El Senado tratara de evitar la privatización silenciosa de la industria eléctrica de México

Por INFODEMEX
21 de abril del 2004

A propuesta del priísta Manuel Bartlett Díaz y pese a la oposición del Partido Acción Nacional (PAN), el Senado de la República acordó supervisar y estar muy pendiente de que el Presidente de la República y las autoridades del sector energético cumplan las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que demostró ya que ’’se está privatizando a marchas forzadas el sector eléctrico’’, pese a la prohibición expresa de la Constitución.

El gobierno foxista llega al extremo ’’de tener ya comprometida con inversiones extranjeras la generación eléctrica necesaria hasta 2008, reduciendo a una mínima participación a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)’’, agregó Bartlett.

El legislador contó con el apoyo de sus compañeros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para que se aprobara ’’de urgente y obvia resolución’’ su punto de acuerdo para vigilar que ’’se lleve hasta sus últimas consecuencias’’ el cumplimiento de las auditorías del órgano superior de fiscalización.

De acuerdo con lo anterior, en el Senado se vigilará que se concreten las sanciones a los funcionarios que hayan incurrido en irresponsabilidades, se determinen los daños al patrimonio de la CFE y ’’se nulifiquen los permisos otorgados contra las leyes de interés público’’.

Si el presidente Vicente Fox, el secretario de Energía, el director de la CFE y los demás implicados no atienden las recomendaciones de la ASF e insisten en su actitud ’’de privatizar a ultranza, la vía judicial está abierta y a ella acudiremos’’, advirtió Bartlett.

Su planteamiento se aprobó a pesar de que el senador panista Juan José Rodríguez Prats -uno de los impulsores de entregar el sector eléctrico a trasnacionales- trató de desviar el debate hacia la reforma constitucional, con el argumento de que ha repetido en infinidad de ocasiones en tribuna que las reformas de 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica posibilitan la intervención de particulares en la generación eléctrica.

Con ese argumento trató de justificar los permisos otorgados por el gobierno de Fox para la instalación de plantas eléctricas, la gran mayoría operadas por empresas extranjeras.