En Chile se violan Derechos Humanos indígenas : Severa crítica de las Naciones Unidas

Por Ernesto Carmona *
3 de febrero del 2004

Naciones Unidas reclamó al Estado de Chile por su violación constante de los derechos humanos de la etnia mapuche, exigió una legislación civilizada que reconozca la existencia de las minorías indígenas y recomendó una urgente ley general de amnistía para todos los defensores indígenas de derechos humanos que se hallan en prisión.

También llamó a los medios de comunicación a ’redoblar los esfuerzos para dar amplia cobertura balanceada y equilibrada a las necesidades y la situación de los pueblos indígenas así como a las situaciones de conflicto social en las regiones indígenas’.

Las propuestas, contenidas en un informe de 33 páginas del relator especial de Naciones Unidas Rodolfo Stavenhagen, constituyen un revés internacional para el gobierno de Ricardo Lagos, que se alineó en Ginebra con las condenas por violación a derechos humanos en Cuba patrocinadas por Estados Unidos. El relator visitó Chile entre el 18 y 29 de julio de 2003, entregó su informe al gobierno el 17 de noviembre, pero sólo fue hecho público hoy por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad La Frontera y reproducido por el diario electrónico El Mostrador.

La visita de Stavenhagen evocó los esfuerzos frecuentes de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales cuando enviaban relatores a investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en Chile durante la dictadura militar de 17 años (1973-1990). Para la etnia mapuche la dictadura nunca ha terminado, se desprende del informe Stavenhagen.

Stavenhagen pidió expresamente que Chile revise los casos judiciales de los lonkos (líderes) Pascual Picuhn y Aniceto Norin con apego estricto a las garantías del debido proceso establecidas en las normas internacionales de derechos humanos. ’No deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (’amenaza terrorista’, ’asociación delictuosa’) a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas’, señaló el relator.

’Bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas’., indicó Stavenhagen. Pichún y Norín fueron encacelados por la Corte Suprema en octubre, después de oír un alegato del terrateniente Juan Agustín Figueroa Yávar, miembro también del Tribunal Constitucional y presidente de la Fundación Neruda. La mayor instancia de la justicia chilena revocó las decisiones de libertad de los tribunales inferiores tras escuchar al influyente abogado y político radical.

Naciones Unidas ’propone que el Gobierno de Chile considere la posibilidad de declarar una amnistía general para los defensores indígenas de los derechos humanos procesados por realizar actividades sociales y/o políticas en el marco de la defensa de las tierras indígenas’. También recomendó establecer en el país una institución nacional de defensa y protección de los derechos humanos u ’ombudsman’.

El relator recomendó a la sociedad civil la realización permanente de campañas de información pública dirigidas a combatir los prejuicios, el racismo, la intolerancia y la estigmatización de la problemática indígena en la opinión pública. El informe también es un alegato implícito en favor del periodista Pedro Cayuqueo, de la revista Azkintuwe y del Kolectivo Lientur, de contra información mapuche, quien fue detenido el 22 de enero y hoy se encuentra con libertad restringida en el ámbito de Temuco, imposibilitado de viajar.

En la llamada ’transición a la democracia’, la población indígena sigue marginada del reconocimiento y la participación en la vida pública del país’ —señala el documento—, como resultado ’de una larga historia de negación, exclusión socio-económica y discriminación por parte de la sociedad mayoritaria’, sostiene el documento.

El relator especial de la ONU recomendó al Congreso reformas jurídicas que otorguen un reconocimiento constitucional a las etnias indígenas, la ratificación del Convenio 169 de la OIT y la revisión de la legislación sectorial contradictoria con la Ley Indígena promulgada en 1993. También propuso que el Gobierno, en consulta con las comunidades indígenas y con asistencia técnica del sistema de Naciones Unidas, establezca un programa para reducir la pobreza de las comunidades indígenas, con metas específicas respecto a las mujeres y a los niños aborígenes.

Stavenhagen propuso que el Fondo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para la adquisición de tierras para los indígenas amplíe y acelere sus actividades y que se incrementen substancialmente sus recursos para poder atender las necesidades de las familias y comunidades indígenas. En las áreas mapuche, deberá especialmente intensificarse un programa de recuperación de tierras indígenas.

El relator recomendó también que las etnias sean consultados previamente en los proyectos de desarrollo a ejecutarse en sus tierras y territorios, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, y que sus opiniones sean tomadas en cuenta por las autoridades y empresas ejecutoras, de esos proyectos, como no ocurrió con la Central Ralco, de la hispana Endesa, construida bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000). También llamó a los medios de comunicación a ’redoblar los esfuerzos para dar amplia cobertura balanceada y equilibrada a las necesidades y la situación de los pueblos indígenas así como a las situaciones de conflicto social en las regiones indígenas’.

Ver también :
Informe completo del relator especial de la ONU (Texto en formato PDF) (Fuente : Programa de Derechos Indígenas).

* Ernesto Carmona es periodista chileno, también es consejero nacional del Colegio de Periodistas de Chile y secretario ejecutivo de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP).