El Juez Recarey citará como testigos a los coroneles "Pajarito" Silveira y Cordero en el caso de Elena Quinteros.

La próxima semana serán citados a declarar a la Justicia Penal, en calidad de testigos, los militares retirados Manuel Cordero y Jorge "Pajarito" Silveira, en el expediente referido a la desaparición de Elena Quinteros. A la sede penal fueron convocados un geomorfólogo, una arqueóloga y un perito forense

Por La Republica
3/12/2003, página 21

Un comunicado de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) expresó que el expediente sobre la desaparición de Elena Quinteros que el Poder Ejecutivo pide le sea enviado para que dilucide si está incluido en la Ley de Caducidad es la denuncia inicial que dio lugar a las investigaciones, que por encontrarse la causa en la etapa de sumario, ya no existen las mencionadas "diligencias presumariales" y que el expediente mencionado por el Poder Ejecutivo se transformó en las actuaciones sumariales en que resultó procesado Juan Carlos Blanco por homicidio muy especialmente agravado

La Suprema Corte de Justicia notició al juez penal Alejandro Recarey del escrito del Poder Ejecutivo en que pide la suspensión de las actuaciones judiciales relativas a la desaparición de Elena Quinteros -entre ellas, las citaciones a declarar en carácter de testigos y no de indagados de varios militares- y que se eleven los antecedentes del caso al presidente Jorge Batlle, para que determine si la indagatoria está comprendida en la Ley de Caducidad.

El magistrado Recarey, quien suple al juez penal de 1er. Turno Eduardo Cavalli, decidió mantener las citaciones y fijar nuevas declaraciones. Para Recarey, el caso no está incluido en la Ley de Caducidad, ya que no se trata de un presumario sino de un sumario que cuenta con un procesado civil -el ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco por el delito de homicidio muy especialmente agravado-. El juez entiende que la Ley de Caducidad es aplicable a las denuncias contra militares, policías o equiparados que violaron los derechos humanos en el período 1973-1985, lo que no sucede en esta causa, e informará de ello a las partes.

Recarey reunió elementos indiciarios de que los restos de Elena Quinteros están o pudieron estar en el Batallón 13; los testimonios que está recabando son para acotar el espacio de la medida cautelar que resolvió y que no permite innovar en una zona del mencionado batallón.

La División de Comunicación Institucional de la Suprema Corte de Justicia emitió ayer un comunicado en que afirma que el expediente que el Poder Ejecutivo pide que le sea enviado es la denuncia inicial que dio lugar a las investigaciones y, por encontrarse la causa en la etapa de sumario, ya no existen las mencionadas "diligencias presumariales". "En suma, el expediente mencionado por el Poder Ejecutivo se transformó en las actuaciones sumariales en que resultó procesado Juan C. Blanco como coautor de un delito de privación de libertad (decreto 991 de fecha 18/10/2002), actualmente modificada la imputación a ’homicidio muy especialmente agravado’ según decreto 926 de 20 de junio de 2003, y en el cual se vienen realizando citaciones a militares para que comparezcan a prestar testimonio (es decir, en calidad de testigos, no como indagados) tal como ha trascendido en los medios de prensa", señala el comunicado.

"La vasta investigación en curso está orientada a circunscribir en tiempo y espacio, a través de los indicios disponibles, ese lugar en que presuntamente estarían enterrados los restos de Quinteros. Esto es necesario porque, a diferencia de lo que había resuelto en su momento, y para otro caso, el juez Dr. Gustavo Mirabal, ordenando por tiempo determinado la detención de las excavaciones en el predio del Batallón de Infantería Nº 13, en un radio de un kilómetro, el juez Dr. Alejandro Recarey dispuso esa misma medida, pero sin plazo, lo cual acarrea perjuicios a la institución propietaria, además de provocar atrasos en una obra municipal. Cabe señalar que se han recabado numerosos elementos de prueba, dada la gran complejidad del asunto. El testimonio requerido a los militares es tan sólo una parte de esos elementos que permiten llevar adelante la investigación, pues no debe olvidarse que se trata de un hecho ocurrido hace mucho tiempo, lo cual dificulta aún más la labor que viene desarrollando la Justicia", concluye el comunicado de la SCJ.

