El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos

Por Raúl Moreno
ALAI-AMLATINA, El Salvador, 14 de julio 2004

Pese a que los TLC son promocionados por los gobiernos con la etiqueta del "libre comercio", estos tratados incorporan en sus contenidos aspectos que trascienden de lo que estrictamente se refiere a la exportación e importación de bienes; pues incursionan en áreas tan diversas como son las inversiones, los derechos de propiedad intelectual, las compras gubernamentales, los servicios, las políticas de competencia, las telecomunicaciones y el sector financiero, entre otros. Y por esta vía definen el marco que determina la orientación de las políticas públicas de las pequeñas economías suscriptoras del tratado.

A través de estos contenidos "extra-comerciales" los TLC invaden competencias soberanas de los Estados, como la definición de las políticas económicas nacionales y el control de servicios estratégicos, afectan el cumplimiento y vigencia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la población a través de la normativa establecida en los capítulos de compras gubernamentales, comercio de servicios, derechos de propiedad intelectual e inversiones, que promueven los procesos de privatización de los servicios públicos por la vía de las concesiones.

Estamos frente a un instrumento con amplios alcances, que incorpora entre sus contenidos una gama de mecanismos que conjugan prohibiciones a los gobiernos con derechos para las empresas extranjeras en materia de inversiones, tratos no discriminatorios, derechos de propiedad intelectual, "liberalización" de servicios y acceso a las licitaciones públicas. El TLC garantiza la legalización de privilegios y los convierte en derechos para las empresas transnacionales, pues con su ratificación por parte de los órganos legislativos de cada país, estos tratados se convierten en El Salvador en Ley de la República —con mayor jerarquía jurídica que toda la legislación secundaria—, no así en Estados Unidos.

La estructura y contenidos capitulares de los TLC responden a una lógica transversal que privilegia la ganancia por encima de los derechos humanos y la sustentabilidad; resulta abrumador y desproporcionado constatar cómo estos tratados contienen una extensa lista de derechos otorgados a las empresas extranjeras, que contrasta con la omisión entre sus contenidos de mecanismos que garanticen el cumplimiento de los DESC, y de la conservación de los ecosistemas.

La retórica del discurso oficial

Las intensas campañas oficiales en los medios de comunicación y los discursos de las cúpulas empresariales, nos presentan al TLC entre Centroamérica y Estados Unidos (TLC CA-EU) como la panacea a los problemas que enfrentan la pequeña economía
salvadoreña: la clave para la generación de empleo y la vía para accesar a un mercado de más de 270 millones de personas.
Según estos planteamientos bastaría con mover la "varita mágica"
de ratificar el TLC CA-EU para que automáticamente se potencie el crecimiento de la economía —a través de la exportación de "zemita mieluda" y "consomé de garrobo" al gran mercado estadounidense- -, y se derrame el bienestar entre la población nacional —con la posibilidad de ser "bendecida" con un empleo en alguna empresa maquiladora—.

En la apología del TLC CA-EU se han obviado las profundas asimetrías económicas, tecnológicas, sociales e institucionales existentes entre los países suscriptores, pero sobre todo la aplastante capacidad del gobierno de los Estados Unidos de imponer sus intereses en las negociaciones y determinar los resultados. Por otra parte, resulta paradójico presentar este tratado como alternativa para el crecimiento económico y la generación de empleo, siendo que reproduce las mismas medidas de apertura y desregulación económica en que se fundamentan las fracasadas "políticas neoliberales" del Banco Mundial (BM), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en las últimos quince años han profundizado los problemas estructurales de las economías centroamericanas.

Para que la economía crezca se requiere de acciones deliberadas para el logro de ese propósito, pero no basta con obtener tasas positivas de crecimiento del PIB(1), se requiere alcanzar un umbral de crecimiento -con tasas superiores al 6%— a partir del cual se haga posible reducir el desempleo y además, de forma sostenida durante un período considerable y de manera sustentable. Este tipo de crecimiento es la primera condición, que resulta ser necesaria, más no suficiente para aspirar a resolver los problemas de pobreza y marginación que nos ahoga; pues se requiere además de un crecimiento que se redistribuya en base de criterios de justicia y equidad, que permita una relación armónica con la naturaleza y el medio ambiente.

