El drama social de los deudores en Uruguay : A pagar o a morir !

La política siempre se asemeja a una partida de truco : abundan las señas -muchas de ellas falsas-, se arman paquetes y se hacen camas a los adversarios. Pero en pocas ocasiones la semejanza es tan grande como la planteada, en contexto de campaña, en torno a la suspensión de las ejecuciones de los deudores bancarios.

Por Fabián Werner
Brecha, 12 de agosto del 2004

A remate

Presenciar una reunión de la Coordinadora Nacional de Deudores en Dólares es acercarse al drama social que parió la debacle bancaria de 2002. Una tras otra desfilan en el relato las peripecias de trabajadores de Montevideo que perdieron su casa, su auto, su trabajo, su salud, o que debieron irse a un asentamiento ; de pequeños productores rurales que vieron cómo remataron sus campos, que reciben llamadas de sus acreedores cada mañana para reclamarles el pago, que siembran sin saber de quién será la cosecha o que, agobiados por la desesperanza, se pegaron un tiro. Estos casos que terminaron con tragedias personales fueron en su mayoría mantenidos en reserva por los deudores, para evitar que cundiera el ejemplo.

Eduardo Satorno, integrante de la coordinadora, dijo que en el Interior hay muchísima gente "con el agua al cuello", que a pesar de haber ofrecido realizar pagos a cuenta no han podido pagar nada porque sus propuestas son rechazadas por los acreedores.

"Yo quiero que me digan cómo pagar, que me den una forma. Precisamos seguir trabajando, y darle de comer a los gurises", dijo Satorno a BRECHA con un sentido común que cada vez parece más inusual. Él tiene dos deudas en dólares, perdió su trabajo, cobra un seguro de paro y las cuotas de un despido mucho menor al que le correspondía legalmente, so pena de sostener un juicio laboral de dos años. Para él, al igual que muchos que están con el mismo inconveniente, la situación es insostenible, y no puede evitar que el problema "se trasmita a los hijos y a todo el entorno familiar".

La incertidumbre también existe sobre datos que resultan esenciales para conocer el alcance del desastre : nadie puede precisar el número de damnificados, el monto de las deudas, la cantidad de remates o el porcentaje de refinanciaciones. Sin embargo, algunas cifras extraoficiales pellizcadas por la Coordinadora de Deudores en distintas fuentes hablan de entre 24 y 28 mil remates entre los años 2002 y 2003 (todavía no hay datos actualizados de este año), y de cerca de 350 mil familias (en 2002 eran 475 mil) que deben aproximadamente 485 millones de dólares. Este último dato implicaría que se ven directamente afectadas más de un millón de personas, calculando un promedio de tres personas por núcleo familiar. Y en ese variopinto abanico de casos se encuentra gente que sacó un crédito hipotecario (alrededor de 180 mil) o personas que compraron una heladera (créditos al consumo), además de los deudores del Banco República de los sectores agropecuario, industrial y comercial. Ni el gobierno ni los endeudados manejan datos siquiera parciales del vasto universo de prestamistas privados. "Ese es un capítulo oscuro, paralelo y permitido, que nunca llegamos a conocer", admitió a BRECHA Maruja Garbarino, integrante de la coordinadora.

Pero entre los casos de los que sí hay información, abundan "situaciones trágicas. La gran mayoría de la gente que sigue viniendo a las asambleas ha mermado mucho en sus ingresos y ha perdido la capacidad de pago. Es gente que ha pagado la casa durante diez o quince años, y le falta poco para terminar, pero el desfase que generó la merma de los ingresos y el incremento por la devaluación le hizo imposible pagar", narró por su parte Lis Pérez, otra participante de la coordinadora. Y apuntó que en esa situación, el deudor que pierde su trabajo "queda por fuera del sistema, porque pierde asistencia médica, posibilidad de tener un crédito, pierde sus derechos como ciudadano, es una muerte civil".

La otra alternativa es irse del país, una de las opciones más recurrentes por estos tiempos, sobre todo para los jóvenes. "Pero no queremos irnos, queremos quedarnos, y no hemos tenido ninguna respuesta del sistema político", dijo Pérez, aunque no es del todo cierto. Respuestas hay, pero faltan soluciones. Una de esas respuestas ha sido la del ministro de Economía del eventual gobierno de la izquierda : "Si los deudores no pagan, los ahorristas no cobran". Esa idea, manejada por el senador Danilo Astori al cuestionar la propuesta suspensión de ejecuciones, desconcertó a los deudores reunidos el miércoles 11, que todavía apuestan a que la bancada encuentrista declare el tema asunto político y que el proyecto de suspensión de ejecuciones sea finalmente votado, también con el apoyo del candidato blanco Jorge Larrañaga. De todas formas, si se vota sería sólo patear la pelota para adelante, según dijo Carlos López, integrante de la coordinadora : "Suspender las ejecuciones hasta febrero no alcanza, sí serviría si hubiera voluntad política para buscar una solución, mientras tanto, y aplicarla después de febrero".

La aprobación de una ley en el Parlamento es el marco general que buscan los deudores para después encarar el tema caso por caso. "Eso jamás ha sido negado como una posibilidad para resolver el tema del endeudamiento. Pero lo que no queremos es un deudor solo, contra el acreedor, que tiene un poder que no se puede enfrentar, eso es ir a la guerra con un alfiler", explicó Garbarino.

El desaliento alimenta las dudas de los deudores ante la elección inminente. ¿Todos los políticos son iguales ? ¿Tenemos que darle nuestro voto a aquellos que nos solucionen el problema ? ¿Por qué Larrañaga se compromete con la ley y tres días después dice que se opone ? ¿Por qué ni Astori, ni Vázquez, ni Larrañaga nos reciben ? Las preguntas siguen apareciendo, al igual que los cedulones.

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Calesita original

Un empleado bancario que tenía un préstamo para vivienda en el vaciado Banco Montevideo hubiera querido negociar las condiciones de pago, pero las oficinas de atención al público de la institución bancaria de la familia Peirano dejaron de existir. Las que viven, sin embargo, son las reparticiones encargadas de procesar las ejecuciones de los deudores ; sólo así se explica que unos días atrás le haya llegado un cedulón anunciándole el remate de su vivienda para el 31 de agosto, sin que haya existido tentativa alguna por parte del banco para lograr una refinanciación. Para peor, pocos días después de ese mazazo tuvo el tiro de gracia : dos personas que se identificaron como ahorristas del Banco Montevideo, también estafados, se presentaron en la vivienda para conocerla, ya que habían sido informados de la inminente subasta. La explicación de estos ahorristas, que estaban tan sorprendidos como el dueño de casa, era que en el próximo remate les podían aceptar los bonos que les habían dado en lugar de sus ahorros. Así, las cuentas cierran : los estafadores les cobran a sus deudores quitándoles sus casas, les pagan a sus acreedores con estas viviendas y recuperando sus bonos, y la plata que desviaron nunca aparece.

En este caso, como en otros tantos, el damnificado no pudo ejercer su derecho a la legítima defensa, debido a que para responder a un juicio ejecutivo un deudor debe depositar el equivalente al 1 por ciento del total de la deuda.