Citaciones

Hoy está previsto que concurran a declarar un geomorfólogo, una arqueóloga y un perito forente del Instituto Técnico Forense (ITF), y también están citados algunos militares. Entre quienes serán citados la próxima semana están los coroneles retirados Manuel Cordero y Jorge "Pajarito" Silveira, dos de los más connotados violadores de los derechos humanos durante la pasada dictadura.

No hay fundamento legal que permita no concurrir en carácter de testigos y no de indagados a los militares citados, quienes, de no hacerlo, pueden incurrir en delitos contra la administración de la Justicia. Según el artículo 220 del Código Penal, al ser interrogado por un juez un militar puede ampararse en secretos de Estado para no revelar cierta información, pero el propio juez puede relevarlo del deber de guardar dichos secretos.

La citación a militares para que presten declaración como testigos se da a 18 años del regreso a la democracia y a más de un año del procesamiento de Blanco, por lo que fuentes judiciales dijeron no entender la reacción del asesor presidencial Carlos Ramela, que manifestó su sorpresa por la celeridad con que Recarey está actuando.

Según el abogado del PIT-CNT Pablo Chargoñia, el pedido del Poder Ejecutivo para que el juez Recarey suspenda sus actuaciones no congela los pasos ya dados. "El juez letrado en lo Penal ordena, tiene autoridad para hacer comparecer a un testigo. No hay ningún elemento que le impida a un juez letrado en lo Penal, no hay ningún mensaje del Poder Ejecutivo que suspenda automáticamente un proceso penal. El juez puede seguir adelante.

Yo confío en que siga adelante; si el testigo no comparece, lo citará nuevamente, y si sigue sin comparecer hará lo que se hace siempre en esos casos, que es la solicitud de conducción a través de la autoridad policial", dijo a radio El Espectador.

Chargoñia sostuvo que "el Poder Ejecutivo interviene ahora porque evidentemente no tiene voluntad de que se localice el cuerpo de la víctima. Otro sentido no tiene la oportunidad que ha elegido para obstruir la investigación judicial". "Es una denuncia que data del año 1990. No es creíble que el Poder Ejecutivo recién ahora advierta esta circunstancia, en 2003. Han pasado tres jueces y dos fiscales en este proceso y ninguno alegó el artículo 1º de la Ley de Caducidad ni lo hizo jugar, precisamente porque no es aplicable, porque el artículo 1º refiere a policías, militares, equiparados o asimilados, y ninguno de los jueces o fiscales intervinientes consideró que se tratase de una hipótesis del artículo 1º; por lo tanto la Ley de Caducidad no es de recibo ni de aplicación", añadió.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Yamandú Fau, expresó que "La ley (de Caducidad) en eso es meridianamente clara y el juez debe requerirlo. Y a quien debe requerirlo es al Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo es el que debe ser requerido y no se le requiere, parece elemental que tiene el derecho a pedir que se abra la instancia que le permita cumplir con la ley". El capitán de navío Alex Lebel, que declaró la semana pasada, afirmó que el Comando de la Armada le advirtió que sería sancionado si brindaba declaraciones judiciales. Agregó que en expedientes de la Armada estaban los detalles solicitados por el juez. *

Juez valiente

ENFRENTAMIENTO
Para Ramela, con la excusa de investigar sobre los restos de Quinteros, trata de indagar otros casos
Juez citó a más militares; si se rehúsan pedirá apoyo policial El Juez no responderá al Ejecutivo, agregará la solicitud al expediente y continuará con las otras citaciones

El juez Alejandro Recarey no responderá a la solicitud del Poder Ejecutivo de suspender las actuaciones que inició para investigar dónde fueron enterrados los restos de Elena Quinteros y si los militares citados como testigos no comparecen, podrán ser conducidos por la fuerza pública.

