El Gobierno argentino busca recuperar el rol de la Justicia local que regaló Menem en los juicios contra el Estado

La reactivación de los juicios contra el Grupo Bulgheroni es el primer paso del Gobierno en la estrategia de recuperar la jurisdicción nacional en distintos procesos judiciales. Durante la década del 90, el Estado les concedió a las privatizadas, a los tenedores de bonos y a distintos grupos económicos la posibilidad de resolver sus conflictos, los que había y los que pudieran venir, en tribunales internacionales. Esa es la razón por la que la mayoría de los concesionarios de servicios públicos elevó sus quejas por la pesificación de las tarifas a un árbitro con sede en Washington, mientras que las causas por el default se tramitan en juzgados de Nueva York, Francfort, Roma y Tokio. El gobierno menemista extendió esa práctica a sus amigos locales. El más insólito de los casos fue el que benefició a las empresas de Bulgheroni, acusadas por la AFIP y el Banco Central por deudas millonarias, de las que quedaron a salvo -hasta ahora- cuando el Gobierno le arrebató a la Justicia los expedientes y se los entregó a un árbitro que nunca hizo nada hasta el día de hoy, siete años después.

Aquella política menemista compromete en distintos grados el patrimonio nacional. Los acreedores se montan en las ventajas que obtuvieron para presionar con embargos si Argentina no les paga lo que reclaman. Es la base donde están plantados en la negociación por la reestructuración de la deuda. Las privatizadas son conscientes que el poder disuasorio de los tribunales internacionales es relativo, pero no por eso desecharon esa vía. Sus demandas superan los 10 mil millones de dólares. El Gobierno resolvió dar pelea en ese terreno. O mejor dicho, modificarlo. El plan es deslegitimar la competencia de los juzgados extranjeros, o al menos poner en un pie de igualdad a los tribunales locales, a fin de terminar con esa idea de que hay un solo partido y se juega de visitante.

El procurador del Tesoro, Horacio Rosatti, reveló ayer que se cuestionará la constitucionalidad del proceso que llevó a Argentina a aceptar la competencia de los tribunales internacionales en el caso de las privatizadas, y sostuvo que si hay una condena por el default, la causa tendrá que trasladarse a Buenos Aires para que sea revisada. De todos modos, eso no inhibiría un eventual embargo en contra del país.

Bulgheroni

En septiembre del ’96, Carlos Menem firmó un decreto para trasladar a un tribunal arbitral los juicios cruzados entre el Estado nacional y distintas compañías del grupo comandado por Carlos Bulgheroni. Hasta ese momento los casos avanzaban en el Poder Judicial, y en algunos de ellos se acercaba una sentencia contraria al empresario petrolero. Su amistad con el entonces presidente, sin embargo, fue muy útil para frenar las actuaciones. Menem tuvo que lidiar con Domingo Cavallo, quien rechazó la derivación de las causas a un árbitro -Bulgheroni lo acusó de operar en favor de las papeleras Ledesma y Massuh, en contra de la suya, Papel del Tucumán-, pero logró que Roque Fernández, que lo reemplazó como ministro en julio de aquel año, lo acompañara en su decisión.

Aquel gobierno designó abogados y a su representante para integrar un tribunal arbitral internacional. Lo mismo hizo la parte empresaria. Pero el cuerpo nunca terminó de constituirse. El único efecto fue que las causas quedaron congeladas hasta el día de hoy. Fernando de la Rúa estuvo cerca de tomar la misma medida que ayer adoptó Kirchner, pero a último momento le tembló el pulso. Había recibido un dictamen del procurador del Tesoro, Ernesto Mercer, que advertía sobre la "inconveniencia económica" de someter a laudo controversias que el Estado podría ganar cómodamente en la Justicia, y recomendaba anular el decreto de Menem. Más tarde, Eduardo Duhalde atravesó la misma experiencia, y a pesar de que la Procuración le sugirió exactamente lo mismo que al radical, también desistió con el decreto ya redactado. Bulgheroni sigue siendo un empresario sumamente poderoso. Su familia recibió unos 400 millones de dólares por la venta del 60 por ciento de Bridas a la estadounidense Amoco. La asociación derivó en la creación de la compañía Pan American Energy, mientras que Bridas se sigue ocupando de explotaciones petroleras en el extranjero.

