El arreglo entre el gobierno de Bolivia, Repsol y Petrobas para vaciar a un país

Especialistas financieros de España creen que los cambios tributarios y de contratos no afectarán en nada a Repsol y aconsejan comprar más acciones de la petrolera. Los representantes de Petrobras en La Paz piensan lo mismo y alaban la propuesta de Mesa

Econoticiasbolivia.com
La Paz, 8 de septiembre 2004.-

Especialistas del ámbito bursátil y financiero de España calificaron al proyecto de nueva ley de hidrocarburos de Bolivia como "poco relevante" para la petrolera Repsol, que no vería afectados los grandes intereses que tiene en el país del Altiplano.

Según destacan los medios españoles, el gobierno boliviano intenta forzar a las empresas petroleras que operan en ese país a firmar nuevos contratos con el Estado, modificándose la estructura tributaria hasta ahora vigente, lo que significará mayores ingresos fiscales para el Estado, producto de la ampliación de los volúmenes de exportación de gas a los mercados de Brasil y la Argentina y la ejecución de nuevos proyectos con México y Estados Unidos

Los cambios en los contratos y la intención oficial de crear una nueva compañía estatal de petróleo y gas no tendrá un impacto significativo, aseguran los especialistas. Así, algunos analistas bursátiles afirman que "las implicaciones económicas de estas medidas no son especialmente relevantes" y no reducirán el "buen prospecto" que representan las operaciones en Bolivia, según los reportes especializados difundidos en España y enviados a Econoticias.

En el circuito financiero español y europeo se destaca como "muy elevada" la importancia estratégica del país andino, puesto que las reservas probadas de Repsol en este país representan el 23% de su total.

Los especialistas bursátiles, que avizoran las perspectivas de mediano y largo plazo del mercado de los hidrocarburos, sólo tienen una recomendación para los clientes y usuarios de la bolsa: "acumular" acciones de Repsol.

Una similar impresión tienen los voceros de la petrolera brasileña de Petrobras, que después de Repsol, son las más importantes operadoras del sector hidrocarburífero de Bolivia. Ayer, en La Paz, el embajador de Brasil, Antonino Mena Goncalves, calificó el nuevo proyecto oficial de Ley de Hidrocarburos como "equilibrado, razonable y con visión de futuro".

Según destaca la prensa de Bolivia, "la petrolera brasileña, la segunda más grande en Bolivia, llegó al país en 1996 para construir el gasoducto al Brasil y desde entonces se expandió en toda la cadena de producción. Controla los campos de San Alberto y San Antonio, también es dueña de las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz, opera el gasoducto Yacuiba-Río Grande y también está en la distribución mayorista".

***

GAS: MESA EXPROPIA A LOS BOLIVIANOS, NO A LAS TRANSNACIONALES

Econoticiasbolivia.com
La Paz, 8 de septiembre 2004.-

Ni nacionalización ni expropiación. En el nuevo proyecto de ley de hidrocarburos, presentado por el presidente Carlos Mesa, las transnacionales petroleras que operan en Bolivia mantendrán el control y dominio sobre las ingentes reservas de gas y petróleo, valuadas en más de cien mil millones de dólares.

El proyecto oficial establece que las transnacionales deberán suscribir obligatoriamente en el plazo de seis meses nuevos contratos, en reemplazo de los actuales, para proseguir con sus millonarias exportaciones de gas a Brasil, Argentina, México y Estados Unidos. Eso sí, en la medida que incrementen sus ventas al mercado externo, deberán pagar un mayor nivel de impuestos.

Según el proyecto gubernamental, habrá un mayor control sobre los negocios y la producción de las petroleras extranjeras, entre las que se cuentan a Repsol, Petrobras, British Gas, Total, Exxon, British Petroleum, Pan American, Vintage, Pluspetrol, Enron y otras menores.

Así, mientras estén en el subsuelo, todas las reservas de gas y petróleo serán nominalmente de propiedad del Estado hasta que emerjan a la superficie, donde volverán a dominio y propiedad de las transnacionales, tras pagar los impuestos de ley. A esta acción, el gobierno la denomina como la "recuperación de la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo", lo que permitirá una mejor medición de la producción que será gravada con impuestos y la definición de los usos y mercados de venta de los hidrocarburos.

Superada esta fase, las petroleras extranjeras podrán disponer de la producción en su beneficio, obteniendo, al igual que ahora, millonarias ganancias por la exportación a los mercados externos y la venta a los mercados internos.

La propuesta de ley no contempla, por tanto, ni la nacionalización ni la expropiación de las reservas de gas y petróleo que están en manos de las transnacionales, tal como habían demandado las organizaciones sociales y populares que exigían que los más cien mil millones de dólares, que es el valor de la reservas, pasen a beneficiar al Estado y al pueblo boliviano.

El gobierno, temeroso de juicios y conflictos, no quiere ni siquiera hablar de nacionalización ni expropiación con las transnacionales. Aunque otro es el lenguaje con los ciudadanos bolivianos, a los que planea confiscarles las acciones que tienen en las empresas mixtas Chaco, Andina y Transredes, conformadas entre lo que fue la empresa estatal del petróleo, YPFB, en asociación con Repsol, British Petroleum y Enron-Shell.

El proyecto establece que un poco menos de la mitad de las acciones de las empresas mixtas de Chaco, andina y Transredes, valuadas en 700 u 800 millones de dólares, pasen a propiedad de la refundada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para que pueda operar en el negocio de los hidrocarburos, aunque en una escala muy reducida por la baja magnitud de este capital. Hasta ahora, los dividendos de estas acciones, que son gerentadas por bancos extranjeros a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), debían ser utilizados para pagar un bono vitalicio anual de algo más de 200 dólares a todos los bolivianos mayores de 65 años. Por ello, de aprobarse el proyecto de Mesa, este beneficio se reduciría a menos de la mitad.

El proyecto de ley, que consta de 14 capítulos y 118 artículos, ha sido recibido por el Congreso nacional, donde se adelantaron criterios favorables, especialmente entre los partidarios del diputado cocalero y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, que había exigido que los contratos de las petroleras se adecuen a la nueva ley.