El Gobierno de Uruguay ratifica la Ley de Caducidad y Congreso aprueba la de Libertad Sindical

El Gobierno uruguayo ratificó hoy que hará cumplir la Ley de Caducidad que eximió de persecución penal a los policías y militares acusados de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura (1973-1985). Por otra parte, el Congreso aprobó una histórica ley que protege los derechos sindicales.

Por Página 12
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2005

La advertencia de la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, fue lanzada en momentos en que se profundizan las diferencias en el gobernante Frente Amplio por la aplicación de esta ley, sancionada en 1986.

La central obrera única PIT-CNT, integrante del Frente Amplio, hizo el jueves pasado una huelga de tres horas y una movilización en Montevideo para exigir la anulación de la Ley de Caducidad con efectos retroactivos por violar tratados internacionales suscriptos por Uruguay.

"Cualquier organización de este país puede movilizarse y manifestarse como quiera", respondió la ministra Berrutti a la prensa.

Agregó que "el Poder Ejecutivo, como lo expuso el presidente (Tabaré Vázquez) antes de ser electo, sostiene que la Ley de Caducidad se va a cumplir como está dispuesto".

La funcionaria, en declaraciones reproducidas por la agencia ANSA, dijo también que el gobierno considera que en la ley hay elementos que permiten avanzar en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos.

El artículo cuarto de la ley sirvió al presidente Vázquez, para ordenar excavaciones en dos cuarteles militares y en una chacra apropiada por la Fuerza Aérea, en el marco de las operaciones de búsueda de restos de desaparecidos.

En ese contexto fueron hallados semanas atrás restos óseos en el Batallón 13 de Infantería y en una chacra de las afueras de Montevideo.

El gobierno propuso al Parlamento la discusión de una ley Interpretativa de la de Caducidad, para excluir de sus alcances los casos de militares, policías o agentes incursos en delitos cometidos antes del inicio de la dictadura, fuera del país o con motivos de extorsión económica.

La Ley de Caducidad no es el único asunto que genera controversias en el gobernante Frente Amplio uruguayo.

El pasado 20 de diciembre, Vázquez pidió a los legisladores oficialistas la aprobación antes de fin de año del Tratado de Protección de Inversiones con Estados Unidos, que es resistido por sectores frenteamplistas.

La controversia en torno al tratado divide aguas en el Frente Amplio ya que la dirección del Movimiento de Participación Popular (MPP), fuerza interna mayoritaria en la coalición de gobierno formada por ex tupamaros, rechazó inicialmente el tratado, pero luego acompañó la iniciativa del Ejecutivo.

El único senador que mantuvo su oposición y votó en contra fue el comunista Eduardo Lorier,

El Tratado de Protección de Inversiones con Estados Unidos fue firmado en los últimos día de gobierno del ex presidente conservador Jorge Battle.

Luego, el presidente socialista Vázquez le introdujo algunas correcciones consensuadas con Estados Unidos en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata en noviembre, sin embargo, sectores del gobierno y frenteamplistas mantuvieron su oposición a esa iniciativa.

Aprueban histórica Ley de Libertad Sindical

El Congreso uruguayo aprobó definitivamente una discutida e histórica ley que por primera vez otorga fueros sindicales a los dirigentes y garantiza la creación de gremios sin que sus organizadores sean perseguidos.

El proyecto fue adoptado a última hora de anoche en el Senado uruguayo por 52 votos contra 16, con la aprobación de la gobernante coalición de centroizquierda Frente Amplio y la oposición de los partidos conservadores Blanco y Colorado.

La norma, que ya fue derivada al Poder Ejecutivo para su promulgación, en los próximos días, ya contaba desde el mes pasado con media sanción parlamentaria en la Cámara de Senadores, que introdujo algunas modificaciones a su texto.

El proyecto sancionado otorga fueros a los dirigentes sindicales, que hasta ahora no estaban amparados por la ley.

Además, establece claramente que no se puede dejar cesantes a empleados que estén en proceso de formación de un sindicato ni por otros motivos de persecución sindical.

La norma obliga a los empresarios a reincorporar a los empleados despedidos cuando se pruebe que los persiguieron por su actividad gremial y expresa que no es válida cualquier discriminación "tendiente a menoscabar la libertad sindical".

Durante la discusión del proyecto en la Cámara, el diputado del Frente Amplio, Juan José Bentancor, uno de los redactores de la iniciativa, dijo que se trata de "una de las leyes fundamentales del país en derecho laboral" y recordó que era "uno de los pilares" del programa de gobierno de la coalición".

"Hay un antes y después de esta ley", señaló Bentancor, quien agregó que "tiene la importancia de la ley de las ocho horas de jornada laboral de 1915 y la ley de salarios de 1943".

En cambio, blancos y colorados reiteraron su convencimiento de que la ley afectará la creación de empleo, perjudicará a las pequeñas empresas y dará "superpoderes" a los sindicatos.

También en la línea crítica, el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Burghi, aseguró días pasados que la nueva norma afectará "no solo a los empresarios".

La central obrera uruguaya PIT-CNT se mostró a su vez conforme con la aprobación de la ley de libertad sindical y estimó que otorga "más protección" a los trabajadores.

Fuente : Télam-SNI