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2 de diciembre de 2003

Gobierno uruguayo pide cancelar investigación para ubicar restos de desaparecida en 1976

 

Por AFP
Montevideo, 2 de diciembre 2003

El gobierno uruguayo pidió a la Justicia cancelar la investigación para ubicar los restos de Elena Quinteros, desaparecida en 1976 en Montevideo, en plena dictadura militar (1973-85), tras ser raptada de la embajada de Venezuela por un comando represor, dijo el martes el ministro de Defensa Yamandú Fau.

Fau dijo a la prensa que "el gobierno debe ser celoso en el cumplimiento de la ley" de perdón a los represores durante la dictdaura, llamada "de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", en relación a la actuación del juez Alejandro Recarey para encontrar los restos de Quinteros.

La norma establece que el juez que reciba una denuncia de un caso de represión ocurrido durante la dictadura "requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de 30 días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no" en los alcances de la Ley de Caducidad.

"No hay antecedentes en que no se haya dado cumplimiento a la ley y no se haya requerido la opinión del Poder Ejecutivo", por eso, ante la omisión de consulta del juez, el gobierno está "reclamando cumplir con la Ley de Caducidad".

Recarey convocó a cinco militares y a otros testigos a declarar sobre la ubicación de Quinteros, asesinada en noviembre de 1976 según la versión oficial, y ordenó preservar los terrenos de un cuartel donde supuestamente podrían estar enterrado su cuerpo.

El asesor presidencial Carlos Ramela admitió que las citaciones a militares ordenadas por Recarey, conocidas la semana pasada, provocaron "sensibilidad" en las Fuerzas Armadas.

Pese a la solicitud del gobierno, según fuentes judiciales el juez Recarey tiene previsto continuar con las actuaciones porque entiende que el caso no está comprendido dentro de la Ley de Caducidad y destaca que un civil, el ex canciller Juan Carlos Blanco, ya fue procesado por el asesinato de Quinteros.

Paralelamente, el gobierno también informó a la Suprema Corte de Justicia que está comprendida en la Ley de Caducidad la desaparición de la ciudadana argentina María Claudia García Irureta, nuera del poeta Juan Gelman, desaparecida también en 1976 tras ser secuestrada en Buenos Aires y dar a luz a una niña en Montevideo.

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