Gobierno de Santos, un año de neoliberalismo y vasallaje a EE.UU.

A un año de posesionado Juan Manuel Santos como presidente de la República, es pertinente examinar sus realizaciones para verificar cuáles son los intereses que representa en la conducción del Estado. Este ejercicio pondrá en evidencia lo incoherente de la pretensión de arrastrar a la izquierda y a las fuerzas democráticas a optar por el colaboracionismo y la participación en el gobierno de la Unidad Nacional. A la « manguala nacional », como bien la califica el senador Jorge Robledo, se han sumado todos los partidos con representación parlamentaria, incluidos los que no apoyaron a Santos en las elecciones presidenciales, excepto el Polo Democrático Alternativo, PDA, que se mantiene acertadamente en firme oposición a las políticas y anuncios santistas. Santos ha sido vendido a la opinión pública como pócima contra el autoritarismo, la corrupción y el aislamiento internacional de Uribe, siendo desde luego una medicación fabricada en Washington y que la oligarquía recibió con júbilo.

Son muchos y persistentes los cantos de sirena que presionan a la oposición a caer en la claudicación : « ...el clima político del país ha cambiado sustancialmente, el gobierno avanza hacia reformas profundas en temas sustanciales del país, la polarización política ha disminuido y se abre el escenario de la interlocución, el diálogo social y político, en incluso, el tránsito hacia un proceso de paz », escribió Gustavo Petro, el 26 de agosto de 2010, en carta al Partido verde y otros, y en El Nuevo Siglo, el lunes 30 de agosto, habló del « ímpetu de reformas que tiene el actual gobierno ». La Confederación General del Trabajo, CGT, también dice en su comunicado de valoración del primer año de gobierno de Santos : « No nos queda la menor duda en cuanto al enorme valor agregado que ha tenido el trabajo del señor Vicepresidente de la República compañero Angelino Garzón, quien se ha convertido en un excelente coequipero del señor Presidente, para la población Colombiana constituye una esperanza un equipo de gobierno que trabaje en coherencia con las promesas hechas en la campaña electoral ». Para ventura de las fuerzas que se mantienen en resistencia por la soberanía y la democracia en Colombia, estos llamados no han tenido eco en la mayoría de la dirigencia de la izquierda democrática y de los sectores sociales que representan a las clases con arraigo e interés en el destino de la nación.

Neoliberalismo y saqueo imperialista

La inversión extranjera directa en la cual Santos ha colocado todas las esperanzas, sigue dirigida a la extracción de materias primas, grandes obras de infraestructura y a la privatización y desnacionalización de las empresas nativas. Esa inversión no ha creado una sola unidad de producción industrial con puestos de trabajo estable y bien remunerado ; su filón es el saqueo de los recursos naturales, la explotación del trabajo nacional y el copamiento del mercado interno.

Santos tiene como una de sus locomotoras la gran minería a cielo abierto y la extracción de petróleo y gas. Solo en el departamento de La Guajira se han concesionado más de 60 mil hectáreas, han autorizado desviar 22 kilómetros del río Ranchería y construir un nuevo ferrocarril y un puerto de aguas profundas para sacar carbón, mientras que por toda Colombia persiguen como a delincuentes a los mineros artesanales, a pequeños y medianos empresarios e incluso cierran grandes unidades de producción como ocurre con las minas de carbón en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Norte o con las de oro en Antioquia, Cauca, Chocó y Caldas, entre otros, y dan esas áreas en concesión a las transnacionales. Vivimos el reinado de las multinacionales del petróleo y la minería con enclaves imperialistas al viejo estilo de la Troco, Colpet, Gold Mine y otras de principios del siglo pasado, pululando por todo el territorio patrio con empleos basura, depredación del medio ambiente y destrucción, con sus inversiones, del agro y las industrias nacionales.

La abrupta rebaja de aranceles decretada en noviembre de 2010, la intocable autonomía del Banco de la República para fijar las tasas de interés, continuar con la reevaluación del peso, determinar el monto y sitio de colocación de las reservas internacionales, entre otras atribuciones, y el reimpulso a los tratados de Libre Comercio, TLC, tienen al borde de la quiebra total a las apenas sobrevivientes empresas industriales y agropecuarias de origen nacional. En junio de este año las importaciones aumentaron 55%. A lo anterior se suma la extrema concentración de la tierra ; el estímulo a proyectos agroindustriales con fines de exportación, en detrimento de la soberanía alimentaria y la democratización de la propiedad ; la extranjerización de los suelos cultivables y la perversa persecución contra la economía campesina con la expedición de decretos que prohíben la comercialización de leche cruda, y normas sanitarias que conllevan el cierre de trapiches artesanales, mataderos de bovinos y aves, y la prohibición y decomiso de semillas de producción autóctona, entre otras.

