En Argentina casi un millón de personas paga por agua privatizada no potable.

La rutilante promesa de los ’90 decía que los argentinos íbamos a vivir como en Francia o Estados Unidos. A gozar de los mejores servicios públicos, de las delicias del Primer Mundo. Pero a pocos kilómetros de la Capital, a casi un millón de personas dos empresas privatizadas les están vendiendo agua que ni siquiera es potable. Una investigación de Clarín comprobó que al menos en cuatro municipios del conurbano los vecinos reciben agua con alto contenido de nitratos, sales cuyo consumo elevado es nocivo para la salud de los lactantes y las embarazadas. Y que ni las empresas ni el organismo provincial de control los informan de este peligro. Ni hacen nada para solucionarlo.

Los nitratos son una forma del nitrógeno que se encuentra presente en el agua, cuya cantidad aumenta en las aguas subterráneas por la contaminación que la gente ocasiona con los pozos ciegos mal hechos y el uso de detergentes y ciertos fertilizantes. Como la medicina comprobó que su ingesta es peligrosa para los lactantes y potencialmente también para los adultos, el Código Alimentario Argentino establece un tope de 45 miligramos de nitratos por litro para considerar que un agua es potable.

Pero según pudo comprobar Clarín con el análisis de 22 muestras de agua tomadas en siete municipios del Gran Buenos Aires y analizadas por el laboratorio de Suelos, Aguas y Vegetales de la Facultad de Agronomía de la UBA, en cuatro distritos se vende agua con nitratos hasta un 90% por encima de ese límite. La encargada del edificio de Perón 1621, a dos cuadras del despacho de Aldo Rico en la municipalidad de San Miguel, aceptó el pedido para llenar una botellita con el agua de la canilla con la que lava la vereda: como toma agua directamente de la red, antes de pasar por el tanque, no había posibilidades de objetar los resultados del análisis en caso de que dieran mal. Y así fue: la muestra contenía 72,5 miligramos de nitratos por litro.

Como los vecinos de ese edificio, todos los dueños de casas, negocios y lavaderos de autos de San Miguel, Moreno y Merlo en donde Clarín tomó muestras de agua de red para analizar, están recibiendo agua no potable, con valores de entre 56,8 y 85,6 mg/l. En esos tres municipios, son 533.217 los clientes a los que la empresa Aguas del Gran Buenos Aires (AGBA) también podría estar vendiendo agua contaminada de nitratos.

Paradójicamente, las tomas realizadas en dos pozos domiciliarios de esa zona, que al no ser controlados por nadie bien podrían brindar agua en mal estado, mostraron buenos índices: 19,6 mg/l en uno de Merlo y 13,9 en otro de San Miguel. Lo notable es que AGBA está facultada para cerrar compulsivamente este tipo de pozos.

Tres de Febrero es un distrito complicado. Las dos muestras correspondientes a la zona atendida por Aguas Argentinas del francés Suez-Lyonnaise des Eaux dieron alto (65,3 mg/l en Ciudadela y 52,3 en Caseros); la del barrio Pablo Podestá, servida por la cooperativa Comaco tiene 71 mg/l y la de un pozo casero de ese mismo barrio batió el récord con 138,9. Mejor les va a los clientes que Aguas Argentinas atiende en Tigre y en Morón, donde se registraron valores normales, de entre 6,3 y 21,3 mg/l. En Esteban Echeverría, donde la empresa admite distribuir agua subterránea, logró bajar los nitratos mezclando el agua de pozos que daban alto con la de otros no contaminados.

Si a la población atendida por AGBA en Moreno, Merlo y San Miguel sumáramos los 280.500 clientes que Aguas Argentinas tiene en Tres de Febrero, al menos 813.717 personas estarían recibiendo en sus casas agua no potable. Pero si además tenemos en cuenta que todas las muestras correspondientes a AGBA están fuera de la ley y que la empresa presta servicios en otros cuatro distritos, la cantidad potencial de afectados podría ser de un millón de personas.

El mayor peligro de los nitratos se cierne sobre los lactantes y las embarazadas, cuya sangre podría quedarse sin oxígeno por una enfermedad llamada metahemoglobinemia. Aunque los niveles detectados en el conurbano no son mortales, los sanitaristas coinciden en que sería mejor que bebieran agua de otra fuente. También insisten en que siempre es mejor estar conectado a las redes de agua y cloacas, cuyo servicio es monitoreado técnicamente y controlado por el Estado. O al menos así debería ocurrir.

Para el ingeniero Oscar Natale, coordinador del Programa Nacional de Calidad del Instituto Nacional del Agua, lo que ocurre es un escándalo. "No sabía que en algunos lugares se estuviera distribuyendo agua no potable. No lo puedo creer", se ofusca.

Consultada por Clarín, la gerenta del laboratorio central de Aguas Argentinas, Daniela Reca, se sorprendió con los resultados de las muestras tomadas en Tres de Febrero: "Es imposible que hayan dado mal porque en esa zona proveemos agua del Río de la Plata" (donde los nitratos suelen ser bajos).

Los análisis de muestreo que tiene la empresa y que fueron exhibidos a Clarín en el laboratorio de Aguas Argentinas, no muestran problemas de nitratos. Pero al conocer los encargados a la UBA para esta investigación, prometieron verificar qué está pasando.

