« Esclavos - informe urgente sobre la inmigración en España »

¿Qué sucede con los inmigrantes en la llamada "madre patria"? El último libro de Cristina Civale lo define desde el título: « Esclavos - informe urgente sobre la inmigración en España »-. Las violaciones a leyes nacionales, tratados internacionales y a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre resultan la nueva razón de Estado y de mercado que explican a cuánto cotiza la vida humana. Aquí, en exclusiva, el prólogo del libro que se presentará el miércoles 11 de agosto a las 18.30 en el Centro Cultural España, de Buenos Aires (Florida 943).

Esclavos es un libro que intenta mirar el suceso de la inmigración en España desde una perspectiva global.
A partir de ella pretendo desarticular la actitud del gobierno español hacia el otro, hacia el extranjero y sobre todo hacia aquél al que llama con imprudencia clandestino. Aunque ese extranjero le sea cercano por tradición o colonización, por geografía o por explotación. No es sólo un libro sobre los inmigrantes argentinos en España. Ese enfoque recortado me hubiese privado de mi objetivo, llevándome a perder perspectiva sobre la inmigración como uno de los grandes fenómenos del siglo XXI. No se trata sólo de una cuestión económica o laboral, ni de marca nacional. Aunque en la economía está el eje del problema. Los inmigrantes son necesarios para la supervivencia de Europa, para su continuidad como continente y su movimiento inevitable y perpetuo es un fenómeno que surge del aberrante desequilibrio económico que con impunidad se erige como modo de vida corriente en esta etapa del desarrollo del mundo.

Las proyecciones demográficas del Comité de Población de las Naciones Unidas revelaron que España debería acoger unos 240 mil inmigrantes anuales hasta el año 2050 para lograr mantener la población actual, garantizar el sistema de pensiones y conservar su fuerza de trabajo. En estos momentos, el número de permisos, que apenas llega a cumplirse, abarca a unas 30 mil personas y no siempre corresponden a nuevas entradas sino a la regularización de quienes ya residían en el territorio español.

En cuanto al caso argentino, mientras escribo estas líneas, hierven las negociaciones para rever las situación de los argentinos sin papeles en la península.

El gobierno de Kirchner está metiendo tesón en la situación y el partido gobernante español, el Partido Popular, apostaría a una solución silenciosa para un caso que ya involucra a más de 100 mil personas. Las gestiones del actual gobierno argentino se vieron aceleradas, más allá del fervor patriótico de hacer cumplir los cinco tratados bilaterales que permiten la libertad de trabajo de españoles y argentinos en ambos territorios, a partir de un informe recibido por el Banco Central Argentino.

En dicho trabajo el banco confirmó que a principios de 2004, cuando comenzaron las negociaciones entre los dos gobiernos, el dinero que hacen llegar los inmigrantes argentinos dispersos por todo el mundo asciende a setecientos (700) millones de euros. Un ingreso de divisas que supera el de las exportaciones de carne, que sólo alcanzan 380 millones de euros. Ante semejante cifra, Kirchner y sus representantes no dudaron que el asunto de la inmigración, además de ser una reivindicación moral, era también una cuestión de economía nacional. Esos 700 millones llegados sólo durante 2003 van directo al consumo del pueblo y producen una concreta reactivación de la economía. Es dinero que va de un familiar que trabaja fuera de Argentina y que se lo manda a otro familiar que vive en el país que -a causa del cambio favorable- resuelve su supervivencia básica y y quizá algo más por un buen rato.

Ese dinero es la única manera de aliviar legítimamente el saqueo económico en el que Argentina se vio inmersa en la década del 90. Y es por esas causas y no por otras que el actual gobierno argentino lucha por una solución a brazo partido. Quiere hacer respetar los acuerdos bilaterales pero también no quiere perderse esta reparación sustanciosa que proviene del trabajo duro de quienes no encontraron más alternativa que elegir el exilio económico.

Sin embargo, me resulta más importante analizar las generales de la ley para todas y todos aquellos que quieren hacer de España un lugar donde, por motivos diversos, rehacer su vida, vengan de donde vengan, pero que sin documentación y con el empeñoso deseo de trabajar -y aún de contar con un trabajo- son considerados clandestinos, palabra menos satánica para España de lo que parece.

Sus clandestinos le sirven así, como clandestinos, porque con ellos aspiran a criminalizar la inmigración. No quieren a los clandestinos fuera de España, los quiere dentro y precisamente como clandestinos. Ese "no lugar" en el que los colocan , este sitio de "no personas", les sirve para crear no sólo una subclase sumergida, una infraclase a la que explotar, sino también les ayuda a crear un blanco sobre el que profundizar las medidas de seguridad que protegerán a sus ciudadanos del fantasma de los inmigrantes precisamente con medidas de seguridad que también los afectarán a ellos mismos. Según un informe de 2003 de la Patronal española, por el costo de un trabajador legal se pueden contratar 2,7 trabajadores ilegales. Es decir que el casi millón de "clandestinos" producen valor por 2,7 millones de empleados legales.