El acto legislativo que elevó a categoría constitucional la sostenibilidad fiscal ; el mantenimiento de las exenciones tributarias y demás gabelas para la inversión extranjera ; el recorte de la participación de los departamentos y municipios en las regalías por la explotación de hidrocarburos y minerales ; los anuncios de la imposición de nuevas tributaciones para la población, la rebaja a las empresas de las rentas parafiscales, más el recorte a las ya menguadas pensiones y la disminución del gasto social, entre otras medidas, evidencian la ortodoxia del gobierno de Santos con el recetario neoliberal y sus actos de compromiso con el pago de la onerosa deuda pública. No solo no aumentan los salarios, sino que los pauperizan por la vía de la tercerización, mientras las ganancias de los monopolios son escandalosamente altas, principalmente del capital financiero. Como si fuera poco, imponen precios internacionales para los combustibles a pesar de que se producen con crudo nacional, refinerías propias y costos operativos bajos. So pretexto de perseguir la corrupción, Santos rebajó de 50% a 10% el anticipo para la contratación de obras públicas, favoreciendo con ello la ingeniería transnacional y dándole un golpe fulminante a la ingeniería nacional que no tiene ese músculo financiero.

Santos no elimina las EPS y quiere es favorecer el monopolio en el aseguramiento y la intermediación de los recursos de la salud, al propiciar que de más de setenta EPS en la actualidad, puedan quedar menos de veinte. Mayor concentración en manos de menos pulpos. José Alvear Sanin, afirmó en el periódico El Mundo de agosto 3 de 2011, refiriéndose a la torta de los recursos de salud : « Desde la Ley 100 el peso de la salud, en términos del PIB, se ha duplicado en beneficio de los intermediarios, mientras la atención a los usuarios es cada vez menos satisfactoria ». El gobierno de Santos mantiene también el despropósito de rebajar la financiación de la educación pública, introducir la inversión privada con ánimo de lucro en este servicio y permitir el ingreso de instituciones extranjeras. Así como la construcción y posterior entrega en concesión de los mega colegios a particulares. La implementación de la articulación de la educación secundaria con la enseñanza técnica y profesional en el marco de una educación para suministrar mano de obra barata para la maquila, el comercio y los servicios y no para la industrialización y el desarrollo agrario del país. A mala hora el candidato de los Progresistas, Gustavo Petro, propone para Bogotá la construcción de colegios por leasing o arrendamiento con el sector financiero y cobertura de educación preescolar con recursos e infraestructura de las Cajas de Compensación Familiar, fórmulas claramente privatizadoras. Los regaños de César Gaviria al ministro de Hacienda, en el reciente congreso de Fasecolda, parecieran infundados, pues más no les puede pedir a los miembros del gabinete santista, gabinete que con acierto nuestro candidato a la Alcaldía de Bogotá, Aurelio Suárez, llamó « selección Colombia neoliberal ».

Al analizar las principales ejecuciones y anuncios del gobierno de Santos se puede concluir, sin temor a inexactitudes, que su mandato es profundamente neoliberal y como tal contrario al desarrollo económico autónomo de Colombia y al bienestar de su pueblo, que está comprometido con el capital financiero internacional, las multinacionales y los oligopolios criollos y es incondicional con la política exterior de Estados Unidos.