AGBA, a su vez, envió a Clarín un descargo sin firma que intenta justificar la falta de calidad de su servicio amparándose en un decreto de 1974. Sólo que según el contrato de concesión ese decreto perdió validez el pasado 3 de enero.

Un Estado que concede

Mientras que la privatización de Obras Sanitarias de la Nación -que en Capital y 17 partidos del conurbano ganó Aguas Argentinas- fue conducida por el Gobierno nacional en 1993, la concesión de los servicios de agua corriente y cloacas en 50 municipios bonaerenses se dispuso en diciembre del 99. Entonces, Aguas del Gran Buenos Aires -un consorcio integrado por el grupo italiano Impregilo y los españoles Dragados y Aguas de Bilbao Bizkaia- pagó un canon de 1,26 millón de dólares por servir durante 30 años a los vecinos de Escobar, General Rodríguez, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno y San Miguel.

El problema de los nitratos en las aguas subterráneas de la zona era bien conocido entonces, aunque por lo visto no fue su prioridad solucionarlo. Es que, tal como reconoce un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)publicado en Internet, los gastos de AGBA para el período 2001-2003 estuvieron dirigidos a "mejorar la viabilidad de la concesión incrementando el número de clientes y reduciendo la morosidad en los pagos de las facturas". Se nota: mientras que en el 2000 el agua co rriente sólo llegaba al 25,3% y las cloacas al 15,1% de los hogares en el área de la empresa, las proporciones subieron a 38,5% y 20,1% el año pasado, y para el 2005 prometen duplicar la cobertura. Pero la calidad del agua no mejora.

Más notoria aún es la caprichosa superposición de leyes y decretos que suben y bajan el límite de nitratos tolerado para el agua potable. Aunque el Código Alimentario Argentino -ley nacional de 1969 reformada por última vez en 1994- establece 45 miligramos por litro, la ley provincial 11.820 de 1996 exige un máximo de 50 mg/l, el mismo parámetro que, de acuerdo a los últimos descubrimientos de la medicina, recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Este límite, inexplicablemente más laxo que el de la ley nacional, es el que también figura en el contrato de concesión. Pero, ¿por qué ni siquiera esto se cumple? La respuesta del Organismo Regulador de Aguas Bonaerense (ORAB), es increíble: en una nota dirigida a Clarín -única respuesta a los reiterados pedidos de audiencia-, el titular del organismo, Luis Sanguinetti, apeló a un decreto de 1974 para justificar el silencio del ente frente a los excesos del concesionario. Curiosamente, es el mismo decreto con el que se quiso defender AGBA.

Efectivamente, el decreto provincial 6.653 coincide con el Código Alimentario en el tope de 45 miligramos de nitratos por litro de agua, pero en una llamada a pie de página se contradice diciendo que "agua con contenido de nitrato entre 46 y 100 mg/l se la califica como "químicamente potable, no apta para el consumo de lactantes". Claro, además de que un decreto no puede anteponerse a una ley, semejante excepción debería estar acompañada por una advertencia pública sobre el riesgo que esos valores implican para los bebés y las embarazadas, lo que tampoco se cumple en la zona visitada por Clarín.

Pero eso no es todo: hace cuatros meses, el gobernador Solá firmó el hasta ahora desconocido decreto 878, que reemplaza al ORAB por un futuro súper ente (el Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires, OCABA) y modifica sustancialmente el marco regulatorio de las actuales y futuras concesiones.

Entre los cambios, crea una comisión de notables que fijará "las condiciones que deba reunir el agua para ser considerada potable" en cada distrito de la provincia, y establece una sutil pero significativa diferencia entre "agua potable" (que cumple "con todos los límites impuestos") y "agua corriente para el consumo humano", aquella que no cumple con algunos límites "pero cuya ingesta puede ser autorizada por períodos limitados".

Dicho en criollo: si tal como busca el Gobierno este decreto obtiene ratificación legislativa, en la provincia de Buenos Aires habrá tantos estándares para la calidad del agua como los que la enigmática comisión de notables acepte, y ya no será ilegal que los proveedores del servicio vendan a sus clientes agua "corriente" pero no necesariamente "potable". Un verdadero traje a la medida de las dificultades que enfrentan para ofrecer un servicio rentable.

La investigación sobre la venta de agua no potable por parte de AGBA fue iniciada hace cinco meses por el concejal de San Miguel por el ARI Alberto Novo. Un estudio del 2001 había revelado que muchos pozos de agua caseros de hogares cercanos al río Reconquista estaban contaminados, y Novo quiso saber cómo estaba el agua de la red: dos análisis, realizados por el Centro de Ingenieros del Noroeste Adolfo Sourdeaux y la Universidad de General Sarmiento detectaron valores de nitratos hasta un 70% más altos que los legales. Pero ninguna de sus denuncias fue atendida.

La devaluación instaló entre el Gobierno y las privatizadas una feroz discusión sobre la pertinencia de un eventual aumento de tarifas, y esas mismas urgencias económicas fijaron la mirada de muchos usuarios en el nivel de los precios más que en la calidad del servicio que le prestan las empresas. Pero no todo es lo que parece. En febrero de este año, unos 350 miembros de asambleas populares de Merlo fueron golpeados con piedras y palos por "presuntos militantes del PJ" cuando manifestaban, entre otros reclamos, para denunciar que AGBA les vende agua contaminada. Su demanda aún está pendiente. Sus razones, vigentes.

Clarín. Buenos Aires , del 12 de octubre 2003