Un salario medio de un inmigrante que trabaja en negro es de 500 euros. A principios de 2004 y, según cifras que maneja el Casal Argentino de Cataluña, se hablaba de un millón doscientos mil clandestinos en toda España. Hagamos cuentas. Si cada uno gana 500 euros -promedio entre los que ganan 400 y otros que ganan más de 1000 euros- la cifra multiplicada por un millón doscientos mil clandestinos da 600 millones de euros anuales ganados en las periferias del sistema, es decir en negro. Sin embargo, este dinero se gasta legalmente: se pagan alquileres con recibo, se hacen compras pagando IVA, se pagan servicios de salud privados y otros consumos. Es decir: se blanquea dinero. De un modo impresionantemente eficiente para el estado Español. Por un euro en negro lava un euro. Un millón de euros ganados en negro se lavan y se convierten en un millón de euros. El narcotráfico ofrece por el lavado de un 40 a un 60 por ciento del dinero a lavar.

Si hablamos, por ejemplo, de un millón de euros, se obtienen entre 400 mil y 600 mil euros. La inmigración clandestina, en cambio, hace lo que nadie puede y a costa, no del gobierno o de mafias o de explotadores, sino del inmigrante que es el único que paga.
Casualmente en España hay 1,7 millones de parados. Con el superavit de lo producido por los clandestinos se pueden pagar no sólo los subsidios de los parados españoles, también podría mantenerse la Casa Real y pagar la boda del príncipe Felipe con Letizia y su luna de miel o equivalentes. Ya no es simplemente una cuestión de racismo: es una cuestión de cuentas muy sencillas y de un procedimiento que da al gobierno español más dinero que muchos otros negocios. Porque la inmigración clandestina, como queda demostrado en estas maniobras, es un negocio muy próspero.

A través de esta investigación -basada en cifras y testimonios; en documentos y constataciones de denuncias y en el relato de casos- intento tomar por las astas a la que llamamos con un gentileza desbordante: "madre patria". Recordar sólo dos fechas, octubre de 1492 o diciembre de 2001, nos haría dudar de la bondad de su maternidad. No hablo del pueblo español, sino de los que los gobiernan y de la parte de la ciudadanía que calla o se alía sin rodeos. No hablo del pueblo español, sino de sus elites antidemocráticas: los verdaderos clandestinos de la historia.

Este informe se terminó de escribir en el filo de un cambio histórico para España y quizá para toda Europa. El 11 de marzo de 2004 ocurrió el trágico atentado terrorista perpetrado por Al Qaeda en la Estación de Atocha en Madrid. Allí murieron 189 personas, el 30 por ciento de las cuales eran inmigrantes indocumentados, a los que el entonces presidente Aznar, en lo que sería su último gesto de gobierno, les otorgó la ciudadanía postmortem. A ellos y a sus familiares directos, estableciendo así una nueva vía de regularización: la de ser víctima de un atentado terrorista. Tan tremebunda como todo su gestión a la que a los tres días, exactamente el 14 de marzo, el pueblo español puso fin en una elecciones nacionales muy concurridas, otorgando una victoria sin antecedentes al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y abriendo el camino a la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, aliado del Partido Popular en la aprobación de la última y cuestionada ley de extranjería (ver capítulo 5).

En el acto de investidura como presidente, Zapatero prometió resolver el problema de la inmigración convocando a un Pacto de Estado con el resto de los partidos y agentes sociales. No aclaró en qué consistiría ese pacto. Según pudo saberse está en sus intenciones legalizar a todos aquellos extranjeros que demuestren que están trabajando en negro. O sea que les pediría que denuncien a sus dadores de trabajo para ser legales y luego, inmediatamente, desocupados. Otra vez parecería ubicar a los inmigrantes en un callejón sin salida. "Es imprescindible mejorar las fronteras -dijo Zapatero- para frenar la inmigración irregular y la persecución de los traficantes de mano de obra, especialmente en Comunidades que, como Andalucía y Canarias, se encuentran al borde de la saturación y con crecientes problemas humanitarios y de seguridad". Hizo una acertada descripción de los hechos. Sin embargo, el 17 de abril los servicios de rescate recuperaron en las costas de la isla de Gran Canaria los cadáveres de 15 inmigrantes ahogados al naufragar el frágil barco clandestino que los transportaba. Entre los muertos había un bebé. Los 46 sobrevivientes fueron detenidos en tierra firme y llevados a un Centro de Internación de Extranjeros.

Más allá de las palabras, la historia parece seguir narrándose con la misma atrocidad. Diego Lorente, de la organización humanitaria SOS Racismo, se mostró pesimista con la política de inmigración que quiere emprender Zapatero porque, según él, no ofrece soluciones a los inmigrantes irregulares. Lorente no cree que el PSOE cumpla con su promesa de regularizar a los inmigrantes irregulares que denuncien explotación laboral, y recordó que el régimen general de regularización de inmigrantes que hay actualmente, "tan absurdo y tan injusto, lo puso el PSOE en 1985". Sin embargo, Zapatero tiene a su favor el haberse despegado de su antecesor al establecer sin un solo titubeo el retiro de las tropas de Irak. Si en políticas migratorias iguala semejante despegue, se habrá ganado un lugar inolvidable en la historia. Pero es muy pronto para evaluarlo. Las hechos siguen transcurriendo idénticos a lo que ya muchos llaman "la era de la aznaridad".

Esclavos intenta, además, tomar la situación de los inmigrantes en España como caso testigo de lo que sucede con este fenómeno en la Unión Europea después del cierre de sus fronteras en 2000. Y lo que sucede, lo que está sucediendo, como relato en los capítulos siguientes, es una lista escandalosamente larga de violaciones a leyes nacionales, tratados internacionales y a la Carta Universal de los Derechos Humanos. Así llegan, así viven, así se arriesgan, así se trata a los "clandestinos" en la "madre patria".

Por La Vaca.org
6 de agosto del 2004