El ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry se presentó ante la justicia y quedó detenido

Ante el pedido judicial de captura librado anoche en su contra, Juan María Bordaberry se dio cita en la Cárcel Central de Montevideo. Allí quedó apresado, acusado de asesinatos de legisladores en Buenos Aires en 1976. A su llegada, un grupo de personas se manifestó en el lugar.

Télam. Buenos Aires, 17 de noviembre de 2006.

El ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry se presentó hoy ante el pedido judicial de captura librado anoche en su contra y quedó detenido hoy en la Cárcel Central, donde ya se encontraba el ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco.

El director nacional de Policía, Sidney Ribeiro, informó que Bordaberry se presentó hoy en la Jefatura de Policía de Montevideo, tras lo cual quedó detenido en la cárcel instalada en el mismo edificio.

El juez Roberto Timbal procesó y ordenó ayer trasladar a prisión a Bordaberry y Blanco por los asesinatos en mayo de 1976, en Buenos Aires, de los ex legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y los ex militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, refugiados en Argentina.

Ribeiro confirmó a la radio El Espectador, según reprodujo la agencia Ansa, que Bordaberry "se presentó en la Jefatura de Policía y así se da cumplimiento la diligencia que había ordenado el juez".

Bordaberry se presentó a las 8.50 locales (las 7.50 de Argentina) en un vehículo particular, acompañado por tres de sus hijos, entre ellos Pedro, ex ministro de Turismo durante el anterior gobierno de Jorge Batlle, del Partido Colorado, conservador.

Un grupo de personas que esperó durante toda la noche frente al edificio de la Cárcel Central se acercó y gritó "asesino, asesino" al ex dictador, cuando el vehículo que lo conducía ingresó al edificio de la Jefatura.

El juez Timbal notificará en las próximas horas a Bordaberry y Blanco los detalles de su procesamiento, aunque se desconoce si el magistrado se trasladará hasta la cárcel o si los detenidos serán conducidos a un juzgado penal en la Ciudad Vieja, casco antiguo de Montevideo, donde tiene su despacho el magistrado.

Durante 20 años, los gobiernos de los partidos Colorado y Blanco se negaron a investigar este caso, amparados en una ley sancionada en 1986 que dio impunidad a militares y policías que violaron derechos humanos durante la dictadura militar.