La anulación del tribunal arbitral posibilita que la Justicia retome las causas desde el punto donde habían quedado. El procurador Rosatti detalló que hay juicios abiertos que involucran a distintas firmas del grupo. El principal es el que recae contra el desaparecido Banco del Interior y Buenos Aires (BIBA), por deudas pendientes con el Banco Central e impositivas. También tiene cuentas sin saldar con el fisco Papel del Tucumán, que tramita su quiebra. Un tercer caso de deudas tributarias involucra a Bridas Sapic. En total, Rosatti estimó que los compromisos que puede reclamar el Estado "no son menores a los 500 millones de pesos". Durante el gobierno de la Alianza se había calculado la deuda en 1200 millones. Rosatti, en tanto, sostuvo que el Grupo Bulgheroni reclama por incumplimientos de YPF (de su etapa estatal) que ascenderían a 50 millones de pesos.

"La gran desproporción (entre los reclamos de uno y otro) en favor del Estado" es otra de las razones que llevaron a terminar con la actuación de un árbitro.

Privatizadas

Después de comunicar la decisión respecto al Grupo Bulgheroni, el procurador del Tesoro reveló que la estrategia del Gobierno es más amplia que saldar cuentas con un viejo amigo del menemismo y de otros políticos influyentes. "Nuestro criterio es recuperar la jurisdicción de los tribunales locales en todos los casos donde intervengan tribunales internacionales", manifestó. En particular, se refirió a las demandas iniciadas por las privatizadas ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias en Materia de Inversiones (Ciadi). "Estamos cuestionando su jurisdicción y eventualmente también vamos a cuestionar la constitucionalidad de todo el sistema", enfatizó.

Deuda

Rosatti aclaró que los juicios por el default no terminan con las sentencias que puedan adoptar tribunales extranjeros. Si hubiera alguna en contra, "nuestro país aplicará el criterio de exaquatur, que quiere decir que una eventual condena tendrá que ser analizada por la Justicia argentina antes de que pueda ser considerada válida". El funcionario agregó que así lo establece el artículo 27 de la Constitución. Más allá del tecnicismo, se trata de una jugada política para neutralizar la acción de los acreedores, que corren al Gobierno con la amenaza judicial.

Trampas del ’90

Por Alfredo Zaiat
Página 12, 28 de octubre 2003.

El modelo de los ’90, que se resume en neoliberal, ha sido mucho más que medidas económicas que favorecieron a unos pocos. Las privatizaciones, la extranjerización de la banca y la apertura, entre otras de las recetas del Consenso de Washington seguidas como el mejor alumno, fueron capítulos centrales de la arquitectura económica de la década pasada. Pero todas esas "reformas estructurales", como gustan denominarlas los organismos financieros internacionales con eco en los voceros locales del establishment, no hubiesen podido consolidarse sin un andamiaje jurídico que las sustentara. En la región Argentina tiene el privilegio, junto a Paraguay, de haber cedido la soberanía en materia jurídica de cuestiones económicas. La convertibilidad no era sólo la subordinación de la soberanía monetaria del peso al dólar. También estuvo sostenida por la delegación de facultades constitucionales en tratados internacionales referidos a temas económicos.

La reforma constitucional del Pacto de Olivos les otorgó a los tratados internacionales que la Argentina firma con otros estados jerarquía superior a las leyes nacionales. Nana Bevillaqua, la defensora adjunta del Pueblo de la Nación, explica que esa cesión de la jurisdicción nacional en favor de la internacional se estructuró con los Tratados Bilaterales de Protección de las Inversiones Extranjeras, que son utilizados por las privatizadas ante el Ciadi (tribunal internacional de arreglos de diferencias en materia de inversiones) para reclamar en total unos 17 mil millones de dólares por la pesificación y congelamiento de las tarifas.
La importancia de esos tratados reside en que la política económica queda subordinada a sus disposiciones. Así se entiende cómo el modelo de Cavallo no era una simple paridad cambiaria 1 a 1, sino que ese seguro de cambio a las inversiones extranjeras contaba con un reaseguro jurídico a nivel internacional. Estos tratados brindaban cláusulas generales a las inversiones como las de "trato nacional", "trato de nación más favorecida" o "cláusulas de estabilización". De ese modo, se diseño un régimen de responsabilidad absoluta del Estado por las consecuencia de sus actos soberanos. En este caso, la ruptura de la convertibilidad con la devaluación y posterior pesificación.

