Evo se abstiene de imponer su mayoría en la constituyente boliviana.

La presión y las amenazas de la oligarquía petrolatifundista han frenado la intención-decisión del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) para redactar por sí solo la nueva Constitución Política del Estado y rescatar en algo el carácter progresista de una Asamblea Constituyente.

Por Econoticias
Bolivia, 14 de septiembre de 2006.

Desde el pasado viernes 1 de septiembre, cuando la mayoritaria bancada de asambleístas del MAS aprobó, en la primera de dos etapas, un reglamento que eliminaba el poder de veto que tenía la minoritaria representación de la oligarquía, las sesiones de la Asamblea Constituyente han quedado en el limbo, producto de la indecisión gubernamental.

Este miércoles, el pleno de la Asamblea dejó de lado ese reglamento de debates y aprobó parcialmente otro de carácter transitorio, aunque sin dilucidar si la nueva Constitución será producto del consenso entre el MAS y las fuerzas de la oligarquía, a través del mecanismo de los dos tercios, o sí será impuesto por los asambleístas leales a Evo, mediante la fórmula de la mayoría simple.

Con esta acción, el MAS de Evo Morales intenta abrir una espacio al diálogo con los opositores, dejando en suspenso la ruptura del pacto con la derecha neoliberal, que había dado origen a la Asamblea y que estaba orientado a "moderar", hasta la inocuidad, la nueva Constitución y las autonomías regionales.

En el gobierno se temía que la aprobación definitiva del primer reglamento hubiese desatado una virulenta como impredecible ofensiva de las fuerzas opositores, que ya cumplieron el viernes 8 de septiembre un contundente paro de protesta de 24 horas en cuatro de los nueve departamentos (regiones) de Bolivia en defensa del pacto que dio origen a esa Asamblea.

Por ello, los asambleístas decretaron el receso de sus actividades hasta el jueves 21 de septiembre y, como respuesta, los prefectos (gobernadores) y comités cívicos de las cuatro regiones (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), que representan los intereses de la oligarquía petrolatifundista, suspendieron por una semana la reunión de este viernes, en la que debían definir nuevas medidas de presión contra el gobierno.

Amenazas y guerra sucia

Antes del acuerdo preliminar de las bancadas, los opositores, atrincherados en las 4 prefecturas y Comités cívicos y articulados por la ultraderechista Podemos, del ex presidente Jorge Quiroga, mantenían una preocupación con un claro carácter belicista.

Francisco Navajas, presidente del Comité Cívico de Tarija, afirmó que las resoluciones que se vayan a tomar dependerán "de los avances que se den en la Asamblea Constituyente". En este ámbito, muchos ya hablan de una nueva huelga de 48 horas para forzar al presidente Morales a reconocer en toda la línea el pacto indígena - oligárquico, que se expresa en los dos tercios y en poder de veto entregado a los representantes de la derecha.

Para defender sus intereses, las fuerzas de la oligarquía enarbolan la bandera de la autonomía que les da mucha fuerza entre el pueblo, especialmente en Santa Cruz y Tarija, donde incluso muchas de las organizaciones sociales y laborales han caído bajo la influencia de las logias de poder y los grupos empresariales.

Esta presión ya ha hecho mella en el gobierno que ya archivó su propuesta de reglamento y que busca ahora la formar de hacer andar a la Asamblea, donde cuenta con una amplia mayoría que le permitiría tomar decisiones por sí solo, si es que así se lo propusiera.

Esta presión ha desatado también la "guerra sucia" entre oficialistas y opositores, y en las que menudean calificativos como "conspiradores", "golpistas", "dictadores". En este marco, este martes el vocero presidencial, Alex Contreras, dijo lo suyo : ’Nosotros creemos que el prefecto Reyes Villa (de Cochabamba) es parte de este proceso de complot y confabulación que lo hemos denunciado hace tiempo atrás, la misma que está integrada por algunos comités cívicos y algunos prefectos en combinación con algunas empresas transnacionales, algunos malos empresarios y los partidos políticos neoliberales’.

Optimismo conciliador

Otros son un poco más optimistas. ’Tengo un moderado optimismo de encontrar puntos de acercamiento, pero también se requiere que reflexionen y cambien de actitud aquellos grupos políticos que no quieren la Constituyente y simplemente utilizan la palestra de los dos tercios para boicotearla’, dijo por su parte el vicepresidente Alvaro García Linera, poco antes de partir a Washington, donde intentaba negociar un convenio comercial con Estados Unidos.

El vicepresidente había sido el gestor del primer acuerdo con la oligarquía petrolatifundista, a la que le dio el poder de veto a través del mecanismo de los dos tercios. Así, en la ley de Convocatoria a la Constituyente se establece que el texto de la nueva Constitución debe ser aprobada por dos tercios de votos (producto de alianza del MAS con la oligarquía) y luego ser refrendada por el pueblo a través de un referéndum. En cambio, la posición que hasta ahora sostenía el MAS, producto de la presión de la fracción indígena - campesina, planteaba que si en tres votaciones consecutivas no se logra el apoyo de los dos tercios, ese texto igualmente debe ir en consulta al pueblo para que sea aprobado o rechazado, con lo que se anula, en los hechos, el veto de la oligarquía.

La Asamblea está conformada por 255 representantes, 137 son del MAS (54%), 60 de la ultraderechista Podemos del ex presidente Jorge Quiroga y los restantes 58 por asambleístas de 13 agrupaciones de derecha y de izquierda. En este escenario, alcanzar un apoyo de dos tercios (170 asambleístas) equivale a llegar a un consenso entre el gobernante MAS y la derecha oligárquica. Ni más ni menos, lo que quería unos meses atrás el vicepresidente García Linera, con el aval del propio presidente Morales.