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Eventual responsabilidad del Ministerio del Interior en la fuga de Cordero acusado del asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz.
El Servicio Paz y Justicia (Serpaj) de Uruguay emitió ayer una declaración a la opinión pública, en la que manifiesta su preocupación por la eventual fuga del coronel (r) Manuel Cordero y la responsabilidad que le puede caber al Ministerio del Interior si no impidió la salida del militar que podía ser extraditado a Argentina y tenía pendiente en Uruguay una resolución judicial por un delito de "desacato".
La Republica
Montevideo, 2 de septiembre 2004
El comunicado de Serpaj recuerda que el coronel Cordero está acusado de participar del asesinato de los legisladores Héctor Guitiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, de aplicar torturas a ciudadanos uruguayos y argentinos en el centro de detención Automotores Orletti de Buenos Aires, y de participar en la coordinación represiva "Plan Cóndor".
Cordero, al igual que los militares José Nino Gavazzo y Jorge Silveira, junto al fallecido inspector de Policía Hugo Campos Hermida, son requeridos por la Justicia argentina desde 1986, señala Serpaj, que recuerda el proceso de leyes y maniobras que han permitido hasta la fecha la impunidad de esos requeridos.
La declaración explica que "desde hace varios días circula la noticia de que el coronel (r) Manuel Cordero, acusado de haber violado los Derechos Humanos de muchas personas detenidas durante la dictadura cívico militar muchos de ellos aún desaparecidos ha logrado cruzar las fronteras de nuestro país sin que el Ministerio del Interior tenga registro de su salida", dice la declaración. Agrega que "una vez más uno de los militares identificado como violador de derechos humanos y uno de los más buscados también por la Justicia argentina, logra con una simple maniobra burlar a la Justicia de este país."
"Es bueno recordar entonces, que entre las acusaciones que pesan sobre Cordero cuentan : la participación en los asesinatos de los legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini ; torturas y apremios físicos y psicológicos a ciudadanos uruguayos y argentinos en centros clandestinos de detención en Argentina y una participación activa en el Plan Cóndor", destaca. Recuerda que "reestablecido el régimen democrático en nuestro país y habiendo comenzado las investigaciones parlamentarias y judiciales sobre las violaciones cometidas en la dictadura, Cordero nunca concurrió a ninguna de las citaciones a las que fue convocado".
"Desde 1986, Argentina viene solicitando la extradición de militares y policías uruguayos como Cordero, Gavazzo, Silveira y Campos Hermida. El gobierno uruguayo dilató la respuesta hasta que se aprobaron las leyes de "Punto Final" en Argentina y "De Caducidad" en Uruguay, que consolidaron en los hechos la impunidad en la región. Actualmente Cordero es requerido desde Argentina por el juez Canicoba Corral", afirma.
"Pero como si esto fuera poco subraya Serpaj además de ser acusado de cometer aberrantes crímenes de lesa de humanidad y de seguir amparado en la impunidad, el coronel (r) Manuel Cordero reivindicó públicamente los "métodos" que se emplearon durante la dictadura, que incluían matar, torturar, secuestrar y desaparecer personas".
"Sus manifestaciones a la prensa provocaron que el 22 de noviembre de 2001, Serpaj junto a otras organizaciones de DDHH presentara en su contra una denuncia penal por apología de delito ante el Juzgado Penal de 4º Turno a cargo del Dr. José Balcaldi", explica.
Un "desacato" aún no resuelto
La declaración agrega que "fueron numerosas las excusas y las artimañas jurídicas utilizadas por el coronel retirado, para evitar concurrir a la sede penal. Ello llevó al Dr. Balcaldi a denunciar a Cordero y su abogado por el delito de desacato (Art 137 del Código Penal).
A raíz de dicha denuncia, el fiscal Rafael Ubiría solicitó el procesamiento de ambos, no habiendo a la fecha y a pesar del tiempo que ha transcurrido desde el pedido de la Fiscalía, una resolución del titular del Juzgado Penal de 7º turno, Dr. Pedro Hackenbruch".
El comunicado público sostiene que "ante la nueva maniobra que forma parte de un largo historial de evasivas de Cordero y de otros militares denunciados como violadores de DDHH, que no hacen más que confirmar las consecuencias negativas de la impunidad sobre las instituciones y el estado de derecho, Serpaj expresa su profunda preocupación no sólo por la responsabilidad que le cabe al Estado y que le podría caber en el caso concreto al Ministerio del Interior, sino porque una vez más se pone en tela de juicio el principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley".