Continúa el abaratamiento de la mano de obra

Respecto a los derechos de los trabajadores, el gobierno de Santos se pude resumir así : demagogia y engaño en la intentona de cooptar el movimiento sindical. Para reimpulsar los TLC, aceptó el Plan de Acción para los Derechos Laborales que le impuso el gobierno de Barack Obama ; firmó con la CGT la Actualización del Acuerdo Tripartito de 2006, con lo que logró que Colombia fuera calificada por la 100 Conferencia de la OIT como país en progreso, y ha puesto al vicepresidente Angelino Garzón en el papel de « amigable componedor » en cuanto conflicto laboral se suscita y de animador del conciliador sindicalismo propositivo. Las realidades son tozudas : la tercerización a través de Cooperativas de Trabajo Asociado, CTA, pulula en las explotaciones de palma africana, caña de azúcar, las bananeras de Magdalena, las EPS e IPS y la industria de confecciones, mientras que con contratistas y outsourcing sobreexplotan a los obreros del petróleo, el carbón, el oro y el níquel y de las constructoras de infraestructura y vivienda. A propósito, el presidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez, dijo en el 60 aniversario de esa empresa que había 7 mil trabajadores directos y más de 25 mil por intermedio de contratistas. El Estado es el mayor violador de los derechos de estabilidad en el empleo, asociación sindical y negociación colectiva. Los gobiernos se han rehusado a acatar las recomendaciones de OIT sobre el derecho a huelga, la negociación colectiva para los trabajadores públicos, la descalificación del acto legislativo de pensiones de 2005, entre otros.

En el mismo camino, el ministro de la Protección Social desechó las recomendaciones de las Centrales Obreras y de la oficina de la OIT en Lima, para el diseño y estructuración del nuevo Ministerio del Trabajo, incumpliendo con los compromisos del Acuerdo Tripartito y con el mismo Plan de Acción de Obama ; la ministra de Educación pretende arrebatarle al magisterio la importante conquista de tener un servicio médico exceptuado de la Ley 100, y persiste la política de privatización del SENA y del cambio de sus objetivos misionales para que se dedique principalmente a impartir educación superior y que dependa del Ministerio de ese ramo. La demagogia y el engaño han sido tales que el 19 de agosto de 2011, Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, y el 18 del mismo mes, Luis Medina Dueñas presidente de Fetraboc, “paladines” ambos del entendimiento con el santismo, reclamaron desconcertados ante el evidente incumplimiento por parte del gobierno de todo lo suscrito en el Acuerdo Tripartito.

El primer año de gobierno de Juan Manuel Santos en lo económico y lo social, fue muy bien descrito por Eduardo Sarmiento en su habitual columna en El Espectador dominical : « Al cabo de un año, se configuró una estructura productiva que reduce la participación de los ingresos del trabajo en el PIB, propicia la informalidad y dispara las rentabilidades del capital, y se gestó una política pública de gasto social de mala calidad y tributación regresiva que no modifica las condiciones relativas. En balance, la economía avanza a las tasas históricas con altibajos y crecientes desigualdades ».

Sumisión al imperio

El desempeño en lo internacional no es menos reprobable. La ex canciller María Ema Mejía al frente de Unasur, disuena ante la negación de la mayoría de países miembros a continuar con los ejercicios militares conjuntos con los gringos y mantiene una continúa defensa de la vigencia de la OEA, opinión del interés de Estados Unidos. El embajador de Colombia ante la ONU fue protagonista en la aprobación de la intervención militar de la OTAN y EU en Libia, y Santos dio rueda de prensa para congratularse por la orden de captura expedida por la Corte Penal Internacional contra Gaddafi, fue el primero de la región que reconoció el nuevo gobierno de Libia, impuesto por la OTAN y no ha reconocido al Estado Palestino, quedándose en esto, inclusive más atrás que Chile, Perú y Honduras que si lo hicieron. Los operativos hechos por efectivos de la DEA y el FBI en muestro territorio son presentados como habituales y meritorios ; la Fiscalía gringa actúa libremente en Colombia ; la política de extradición y de « guerra » al tráfico de narcóticos permanece sujeta a los designios de la DEA y el Departamento de Estado, cuando hay el consenso mundial es que esta guerra fracasó en sus propósitos y generó un aumento en la violencia. La Policía colombiana lidera y adiestra a la de otros países en la aplicación de esas definiciones, y los trabajos de adecuación de la Base Aérea de Palanquero para su utilización por las fuerzas militares gringas, continúan a pesar del fallo de la Corte Constitucional que tumbó dicho tratado de cooperación militar. Mayor obsecuencia es difícil encontrar.