Empezar a desmontar esas trampas de los ’90 buscando "nacionalizar esos juicios", tarea que por cierto es de resultado nebuloso, es indispensable para la reconstrucción de la institucionalidad, cualidad que tanto se pondera en estos días.

Carlitos dejó un clavito
Página 12, 28 de octubre 2003

Cuando su padre fundó Bridas SA, Carlos Alberto Bulgheroni tenía sólo 13 años. Pero ya desde muy joven se ligó a la empresa que marcaría su vida y a la que le daría su sello personal. A los 24, ya recibido de abogado, conoció allí a una joven secretaria con la que poco tiempo después se casaría. Era apenas el inicio de los ’70 y pasaría todavía una década antes de que su flamante suegro, Juan Ramón Aguirre Lanari, se convirtiera en el último canciller -el primero tras la guerra de las Malvinas- de la sangrienta dictadura parida en 1976. Un buen puente al poder que le facilitó más de un negocio entre su joven empresa petrolera y la todavía poderosa empresa estatal YPF, por entonces ya embarcada en generosas concesiones de áreas ya exploradas para beneficio de consorcios privados.

Pese a ser el menor de los dos hermanos, muy pronto asumió el liderazgo de la empresa, desde que la salud y la voluntad de su padre, Alejandro, empezaron a declinar tras el secuestro del que fue víctima en 1974 a manos de un grupo insurgente. En ese mismo año, Carlos superó un cáncer de ganglios que lo tuvo al borde de la muerte. No había cumplido todavía los 30 años, pero salió adelante. Su historia posterior indicaría que, a partir de allí, perdió el miedo y los escrúpulos.

Se convirtió en lobbista de su propia empresa, se granjeó amistades duraderas en comités partidarios y en los cuarteles, y hasta nombró a un diplomático de carrera para sus contactos en el exterior (Antonio Estrany Gendre). Su gran momento empezó en las épocas de la dictadura, en las que no paró de hilvanar negocios, para continuar durante el gobierno alfonsinista. No le falló la puntería cuando eligió como su principal interlocutor al operador y luego ministro del Interior Enrique "Coti" Nosiglia. Esa misma "confianza" con gente influyente con quienes solía "reflexionar" -según sus propias palabras- le valió convertirse en mediador durante el levantamiento carapintada de 1987. El Coti y Enrique Venturino, acompañante de Aldo Rico en aquella aventura, fueron sus interlocutores de entonces. No se sabe con qué suerte: lo seguro es que Carlos Bulgheroni "estuvo allí".

Los dictadores Jorge R. Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone también compartieron el "privilegio" de la confianza del empresario. Y también sus ministros. Ese mismo lapso fue el de mayor crecimiento del grupo empresario, que de nueve empresas que comprendía en 1976 pasó casi al doble en seis años, con la "diversificación" hacia la pesca, química y petroquímica, servicios petroleros, turismo y transporte. Eso, sólo en el país y registrado a nombre del grupo. La última cosecha de esas amistades bien sembradas fue la transferencia al Estado de una deuda externa por 619 millones de dólares.

El alfonsinismo fue testigo (como mínimo) de otra etapa de expansión de los Bulgheroni. Curiosamente, Bridas disputó la privatización de la planta de tubos sin costura del complejo Siam con Techint, se la ganó para inmediatamente después venderla. Se lanzó, de la mano de un plan oficial para el desarrollo de la industria informática, a incursionar en el negocio de la computación creando TTI, beneficiaria tiempo después de jugosos contratos estatales. Luego vendrían los bancos. Y el gobierno de Menem, con el que llegaría a desplegar todas sus dotes de cortesano.

Fueron los tiempos de los negocios con los talibanes (un increíble contrato de explotación de gas en Turkmenistán), la íntima relación con Zulema Yoma a través de su preocupación por la salud primero y tras la muerte, finalmente, de Carlitos Menem. Y el famoso "arreglo" para el arbitraje de una deuda con el Estado que en 1996 se estimaba en 1200 millones de dólares, la negativa de Cavallo a firmar y el acuerdo con Roque Fernández después de la salida de aquél del gobierno. Como alguna vez dijo Bulgheroni en una de sus tantas visitas a la residencia de Olivos, "los funcionarios pasan y nosotros quedamos". Esta vez, ¿también estará esperando otra oportunidad?

Página 12, 28 de octubre 2003