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Interpol y Migraciones no tienen registro de la supuesta "fuga" del país del militar
La Republica
Montevideo, 2 de septiembre 2004
El ministro de Interior, Daniel Borrelli, recibió de Interpol y de la Dirección Nacional de Migraciones "información" que descartaría la presunta salida del país del coronel (r) Manuel Cordero, cuya captura está requerida por la Justicia argentina y respecto de quien pesa un "cierre de fronteras" ordenado por el juez Pedro Hackenbruch.
"Estamos a la espera de lo que disponga el Juzgado", dijo a LA REPUBLICA Borrelli, al ser consultado a última hora de anoche. Hasta el cierre de esta edición, la Justicia no había librado ninguna orden de ubicación, detención y conducción del militar.
Por otro lado, ni Interpol ni Migraciones pudieron confirmar al ministro Borrelli la versión difundida ayer por dos matutinos, según los cuales, Cordero habría abandonado Uruguay rumbo a Brasil.
De todos modos, fuentes policiales admitieron la facilidad con la que cualquier individuo podría trasponer la frontera seca con Brasil sin ser detectado por nadie.
Fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo, de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia y de Interpol calificaron en diálogo con LA REPUBLICA como "meras conjeturas periodísticas" las versiones difundidas por El Observador y Ultimas Noticias.
Hasta anoche, el juez Pedro Hackenbruch no había solicitado por su lado la participación de Inteligencia ni de Interpol para ubicar el paradero del ex militar. Tampoco había solicitado al Ministerio de Interior la detención de Cordero para su conducción al Juzgado.
Interpol confirmó a su vez al doctor Borrelli que sobre Cordero también pesa una orden internacional de captura pendiente que fuera solicitada por el juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral.
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Bordaberry y Blanco deberán testimoniar hoy por los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz
La Republica
Montevideo, 2 de septiembre 2004
Hoy deberán comparecer ante la Justicia Penal el ex presidente de facto Juan María Bordaberry y el ex canciller de la dictadura militar y civil Juan Carlos Blanco por el "homicidio" en 1976 de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco fueron notificados de la citación para comparecer, respectivamente, a las 13.30 y a las 14.30 horas, por el juez en lo penal de 11º Turno, Roberto Timbal, a solicitud de la fiscal en lo penal de 2º Turno, Mirtha Guianze.
No obstante rumores judiciales afirmaban anoche que Bordaberry habría solicitado al juez para ingresar al Juzgado a las 11.00 horas. No se descarta que pueda acceder al Juzgado por la puerta lateral de la calle 25 de Mayo, y no por la entrada sobre la calle Misiones.
Por su parte, el abogado de Bordaberry, el doctor Gustavo Chaves Hontou, presentó a comienzos de semana un escrito al juez Timbal en el que adujo que su cliente "ya había sido indagado" por el mismo tema en 1985, y que por lo tanto no podría ser interrogado.
No obstante, fuentes judiciales explicaron a LA REPUBLICA que en la referida oportunidad Bordaberry "no fue procesado, condenado ni absuelto, ni el expediente fue archivado en forma definitiva", por lo que la defensa del ex presidente de facto no podría alegar el principio jurídico de "non bis in idem", según el cual, ninguna persona puede ser juzgada dos veces por un mismo delito.
Los informantes consultados señalaron, incluso, que una nueva comparecencia de Bordaberry se justifica por la aparición de un hecho nuevo (o "un hecho superviniente" como lo define el Código General del Proceso) : los documentos relativos al delito que fueron desclasificados tanto en Argentina como en los Estados Unidos.
La citación del juez Timbal tiene por objetivo esclarecer la presunta responsabilidad penal que le pudiera caber tanto a Bordaberry como a Blanco en el denunciado asesinato de los ex legisladores, que fuera perpetrado en la República Argentina.
Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron secuestrados en Buenos Aires el 18 de mayo de 1976. Sus cadáveres aparecieron tres días después, en un auto sin matrículas, junto a los cuerpos de los tupamaros Rosario Barredo y William Withelaw. Todos habían sido torturados y muertos de un tiro en el cráneo disparado desde corta distancia.
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