cual garantiza al partido
oficial la impunidad y la inmunidad necesarias para encubrir
todos los actos cometidos al amparo del ejercicio del poder.

Los medios de prensa y los periodistas han sido acusados y
señalados por los eferregistas de distorsionar la
información y perjudicar la imagen del gobierno y solo en lo
que va del año, han sucedido 18 agresiones en contra del
gremio, que incluyen desde reporteros hasta directores de
medios.

Las actitudes oficialistas tienen su explicación en la
intranquilidad que les causa perder el control del estado y
colocarse en una situación de vulnerabilidad ante la
justicia nacional e internacional.

El repudio fue generalizado en contra de los hechos de
violencia que causaron las hordas del FRG y que afectaron
inclusive al cuerpo diplomático, que vio prácticamente
sitiado el lugar de su residencia.

Defensores de derechos humanos, ambientalistas, políticos,
religiosos, empresarios, académicos, sindicalistas,
estudiantes, campesinos, juristas y dirigentes de distintas
agrupaciones condenaron y rechazaron enérgicamente este
rompimiento de la institucionalidad que atenta contra el
estado de derecho.

Especial mención hay que hacer de la preocupación expresada
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que
mostró una seria preocupación por el persistente deterioro
del Estado de Derecho y por la posibilidad de que Efraín
Ríos Montt pueda ser candidato en los comicios
presidenciales de este año.

El proceso electoral ha sido violento. Once activistas
políticos opositores, la mayoría de la Alianza Nueva Nación,
partido de izquierda, han sido asesinados mientras que ha
habido un incremento de actos intimidatorios, asesinatos,
amenazas, ataques a la integridad personal y violaciones de
domicilios de líderes sociales, políticos y periodistas.

En 1993 la CIDH se pronunció sobre la postulación del ex
general Ríos Montt, ocasión en la que destacó la condición
de inelegibilidad para quienes hayan liderado movimientos o
gobiernos de ruptura del orden constitucional, consagrada en
el artículo 186 de la Carta Magna.

Valentín Paniagua, Jefe de la Misión de observadores de la
Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que esos
sucesos han perturbado el proceso electoral y han creado un
clima de incertidumbre, inseguridad y amedrentamiento,
mientras que la Misión de Verificación de los Acuerdos de
Paz se sumó a todas las muestras de preocupación por los
acontecimientos y exigió respeto a los derechos humanos.

Numerosas organizaciones de prensa nacionales e
internacionales reiteraron su rechazo y condena por la
actitud violenta asumida por el partido de gobierno y
repudiaron la muerte del reportero Ramírez, al tiempo que
alertaron sobre la necesidad urgente de que se den plenas
garantías para el ejercicio de la actividad periodística y
en resguardo del derecho a la información de la sociedad
guatemalteca.

Es por eso que el gobierno debe dar una respuesta ágil,
coherente y efectiva para investigar estos terribles
incidentes y someter a los tribunales a los responsables.
Especial responsabilidad tiene Alfonso Portillo de demostrar
o explicar por qué las fuerzas de seguridad no cumplieron
con su deber constitucional de preservar la seguridad y
tranquilidad ciudadanas.

A pesar de los riesgos que implica, los periodistas
continuaremos desempeñando esta labor social, dispuestos a defender el derecho a la libre emisión del pensamiento y de prensa, fundamentales para la vigencia de un estado democrático.