En busca de los niños ’desaparecidos’

Por Silvia Torralba
Canal Solidario, 28 de agosto del 2003

Miles de jóvenes salvadoreños viven hoy en Honduras, Guatemala, Estados Unidos, Francia e Italia lejos de sus familias de origen y pensando que, de pequeños, fueron abandonados y su suerte les llevó con una familia extranjera que los acogió en adopción. Pero la idea es errónea: no fueron abandonados por sus padres, sino despojados de ellos durante el conflicto armado que durante la década de los 80 asoló El Salvador.

Convencidos de que estos chicos y chicas están vivos en alguna parte, familiares y organizaciones sociales no han parado de buscarlos y reclamar al Gobierno salvadoreño una mayor implicación y apoyo. A estas demandas se suma ahora Amnistía Internacional, que en su informe ’El Salvador: ¿Dónde estás las niñas y niños desparecidos?’ insta a las autoridades del país a crear un comité nacional de búsqueda y a cumplir con las obligaciones que les imponen las normas internacionales en materia de reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos.

El conflicto armado que El Salvador vivió entre 1980 y 1991 acabó con la vida de 75.000 personas y convirtió en víctimas de la tortura y violaciones de derechos humanos a cientos de miles. Dos tercios de la población sufrió "en carne propia" los efectos de la guerra, y la desintegración familiar, el daño a propiedades y el desplazamiento forzado se convirtieron en algo "muy generalizado", explican desde el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Muchas de estas víctimas fueron menores de edad, apartados de sus familias por los militares, que los llevaron a orfanatos e instalaciones de guerra, los alojaron en sus propias casas o los dieron en adopción a familias del país o extranjeras. Para Amnistía Internacional, los padres y familiares de los pequeños "han sufrido durante demasiado tiempo y tienen derecho a saber dónde están sus niños", pero "la pasividad de las autoridades salvadoreñas sólo aumenta el dolor que aflige a estas personas".

La firma de los acuerdos de paz en 1992 supuso también la adopción de acuerdos para respetar los derechos humanos, investigar las violaciones de derechos fundamentales y castigar a los responsables, pero pocos han sido los casos en los que el Estado ha perseguido estos crímenes debido, sobre todo, a la Ley de Amnistía proclamada en 1993 que, en opinión de AI y numerosas organizaciones sociales, "puso fin a cualquier esperanza de las víctimas y sus familias de obtener la justicia debida".

ONG en busca de los niños desaparecidos

A pesar de la inacción del Gobierno salvadoreño, varias entidades, padres, madres y familiares de desaparecidos buscan desde hace años pistas que los conduzcan hasta los jóvenes. Es el caso de la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, que desde que inició su labor ha recibido denuncias de 687 casos; el 40 por ciento de los cuales los ha resuelto.

En todos estos años, la entidad ha logrado reunir a familias con los niños-jóvenes hallados. "Encontrar a mi familia ha sido hermoso, porque ellos forman parte de mi vida, completan mi historia y son muy importantes para mi futuro. Hoy puedo decir que encontré la parte de mi identidad que no tenía y me permite entender con precisión mi futuro", explica Carmen Lombardo, una joven que hace un año pudo reencontrarse con su familia biológica. Según Amnistía Internacional, la importancia de los reencuentros "es positiva para aclarar las circunstancias de la separación, ya que en muchos casos se dijo a los niños que sus padres les habían abandonado" y es un motivo más de esperanza para las familias que todavía buscan a sus hijos.

Recomendaciones de AI

En esta línea, desde Amnistía Internacional acusan a las autoridades salvadoreñas de "mantener una situación de doble impunidad, ya que la violación persiste, rehúsan investigar y castigar las pasadas violaciones de derechos humanos y se niegan a hacer lo posible para determinar el paradero de los desaparecidos".

En concreto, la ONG pide al Gobierno del país centroamericano que atienda las peticiones de las familias y apoye la solicitud de la organización Pro-Búsqueda para la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda. Amnistía también pide a las autoridades salvadoreñas que cumplan las normas internacionales de derechos humanos sobre reparación a las víctimas, la creación de un fondo para indemnizar a las víctimas y los familiares y la ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

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