La resistencia

Las afectaciones que padecen los trabajadores y la población en general, desmienten la demagogia gobiernista y la desinformación de los grandes medios e incuban las resistencias. Una unidad sin precedente dio origen a las movilizaciones inigualables de los santandereanos que derrotaron a Santos y a la multinacional canadiense Greystar en la pretensión de hacer minería a cielo abierto en el páramo de Santurbán. Igual sendero han seguido tolimenses y quindianos para defender la reserva de La Colosa frente a la sed de oro de Ashanti Gold. Con organización y movilizaciones los mineros artesanales, pequeños y medianos se defienden en el Bajo Cauca antioqueño, el Chocó, Cauca, Caldas y el sur de Bolívar, entre otros, para impedir el despojo por parte de las multinacionales que los atropellan con el respaldo de los ministerios de Minas y Medio Ambiente y contingentes de la policía y el ejército. Los obreros del petróleo en el Meta, los del carbón en Cesar y La Guajira, los de la palma africana en Santander, Cesar, Magdalena y Meta se levantan contra la tercerización y por los derechos de organización y negociación ; el magisterio defiende con protestas de envergadura nacional sus derechos y la educación pública ; los trabajadores estatales preparan un paro nacional para el próximo 7 de octubre ; la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, que dio muestra de su capacidad de movilización el pasado mes de abril, volvió a tomarse las calles el miércoles 7 de septiembre junto con Fecode y la CUT. Las organizaciones de desplazados y víctimas de la violencia, los damnificados por la ola invernal y el abandono del gobierno, los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, de la salud y de transmilenio, entre otros, hacen sentir con frecuencia sus reclamos. Los jornaleros agrícolas, los campesinos pobres y ricos, con tesoneras jornadas de denuncia y movilización, han derrotado los decretos de la prohibición de la leche cruda, las importaciones de lácteos, el cierre de mataderos y trapiches y han defendido la producción arrocera. Las centrales obreras CUT, CTC y CPC no firmaron el engaño del Acuerdo Tripartito y mantienen su campaña internacional de denuncia contra los TLC.

En la arena política, el Polo Democrático Alternativo es el único partido en la oposición y su bancada parlamentaria rebate con fundamentos la lesiva agenda legislativa del gobierno, hace el control político y acompaña las resistencias de las masas y sus organizaciones. A pesar de la racha de ataques, la mayoría de veces infundados, de los medios de comunicación y la reacción magnificando los errores cometidos por la Administración de Samuel Moreno en Bogotá, la difícil situación ha sido superada con la impecable gestión de la alcaldesa Clara López. Sus realizaciones son muestra de lo que puede hacer el Polo si gobierna con apego al Ideario y consultando a su dirección, revirtió la decisión de vender la ETB, reconsideró la ruta de transmilenio por la carrera séptima, concedió el mínimo vital de agua para los estratos bajos, firmó el convenio con la Universidad Nacional para las prácticas de los estudiantes de salud en la Red Pública Hospitalaria Distrital, nombró a reconocidos polistas en el gabinete de su gobierno. Son, entre otros, refrescantes cambios en el Distrito Capital.

En la campaña para las elecciones de octubre 30, el Polo está en la batalla y sabrá consolidar a su alrededor lo más comprometido de la opinión política en la perspectiva de acumular suficiente fuerza para poder instaurar un gobierno democrático, capaz de realizar las profundas transformaciones que reclama el país y recobrar la soberanía nacional. La militancia de las diversas tendencias y regiones se está empleando a fondo en el cumplimiento de las tareas electorales y avanza en la organización y extensión del partido. Junto con las tareas propias de las organizaciones sociales, es necesario divulgar con fuerza las propuestas de nuestros candidatos a las gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y localidades. El Polo disputará los gobiernos locales en 158 municipios, empezando por las excelentes opciones de Aurelio Suárez para la Alcaldía de Bogotá, Pedro Obando en Pasto, María Isabel Urrutia en Calí, Carlina Sánchez en Santa Marta, Antonio Bohórquez en Barranquilla, Alonso Orozco en Florencia y Elkin Bueno en Barrancabermeja ; once candidatos a gobernaciones, entre ellos Dionisio Miranda en Bolívar, Rodrigo Saldarriaga en Antioquia y Jorge Salgado en Chocó. Tiene, además, listas al concejo en 483 municipios y a asamblea en 29 departamentos. Una muestra de la consolidación y firmeza del Partido. “El Polo está vivo y desafiante por la democracia”, declaró su presidente, Jaime Dussán Calderón.

*Gustavo Triana, secretario general del MOIR y Vicepresidente de la CUT, septiembre de 2011

Titulo original : Gobierno de Santos, un año de neoliberalismo e incondicionalidad con EE.UU.

Revista Deslinde No 49. / Alai-Amlatina. Colombia, 28 de septiembre de 2011.