Frenar el irresponsable desmonte que efectúa Juan Carlos Romero en Salta, Argentina

Por Adriana Meyer
Página 12, 3 de mayo del 2005

El diputado Miguel Bonasso, titular de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja, presentó una iniciativa junto al director de Parques Nacionales, Héctor Espina, y dos ONG para frenar el desmonte en Salta. La propuesta consiste en la compra de las parcelas loteadas por el gobierno de esa provincia, en las que se está produciendo el avance de las topadoras.

Dada la intransigencia mostrada hasta ahora por el gobierno de Juan Carlos Romero, Bonasso y Espina fueron consultados sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo ejerza de manera concreta la soberanía que tiene respecto de la protección de los recursos naturales. Espina explicó que la iniciativa es una medida de urgencia, porque un proceso de expropiación sería muy largo.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en el Congreso. La idea había partido de un periodista que sugirió que esos terrenos sean expropiados a valor fiscal, dado que "no los adquirieron empresarios de riesgo sino testaferros de Romero, con la excusa de pavimentar rutas". En ese momento, Bonasso dijo que "me encantaría expropiar toda la provincia, pero estamos en un sistema federal y lamentablemente eso es inviable". Su interlocutor le respondió que "sí pueden, se trata de voluntad política".

Fue entonces que el legislador del Partido de la Revolución Democrática manifestó su voluntad, exagerando la respuesta al expresar que expropiaría "toda la provincia". Más allá de la humorada, el planteo dio pie para que Emiliano Ezcurra, de Greenpeace, recordara que el tema de la jurisdicción es lo que impide ejercer una efectiva defensa de los recursos naturales en el país.

Por su parte, Javier Corcuera, de la Fundación Vida Silvestre, agregó que "si hay una joya en peligro, el Estado nacional tiene la obligación de expropiar, pero ahora mismo hay una audiencia en Pizarro y por eso esta conferencia tiene sentido, para ver si podemos revertir más rápido la situación". Si esa audiencia autoriza el inicio de los desmontes en la región de la reserva de general Pizarro, se perderán definitivamente los ecosistemas que se buscan preservar en el Chaco semiárido y en la Selva de Yungas, según señala Greenpeace.

Espina, presidente del directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN), confirmó que el organismo está conversando con el gobierno de Salta para encontrar una forma de conservar parte de las tierras que conformaban la reserva y que tiene fondos para comprar, al menos, una de las parcelas. Señaló además que Greenpeace, Vida Silvestre, FARN y otras ONG están buscando apoyo financiero para adquirir el resto. Ahora bien, ¿la iniciativa frenará el desmonte? Según los funcionarios de la APN, el acuerdo de volver a comprar esas tierras tiene como condición la suspensión inmediata del desmonte.

En ese momento, les preguntaron si esta propuesta no era lo mismo que alquilar la propia casa, para seguir viviendo en ella, en alusión a la comunidad wichi que se encuentra en el lugar. Espina respondió que está prevista la creación de una zona de usos múltiples que "no excluye la propiedad comunitaria" para ese pueblo originario. Bonasso adelantó que si esta semana hay sesión insistirá con sus proyectos: uno para que el Poder Ejecutivo intervenga en el desmonte en Pizarro y otro para declarar la emergencia forestal que prohíba el desmonte. Para Bonasso, la intervención de la APN y las ONG es "una buena noticia". Espina estuvo de acuerdo, pero agregó que "el final todavía está abierto".

Recurso ante la Corte

La venta de la reserva de General Pizarro podría ser declarada inconstitucional en caso de que la Corte Suprema resuelva a favor de un recurso de queja presentado en abril por tres ONG ambientalistas. El pedido de dar marcha atrás a la venta fue rechazado por la Corte Suprema salteña bajo dos argumentos: que un recurso de amparo no era la vía judicial idónea para rebatir la ley y que las ONG no están legitimadas para intervenir porque no se demostró que la desafección y venta de la reserva ocasionaría un prejuicio concreto al medio ambiente. Si el máximo tribunal federal fallara a favor, quedaría reforzada la legitimación que tienen las ONG para interponer amparos colectivos en materia de protección ambiental.