El Salvador
causa indignación el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso las Colinas

Por Angela Medina - Violeta Muñoz
CO LATINO, 19 de septiembre 2004

Las instancias jurídicas internacionales sería el siguiente peldaño al que llegarán los habitantes de Las Colinas, frente al fallo desfavorable emitido por la Corte Suprema de Justicia, (CSJ), que libera de responsabilidad al Estado salvadoreño de toda culpa en la tragedia que provocara el derrumbe en la Cordillera de El Bálsamo, que dejó el saldo de medio millar de muertes y miles de familias damnificadas, al momento del terremoto de enero de 2001.

’El fallo de la CSJ es indignante’, dijo la presidenta de la Comunidades con Fe por la Protección de la Cordillera de El Bálsamo (COMFEBA), Lourdes de Campos, quien expresó total solidaridad con las comunidades afectadas directamente por el alud de tierra y que pertenecen a las 16 comunidades que conforman la entidad.

’Es indignante que la honorable CSJ que debería velar por la justicia de todos nosotros, haya dictaminado en contra de la población, no cabe duda que debemos acudir a instancias internacionales para que se haga justicia’, acotó.

De campos manifestó que hasta el momento no se ha indemnizado a las víctimas y mucho menos se han querido reconocer los daños. La representante de COMFEBA dijo que los afectados ya iniciaron trámites ante la Corte Interamericana de Justicia, ya que COMFEBA es solidaria totalmente con los afectados directos de Las Colinas.

La Corte que falló contra un amparo por violaciones a los derechos de seguridad a la propiedad y a la vivienda no admitió el recurso, debido a que los documentos que presentaron no constituyó prueba de negligencia, según los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

Los abogados de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), y los familiares de las víctimas del deslave denunciaron que el Estado tenía conocimiento sobre las fallas y las irregularidades en el suelo del cerro La Gloria, próximo a la residencial.

Los denunciantes manifiestan que las instituciones involucradas contaban con mapas antes de que se registraran los terremotos, en el año 2002, quienes no las divulgaron y no tomaron en cuenta las medidas de precaución y seguridad necesarias en el caso.

Voto razonado

La Magistrada de la Sala de lo Constitucional, Victoria Marina de Avilés, fue la única que se mostró en desacuerdo.

La funcionaria votó en contra del fallo emitido. Fue un voto razonado, por considerar que las instituciones conocían acerca del peligro que representaba la zona en cuestión, y pese a esto no previeron un suceso como el registrado.

Los afectados agradecen a la doctora Marina de Avilés por esa posición solidaria y justa que ella mantiene dentro de un grupo colegiado como lo es la CSJ.

Se pronuncian

’Es lamentable porque el estado sabía que había una serie de mapas que registraban una serie de fallas, los terrenos eran frágiles, nosotros lo habíamos denunciado muchas veces’, indicó el director del CESTA, Ricardo Navarro.

Navarro aseveró que el Estado tiene la obligación de saber sobre los riesgos que representa construir colonias en zonas de alto riesgo.

’Consideró que el gobierno es culpable, la Corte tenía que haber estado del lado de las víctimas y no de los victimarios’, dijo al referirse a que los funcionarios indicaron que no sabían acerca de esas irregularidades.

Según Navarro, ’la Corte y la Fiscalía son iguales, ya que ambas instituciones se ponen a la altura de la gente de poder y de los que tiene más fuerza y no velan por las necesidades de la población’, aseguró.

El ecologista aseguró que tanto el CESTA como diversas instituciones estudian la posibilidad de interponer una demanda a escala internacional para que este caso no quede impune.