La preparación de las economías para el desarrollo pasa por enfrentar el flagelo de la desigualdad, que se expresa a través de los altos niveles de concentración de la riqueza y los activos medidos a través del Índice de Gini -que salvo Costa Rica, toda la región centroamericana supera el 0.50%— y en la desigual distribución del producto, que exponen cómo la proporción destinada a remuneraciones a los trabajadores resulta ser en promedio casi la tercera parte de la que se apropian los empresarios en forma de ganancias —o excedente bruto de explotación—.

Con independencia del TLC CA-EU, El Salvador tiene el reto de ordenar su casa, de fundamentar las bases que le permitan remontar esas enormes asimetrías que le hunden entre los puestos más bajos del desarrollo humano. La integración regional -vista como un proyecto sistémico—, a diferencia de los TLC se configura en una vía que podría acercarnos al propósito de un desarrollo justo y sustentable.

El TLC: un instrumentos para la consolidación del "ajuste"

Los TLC refuerzan y consolidan el proceso de ajuste iniciado desde finales de los ochenta, pues permite simultanear en dos carriles distintos medidas de políticas con propósitos convergentes. Ambos se enfilan hacia el objetivo compartido de garantizar la desregulación de la economía y el aseguramiento de una base de acumulación de las empresas transnacionales, y para ello traslapan sus acciones para operar como en una carrera de relevos, dando continuidad desde el TLC a lo ya iniciado por los Programas de Ajuste Estructural (PAE).

Las reformas económicas e institucionales contenidas en los PAE, que se convierten en exigencias para los países deudores a través de las condicionalidades cruzadas de los préstamos de estabilización —otorgados por el FMI— y de ajuste -del BM—, se complementan y profundizan con la suscripción de los TLC, en la medida en que los contenidos de estos tratados transforman los marcos jurídicos de las naciones, sellando legalmente las reformas que promueve.

En el proceso de reformas mucho se avanzó en materia de desregulación y apertura, los procesos de privatización trasladaron a manos privadas buena parte de las empresas y activos públicos; sin embargo, todavía faltan por privatizar importantes servicios públicos, los cuales están en la mira de las corporaciones transnacionales que orientan la agenda de los TLC hacia la privatización de servicios como el agua, la salud, seguridad social, educación, la generación hidroeléctrica y geotérmica, la transmisión de la electricidad, entre otras.

Una práctica secreta y antidemocrática

En los países centroamericanos existe una larga tradición en la aplicación de políticas públicas de carácter antidemocrático, esto no sólo por los perversos impactos que han generado en la población, sino por los mecanismos excluyentes utilizados para su formulación e implementación. A pocas personas extraña el hecho que las decisiones económicas sean asumidas por unas cuantas personas, sin la mínima posibilidad que en el futuro puedan asumir sus responsabilidades por los costes y perjuicios que sus decisiones generan.

Las negociaciones de los acuerdos y tratados de comercio e inversión no han sido la excepción. Pese a la trascendencia que los TLC tienen en la vida nacional, por los impactos sociales y económicos que generan, los procesos de negociación y de toma de decisiones se han caracterizado por la falta de transparencia, la ausencia de consultas a los sectores perjudicados y la nula participación de los diferentes sectores económicos y sociales. El secretismo y carácter antidemocrático de los procesos de negociación contrasta con la retórica del discurso oficial que recalca en la necesidad de "establecer procesos de participación social amplia". Desde la lógica de los gobiernos, la sociedad civil es poco más que el sector empresarial, muestra de ello es la misma conformación de los equipos negociadores de los TLC, los cuales están conformados por funcionarios públicos de los ministerios de economía o de comercio e industria, y por la representación de las cúpulas empresariales.

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