La decisión del magistrado provocó molestia en el Poder Ejecutivo. El asesor presidencial, Carlos Ramela, dijo a El País que el juez está jugando al límite del reglamento y que pone como excusa investigar dónde está el cuerpo de Quinteros, para indagar mucho más allá del caso.

Recarey explicó a El País que procederá como con cualquier testigo y aseguró que "la respuesta está en el Código". El artículo 171 del Código del Proceso
Penal establece que si el testigo no se presenta, "de no mediar causa justificada, será conducido por la fuerza pública". Agrega que después de comparecer, si se niega a declarar, será puesto a disposición del Tribunal competente por la responsabilidad penal que pudiere corresponderle.

A la lista, el juez añadió ayer dos nuevos testigos al citar a los militares retirados Manuel Cordero y Jorge Silveira, que se suman a Jorge Tróccoli, Ernesto Soca y Juan Carlos Larcebeau.

Recarey entiende que al tratarse de un sumario, en el expediente por el que fue procesado el ex canciller Juan Carlos Blanco no corresponde consultar al Ejecutivo para saber si el caso está comprendido en la ley de Caducidad porque ya quedó demostrado que no lo está.

El magistrado dijo que el oficio le llegó ayer mismo remitido por la Suprema Corte de Justicia sin ninguna nota y que el mismo será agregado al expediente para seguir adelante con la investigación.

Recarey explicó que la investigación apunta exclusivamente a encontrar el cuerpo de Quinteros, y que no puede dilatarse porque su resolución mantiene
suspendida las obras de saneamiento que la Intendencia de Montevideo llevaba en al zona del Batallón de Infantería Nº 13.

El juez señaló que la reacción del gobierno no es algo que le atañe a él. "Mi deber es responder a los justiciables", afirmó.

Recarey explicó que la ley de Caducidad determina que el juez tiene que remitir los antecedentes de las denuncias que reciba, pero en este caso no se trata de una nueva denuncia sino de un sumario en el que ya hay una persona procesada.

INTROMISION
En tanto, Ramela dijo a El País que el juez está jugando en el límite del reglamento y que con la excusa de investigar donde está el cuerpo de Quinteros "pretende investigar lo que está mucho más allá del caso". Como prueba de ello, mencionó la solicitud que formuló al Ejecutivo sobre los
detalles de la denominada Operación Zanahoria, donde pidió los nombres de los responsables.

"El juez se rasca la oreja derecha con la mano izquierda tratando de eludir la ley de Caducidad. Es una trampa formal, está queriendo citar a los
principales responsables", afirmó.

Ramela dijo que quienes están detrás de esto, más allá del juez Recarey "buscan el patrocinio para escraches futuros, pero la ley no quiso eso.
Habría que analizar con seriedad y honestidad cual fue el espíritu de la ley. Si la ley de Caducidad es una intromisión de poderes es lo que votaron los legisladores".

Aseguró que "para indagar esos hechos el juez debe preguntar al Ejecutivo, lo dice la ley, bajo el pretexto de que los citará para saber dónde está
Quinteros y no para penalizarlos el juez pretende ingresar donde no puede, porque no está habilitado a ingresar".

CASO BLANCO
La Suprema Corte de Justicia, a través de la División de
Comunicación Institucional informó que "la vasta investigación en curso está orientada a circunscribir en tiempo y espacio, a través de los indicios
disponibles, ese lugar en que presuntamente estarían enterrados los restos de Quinteros".

Agregó que "el testimonio requerido a los militares es tan solo una parte de esos elementos que permiten llevar adelante la investigación, pues no debe
olvidarse que se trata de un hecho ocurrido hace mucho tiempo, lo cual dificulta aún más la labor que viene desarrollando al justicia".

El comunicado señaló que esto es necesario porque la medida dispuesta por Recarey sobre las obras realizadas en el Batallón de Infantería Nº13, al no tener plazo "acarrea perjuicios a la institución propietaria, además de provocar atrasos en la obra municipal".

