Feudos invisibles en Argentina : Familias en el poder por décadas imponen regímenes medievales.

Por Fernanda Sández
Noticias Aliadas, 23 Diciembre del 2003

Familias en el poder por décadas imponen regímenes medievales.

"No confiamos en la policía, no creemos en la justicia". Bajo esa consigna, llevando las fotos de sus familiares desaparecidos, torturados o muertos, y en el más absoluto de los silencios, un grupo de mujeres conocido como Las Madres del Dolor marcha cada martes por la mañana desde hace seis años frente a los tribunales de la norteña provincia de Santiago del Estero.

Denuncian toda clase de violaciones a los derechos humanos y reclaman justicia en un territorio en el que, desde 1946 y casi ininterrumpidamente hasta hoy, el matrimonio constituido por Carlos Juárez y su esposa, la actual gobernadora Mercedes "Nina" Aragonés de Juárez, representa el único poder indiscutible.

A lo largo de décadas, los Juárez han ido cimentando una compleja red de fidelidades, obediencia e impunidad que aseguró su permanencia en el poder. Manejan todos y cada uno de los medios de comunicación de la provincia, censuran a la oposición, administran discrecionalmente el empleo público y se sirven de las fuerzas policiales para perseguir no sólo a sus rivales políticos, sino a cualquiera que ose poner en duda su gestión.

Tanto los cargos provinciales como los planes de ayuda social se "reparten" a voluntad sólo entre sus seguidores. Los nombres de Nina y Carlos Juárez aparecen impresos en cada ladrillo destinado a la realización de obras públicas, reciben el trato de "Protectores Ilustres de la Provincia" y cualquiera que aspire a ocupar un cargo público debe antes expresar abiertamente su adhesión al régimen.

"Santiago del Estero no es una dictadura. Es algo mucho peor que eso", asegura el periodista Jorge Vidal, quien junto con su esposa, Teresa Prola, creó en 1997 la agrupación Madres del Dolor luego de que Pablo, el hijo adolescente de ambos, fuera asesinado en mayo de ese año por la policía, que luego intentó camuflar el crimen como si hubiera sido un accidente.

"Porque durante la dictadura [1976-83] -continúa- aquí hubo 82 desaparecidos, pero todavía hoy hay torturas, vejaciones y aparecen cadáveres mutilados... Nosotros hemos recibido 169 denuncias de este tipo [desde 1997 al presente], mientras que el obispado recibió otras 400 [desde la vuelta a la democracia en 1983 hasta hoy]. La gente acude a la Iglesia o a nosotros porque sabe que la Policía y la Justicia responden al poder político".

Sin embargo, no fue sino hasta el brutal asesinato a principios de año de dos jóvenes -Leyla Bshier Nazar, de 22 años, y Patricia Villalba, de 26- que la sociedad santiagueña salió de su sopor. Bshier Nazar habría muerto en una fiesta de alcohol, droga y desenfreno en la que participaron personajes vinculados al poder, mientras que a Villalba la habrían asesinado por haber escuchado -de boca de uno de sus protagonistas- los escalofriantes detalles del episodio.

"Santiago del Estero es una vergüenza nacional", denunció a fines de setiembre el ministro del Interior, Gustavo Béliz, y pidió a la justicia el pronto esclarecimiento de los asesinatos de las jóvenes. Como resultado han presentado sus dimisiones el vicegobernador, un secretario y un subsecretario de gobierno, junto con el jefe y el subjefe de Policía de Santiago del Estero.

Además, la jueza actualmente a cargo de la causa, Dra. María del Carmen Bravo, dispuso nuevas detenciones, incluyendo la del primer juez de la causa y la del otrora todopoderoso jefe de inteligencia provincial, el comisario Antonio Muza Azar, quien se sospecha encabezaba la banda que habría encubierto ambos crímenes.

Según Alejandro Isla, antropólogo social y miembro de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), "si bien la situación de Santiago del Estero alcanza ribetes increíbles, el panorama se repite en muchos otros sitios, sometidos a la autoridad de familias que manejan el Estado a su antojo".

"Existe una cultura política que avala ese manejo ’privado’ de la cosa pública. Los dirigentes ven al Estado como algo propio y no como un bien público", agregó.

En efecto, la ecuación apellido "fuerte", poder judicial adicto y brutalidad policial como esquema para perpetuarse en el poder se repite -por sólo nombrar algunos ejemplos, y con ligeras variantes- en La Rioja con las familias Menem y Yoma ; Rodríguez Saa en San Luis ; en Neuquén, con el "clan" Sapag ; y en Entre Ríos, con Romero Feris. Otro caso muy conocido es el de la norteña Catamarca, donde la familia Saadi rigió los destinos de la provincia por más de 50 años.

Según la abogada Andrea Pochack, titular del Area Jurídica del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y coautora del documento "La justicia en las provincias argentinas", la replicación del fenómeno no es casual.

"Si la gente está desmovilizada, los medios de comunicación amordazados, los escasos recursos provinciales se concentran en muy pocas manos y no hay entidades civiles fuertes, eso termina tomándose como ’normal’, dado lo cual la democracia no pasa de ser una mera formalidad y el poder real siempre está en las mismas manos", dijo.

Junto con la imbricación entre justicia y poder político, la pobreza aparece como otro componente central en la pervivencia de estos regímenes autoritarios o feudales. "A partir de la crisis de las economías regionales, el Estado se transforma en la única posibilidad de trabajo", explica Isla. "Prolifera entonces el clientelismo político, las prebendas y los negociados".