Guatemala
Proseguirá primer proceso por desapariciones forzadas.

Por Julio Fumero
PL. Guatemala, 21 de julio de 2009.

El primer y único proceso judicial en Guatemala por desapariciones forzadas durante la contienda bélica interna, retrasado por consideradas ineficiencias del sistema, está hoy en condiciones de proseguir.

Una decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC), tras algo más de un año atascada en el análisis de un recurso legal presentado, permite su continuación.

La resolución de la CC dejó firme la naturaleza permanente y continuada de ese tipo de delito, por lo cual abrió las puertas para reanudar el debate oral y público en el hecho ocurrido en Chaotalum, departamento de Chimaltenango.

Según la parte querellante, tras muchos años de impunidad la justicia da la posibilidad a los familiares de las víctimas para juzgar a un paramilitar responsable material por la desaparición forzada de seis personas.

La Corte dejó claro que las audiencias públicas contra el acusado Felipe Cusanero, ex comisionado militar, deben continuar en su primera instancia y que el delito cometido es de naturaleza continuada y permanente, dijo Edgar Pérez, abogado defensor de los familiares de las víctimas.

Al concluir esa fase, en la cual se encuentra el caso, se espera la condena de apenas un ejecutor material de sólo seis de los 45 mil casos de desapariciones forzadas registradas durante 36 años de guerra interna, agregó.

Cusanero está sindicado por la desaparición de seis campesinos de la aldea de Choatalum, en el periodo del 5 de noviembre de 1982 al 28 de octubre de 1984.

Ese caso es el único aceptado en esa categoría, según la ley aprobada en 1996 y aunque los hechos fueron cometidos antes de ese año, la norma establece que mientras no aparezca la persona el delito sigue transcurriendo.

Los familiares de las víctimas solicitaron ahora a la CC la inmediata notificación al Tribunal de Sentencia de Chimaltenango para el reinicio del debate oral y público.

Además, pidieron con carácter urgente al Congreso la aprobación de una iniciativa de ley para formar una comisión nacional de búsqueda de los guatemaltecos detenidos desaparecidos en época de guerra, entre ellos cinco mil niños.