También aclaró que en el expediente al que se alude por parte del Ejecutivo ya no existen las mencionadas "diligencias presumariales", sino que se trata del expediente "en que resultó procesado Juan Carlos Blanco como coautor de un delito de privación de libertad, actualmente modificada la imputación a
homicidio muy especialmente agravado".

El expediente por el que el juez indaga dónde fue enterrado el cuerpo es una pieza separada del mismo por el que el ex canciller Blanco fue procesado. El
procesamiento de Blanco está en el Tribunal de Apelaciones, pero esta pieza quedó en el juzgado.

A fines de setiembre los denunciantes del caso Quinteros habían solicitado al entonces juez Eduardo Cavalli que tomara una medida para evitar que la
prueba se dañara con las obras comunales realizadas en la dependencia militar, ante la posibilidad de que allí se encontraran los restos de la maestra desaparecida en 1976.

Ordenes deben ser oídas

El catedrático en Derecho Constitucional, Horacio Casinelli Muñoz dijo a El País que la ley de la judicatura señala claramente que las órdenes
judiciales no se pueden discutir.

Consultado sobre la posibilidad que tiene el Ministerio del Interior para desoír una supuesta orden de conducir a los militares, Casinelli señaló que no podrán rehusarse.

El catedrático explicó que si se entiende que las resoluciones judiciales están equivocadas existen todos los mecanismos para recurrir las sentencias.

Agregó que el texto de esa ley de la judicatura sufrió además una modificación y que aún en los aspectos formales debe ser acatada la orden del juez, por lo que le da más autoridad, explicó a El País.

Citaciones inquietan a militares

Si bien el tema no fue analizado por su directiva y se entiende que debe hablarse "lo menos posible" en forma pública de estas situaciones, el Centro Militar ve con preocupación las citaciones realizadas por el juez Alejandro Recarey a militares retirados.

Fuentes de la institución que pidieron no ser identificadas, dijeron a El País que con estas convocatorias se ha ingresado "en un camino peligroso" y
que "cualquier juicio que podamos pronunciar puede ser malintepretado y utilizado en nuestra contra".

Agregaron que frente a esta situación "nosotros estamos atentos a lo que dispongan los mandos".

Otras fuentes, en tanto, advirtieron que "a pesar que han pasado muchos años de estos sucesos, aún hay quienes pretenden que se siga hablando de ellos"
con el objetivo "de presionar a las Fuerzas Armadas a efectos de intentar la reacción de sus integrantes".

Organizaciones de derechos humanos, culturales y sociales

3 de diciembre de 2003

A LA OPINIÓN PÚBLICA MANIFIESTAN:

Ante la investigación que viene desarrollando el Sr. Juez Letrado en lo Penal de 1º Turno Dr. Alejandro Recarey a partir de la solicitud de una medida cautelar sobre el predio del Batallón 13 de Infantería que tiende a establecer la eventual existencia de enterramiento clandestino de restos de
ciudadanos desaparecidos.

Las organizaciones abajo firmantes expresan:

1.- Su más absoluto respaldo a las actuaciones que se llevan a cabo por parte del Poder Judicial.

2.- Su enfático rechazo a la ingerencia del Poder Ejecutivo que atenta contra la base del sistema republicano de separación e independencia de Poderes por la vía de pretender suspender las actuaciones judiciales.

3.- Una vez más el Poder Ejecutivo reitera conductas que buscan impedir la concurrencia de militares y policías a una sede judicial, en calidad de
testigos, entorpeciendo las labores del magistrado actuante.

4.- Exhortamos a organizaciones gremiales, sociales, culturales y a la sociedad toda a estar alertas ante nuevos desbordes autoritarios que
atenten contra el estado de derecho.

– Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos
Comisión de Familiares de Asesinados por Motivos Políticos
– Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
– Amnistía Internacional -Sección Uruguay
– Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT
– Servicio de Reabilitación Social (SERSOC)
– Centro Latinoamericano de Investigación (CELADI)
– Asociación de Ex Presos Políticos (CRYSOL)